LA NOCHE EN QUE TLATELOLCO SE LLENÓ DE MUERTOS

LA PLAZA TODAVÍA ESTABA LLENA DE VIDA

La tarde del miércoles 2 de octubre de 1968 llegó a Tlatelolco sin parecerse todavía a una fecha destinada a permanecer abierta para siempre. El cielo comenzaba a perder claridad sobre la Plaza de las Tres Culturas y el aire tenía ese cansancio tibio de las tardes de la Ciudad de México, cuando las oficinas empiezan a vaciarse, las madres piensan en la cena y los niños apuran los últimos juegos antes de que alguien los llame desde una ventana. Entre las piedras prehispánicas, la iglesia de Santiago y los edificios de concreto de la unidad habitacional, el país parecía haber colocado sus distintas edades unas junto a otras: el México vencido por la Conquista, el México sometido por la Colonia y el México moderno que presumía haber domesticado su pasado. Ninguno de los tres sabía que estaba a punto de presenciar otra derrota.

Los estudiantes comenzaron a llegar desde distintos puntos de la ciudad. Algunos venían en grupos y todavía llevaban bajo el brazo cuadernos, periódicos o volantes; otros caminaban solos, mirando discretamente hacia atrás para asegurarse de que nadie los siguiera. Había jóvenes que se reconocían desde lejos y levantaban una mano, brigadistas que orientaban a los asistentes, muchachas que repartían hojas impresas y trabajadores que llegaban después de terminar su jornada. También acudieron profesores, madres, padres, periodistas, fotógrafos, curiosos y vecinos que bajaron de sus departamentos para escuchar. No todos comprendían de la misma manera el movimiento ni compartían idénticas ideas, pero los reunía una certeza: el gobierno se había negado a hablar con sus estudiantes y ahora pretendía responderles mediante la vigilancia, las cárceles y el Ejército.

Desde el tercer piso del edificio Chihuahua, donde se instalaron los oradores, la plaza se extendía como un enorme recipiente de piedra y cuerpos. Abajo, la multitud crecía entre conversaciones, saludos y consignas. Los habitantes de los edificios cercanos se asomaban a las ventanas; algunos permanecían detrás de las cortinas y otros apoyaban los brazos sobre los balcones. Había niños que miraban aquella concentración con la curiosidad de quien contempla una fiesta cuyo significado no comprende. En algún departamento se calentaban frijoles; en otro, una mujer doblaba ropa mientras escuchaba el rumor ascender desde la plaza; más arriba, alguien acomodaba una antena para mejorar la señal del televisor. La historia se estaba reuniendo debajo de sus ventanas, pero aún vestía como una tarde cualquiera.

Los organizadores anunciaron que la marcha hacia el Casco de Santo Tomás no se realizaría. Había informes sobre movimientos de tropas y el riesgo de una provocación era demasiado grande. El mitin se limitaría a los discursos y después la gente volvería a sus casas. Aquella decisión buscaba proteger a los asistentes. Nadie debía avanzar por calles donde pudieran cercarlos. Nadie debía ofrecerle al gobierno el pretexto que parecía estar esperando. Era la prudencia de quienes llevaban semanas aprendiendo que, frente a un poder decidido a encontrar culpables, incluso caminar podía convertirse en delito.

Pero el cerco ya estaba tendido.

Alrededor de Tlatelolco se desplegaron miles de soldados, granaderos, policías y vehículos militares. Las tropas ocuparon calles, accesos y puntos estratégicos; los transportes aguardaban para recibir detenidos. Entre la multitud y dentro de los edificios se movían hombres vestidos de civil. Algunos pertenecían al Batallón Olimpia, una fuerza especial creada para proteger las instalaciones de los Juegos Olímpicos y utilizada aquella tarde para infiltrarse, identificar dirigentes y controlar el edificio Chihuahua. Llevaban una contraseña visible —un guante o pañuelo blanco en una mano— para reconocerse entre sí y evitar ser confundidos con las personas sobre las que estaba a punto de caer la operación.

La plaza todavía respiraba sin saber que dentro de ella caminaban quienes ayudarían a cerrarla.

Desde el Chihuahua continuaron los discursos. Las voces bajaban por los altavoces y se extendían sobre las cabezas. Se habló de los compañeros presos, de las escuelas ocupadas, de la represión y de la negativa gubernamental al diálogo. La multitud escuchaba, aplaudía y respondía. Algunas personas se incorporaban apenas al mitin; otras comenzaban a calcular la hora de regreso. Nadie podía imaginar que esos gestos cotidianos —ajustarse un suéter, guardar un volante, buscar a un amigo, levantar a un niño para que pudiera ver— estaban a punto de convertirse en los últimos movimientos tranquilos de muchas vidas.

Entre los edificios empezó a sentirse una presencia distinta. Los vehículos militares se acercaban. Los soldados avanzaban por las inmediaciones. Desde arriba podían distinguirse formaciones que rodeaban la plaza con una precisión incompatible con cualquier intento de protegerla. Algunos estudiantes percibieron el peligro y lo comunicaron a los oradores. La noticia corrió de boca en boca sin alcanzar todavía la forma del pánico. Había soldados, sí, pero el mitin era pacífico. Habían cancelado la marcha. No existía ninguna razón para atacar.

Ésa fue quizá la última inocencia de la tarde: creer que la ausencia de una razón impediría la violencia.

La plaza estaba llena de vida cuando el cielo dio la señal.

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LAS BENGALAS ABRIERON EL INFIERNO

Poco después de las seis de la tarde apareció una bengala. Luego otra luz atravesó el cielo sobre Tlatelolco. Durante un instante, algunos rostros se levantaron para mirar. Aquellas luces pudieron haber parecido parte de una maniobra lejana, un resplandor extraño suspendido encima de los edificios, algo que todavía no pertenecía a la gente reunida abajo. Pero eran la señal acordada. No iluminaron la plaza: la condenaron.

Los primeros disparos rompieron la tarde.

Nadie comprendió de inmediato de dónde venían. El estruendo rebotó entre las fachadas y regresó multiplicado desde distintas direcciones. Algunos creyeron que eran petardos; otros pensaron que el Ejército disparaba al aire para dispersar el mitin. Después los cuerpos comenzaron a caer. El sonido se convirtió en ráfaga, las ráfagas en una tormenta, y en cuestión de segundos la Plaza de las Tres Culturas dejó de ser un lugar de reunión para convertirse en una trampa de piedra cerrada por soldados.

Los integrantes del Batallón Olimpia corrieron hacia el edificio Chihuahua. La señal blanca en una mano les permitía reconocerse mientras apuntaban, gritaban órdenes y tomaban las escaleras. En el tercer piso, donde se encontraban dirigentes, periodistas y oradores, hombres armados irrumpieron para efectuar las detenciones. Los estudiantes fueron obligados a levantar las manos, tirarse al suelo o permanecer contra los muros. Algunos fueron golpeados; otros despojados de documentos y pertenencias. La voz que minutos antes descendía desde el edificio quedó cercada por armas. El gobierno no había ido a discutir con la dirigencia del movimiento. Había ido a capturarla.

Abajo, el Ejército avanzaba sobre una multitud incapaz de identificar el origen de los disparos. Hubo fuego proveniente de distintos edificios y posiciones; las tropas respondieron hacia las construcciones y hacia la plaza. En medio de la confusión, los soldados también encontraron frente a ellos a hombres vestidos de civil que gritaban pertenecer al Batallón Olimpia y mostraban sus guantes blancos para no recibir el mismo fuego que ayudaban a provocar. La operación comenzó a devorarse a sí misma, pero para los civiles atrapados aquella diferencia era inútil. Uniformados o vestidos de civil, los hombres armados formaban parte del mismo infierno.

La multitud se quebró.

Miles de personas intentaron correr al mismo tiempo hacia salidas que ya estaban ocupadas. Unos se arrojaron al suelo; otros buscaron protección detrás de los muros prehispánicos o bajo las escaleras. Los cuerpos chocaban, caían y eran pisados por quienes trataban de escapar. Los padres buscaban a sus hijos; los amigos gritaban nombres que el ruido despedazaba antes de que pudieran llegar a alguien. Había estudiantes que regresaban por compañeros heridos y personas que, sin conocerse, se tomaban de los brazos para no perderse. Cada quien quería convertirse en refugio de otro cuando ya no quedaba ningún refugio.

Las madres cubrieron con su cuerpo a los niños.

No existió discurso más grande aquella tarde. Una mujer inclinada sobre un hijo mientras las balas golpeaban la piedra contenía toda la acusación posible contra el Estado. No sabía quién disparaba desde qué edificio, quién había dado la orden ni qué nombre recibiría después la operación. Sólo sabía que debía hacerse pequeña y ancha al mismo tiempo, reducirse hasta tocar el suelo y crecer hasta cubrir por completo aquella vida. En el país de las instituciones revolucionarias, una espalda materna terminó siendo la única Constitución capaz de proteger a un niño.

Los habitantes de Tlatelolco abrieron algunas puertas. Desde los departamentos, manos desconocidas jalaron estudiantes hacia el interior y cerraron de inmediato. Familias enteras amontonaron jóvenes en cocinas, recámaras y baños. Les dieron agua, toallas y camisas para que pudieran quitarse la ropa manchada. Los escondieron debajo de camas, dentro de armarios o detrás de muebles, aunque sabían que los soldados comenzarían a registrar los edificios. En otros departamentos, el miedo venció a la solidaridad y las puertas permanecieron cerradas. Nadie tenía derecho a juzgar desde fuera a quienes escuchaban disparos en el pasillo y sostenían a sus propios hijos mientras alguien golpeaba pidiendo auxilio.

En la plaza, los heridos pedían ayuda desde lugares a los que nadie podía llegar sin exponerse. Algunos se arrastraban dejando un rastro oscuro; otros permanecían inmóviles con los ojos abiertos hacia un cielo que ya no tenía ninguna respuesta. Quienes intentaban auxiliarlos arrancaban pedazos de ropa para contener hemorragias, presionaban heridas con las manos desnudas o trataban de cargar cuerpos que el miedo volvía insoportablemente pesados. No había camillas suficientes, ni corredores seguros, ni tiempo. Había sangre entrando entre las ranuras de las piedras y una multitud descubriendo que el cuerpo humano contiene una cantidad de vida que puede derramarse en pocos minutos.

Los disparos alcanzaron ventanas y departamentos. Los cristales estallaron hacia el interior de las viviendas. Las familias apagaron las luces y se tendieron en el piso mientras las balas perforaban muros que hasta esa tarde sólo habían contenido fotografías, calendarios, muebles comprados a plazos y la modestia de una vida en familia. Tlatelolco, emblema de la modernidad urbana, mostró de pronto la fragilidad de sus paredes. El concreto podía sostener edificios enormes, pero no detener la decisión de un gobierno dispuesto a disparar contra su propia población.

La oscuridad cayó mientras continuaba el fuego. Las luces de los vehículos militares, los fogonazos y los reflectores cortaban la noche en fragmentos. Se escuchaban órdenes, llantos, ráfagas y el ruido de las botas. El miedo no tenía una sola dirección: estaba arriba, abajo, detrás de las columnas, dentro de los elevadores, en las escaleras y en cada puerta sacudida por los golpes. Quienes lograban salir de la plaza descubrían que el cerco continuaba en las calles. Quienes se refugiaban en los edificios sabían que la búsqueda iría tras ellos.

Aquello no fue un enfrentamiento entre dos fuerzas equivalentes. En Tlatelolco no había un ejército estudiantil disputándole el territorio al Estado. Había una concentración civil rodeada por una operación militar preparada con anticipación. La confusión de los primeros disparos no cambia la naturaleza de lo ocurrido: el poder llevó soldados, cuerpos especiales, armas y transportes de detenidos a una plaza donde se celebraba un mitin. Preparó el cerco antes de que apareciera el pretexto. La sangre no fue un accidente llegado desde fuera del operativo. Estaba contenida en su diseño.

La plaza había sido elegida porque podía cerrarse.

Y se cerró sobre la gente como una enorme mano.

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LA LLUVIA LAVÓ LA PLAZA, PERO NO PUDO LAVAR LA SANGRE

Cuando la intensidad de los disparos comenzó a disminuir, la violencia no terminó. Cambió de respiración. Los soldados avanzaron entre los cuerpos, separaron a los vivos, buscaron armas y obligaron a los detenidos a mantener las manos sobre la cabeza. Hombres vestidos de civil continuaron señalando personas. Los estudiantes fueron reunidos, golpeados, registrados y conducidos hacia vehículos militares. A muchos los despojaron de camisas, pantalones o zapatos para impedir que ocultaran documentos, armas o cualquier objeto que pudiera servir como prueba. Jóvenes semidesnudos quedaron contra los muros bajo la lluvia, convertidos en sospechosos por haber sobrevivido.

Los registros se extendieron por los edificios. Las tropas subieron escaleras, irrumpieron en departamentos y revisaron habitaciones donde las familias permanecían paralizadas. Preguntaban por estudiantes escondidos y obligaban a salir a quienes encontraban. Los charcos dejados por los zapatos mojados se mezclaban con vidrios, ropa y sangre. Los vecinos intentaban explicar que aquellos jóvenes eran familiares, amigos o simples desconocidos a quienes habían dado refugio. Pero en una noche construida para no escuchar, cualquier explicación parecía culpable.

Los dirigentes capturados en el edificio Chihuahua fueron bajados bajo custodia. El movimiento que durante semanas había hablado en plazas, mercados, autobuses y fábricas era obligado ahora a descender con las manos en alto. Algunos llevaban el rostro golpeado. Otros aún intentaban comprender la magnitud de lo ocurrido abajo. No sabían cuántos habían muerto, dónde estaban sus compañeros ni cuánto tiempo permanecerían presos. Detrás de ellos quedaban papeles abandonados, micrófonos en silencio y una plaza que ya no podía reconocerse a sí misma.

Las ambulancias entraron cuando aún persistía el peligro. Paramédicos, médicos y voluntarios recogieron heridos sin saber si habría nuevos disparos. Los hospitales comenzaron a recibir cuerpos perforados por las balas, personas asfixiadas por el gas, golpeados y heridos durante las estampidas. En las salas de urgencias, la noche se convirtió en una sucesión de camillas, vendas, gritos y nombres incompletos. Algunos heridos ocultaron que eran estudiantes por miedo a ser detenidos dentro del hospital; otros fueron vigilados junto a sus camas. La misma autoridad responsable de la operación podía esperar junto a la puerta del quirófano.

Los muertos fueron retirados sin que pudiera establecerse públicamente cuántos eran. Los cuerpos desaparecieron de la plaza hacia ambulancias, vehículos militares, hospitales y morgues. Desde entonces, la cifra quedó atrapada entre la versión oficial, los testimonios, las investigaciones y el secreto. Cada número fue disputado porque contar a los muertos significaba medir la dimensión del crimen. El gobierno necesitaba reducirlos; las familias necesitaban encontrar, aunque fuera entre listas contradictorias, el nombre que no había vuelto a casa.

Durante toda la noche, madres y padres comenzaron a recorrer delegaciones, hospitales, instalaciones militares y agencias del Ministerio Público. Llevaban fotografías, descripciones, documentos o simplemente un nombre repetido hasta el cansancio. Preguntaban por una muchacha de cabello largo, por un joven con lentes, por un hijo que llevaba una chamarra café, por una hermana que había prometido regresar temprano. Las respuestas eran evasivas o inexistentes. Nadie sabía nada. Nadie tenía listas completas. Nadie aceptaba haber recibido a quien todos buscaban. El Estado que había sido capaz de organizar miles de hombres para cerrar una plaza se declaraba incapaz de informar a una madre dónde estaba su hijo.

En Tlatelolco comenzó a llover. El agua golpeó las piedras, descendió por las escaleras y corrió hacia las coladeras arrastrando polvo, papeles y sangre. Sobre el suelo quedaron zapatos sin dueño, lentes rotos, bolsas abiertas, libros, credenciales, pañuelos, suéteres y hojas pisoteadas. Cada objeto parecía conservar la forma de una ausencia: el pie que había salido del zapato al correr, los ojos que habían mirado a través de aquellos cristales, las manos que habían sostenido ese cuaderno. El país entero podía caber en esas pertenencias abandonadas: una juventud dispersada a tiros y obligada a dejar sobre la plaza las pruebas humildes de que había estado viva.

La lluvia limpió parte de la sangre visible. Después llegarían hombres, vehículos y agua para devolverle al lugar una apariencia de normalidad. Había que borrar rápidamente las huellas. Los Juegos Olímpicos comenzarían diez días más tarde y México debía continuar mostrándose ante el mundo como una nación pacífica, moderna y hospitalaria. Las delegaciones deportivas llegarían, la antorcha sería encendida, las cámaras transmitirían ceremonias y las palomas volverían a aparecer sobre carteles impecables. Tlatelolco debía amanecer sin acusar demasiado.

Pero ninguna escoba podía recoger los gritos. Ninguna lluvia podía entrar hasta el fondo de los departamentos donde una familia esperaba el sonido de una llave. Ninguna manguera podía lavar las manos de quienes habían preparado la operación. La sangre podía desaparecer del concreto; no de la memoria de quienes la habían pisado.

Al amanecer, la Plaza de las Tres Culturas seguía allí. Las ruinas prehispánicas, la iglesia y los edificios continuaban ocupando el mismo lugar, pero la relación entre ellos había cambiado para siempre. La Conquista ya no era la única matanza que respiraba entre aquellas piedras. El México moderno había depositado sus propios muertos junto a los antiguos y demostrado que un país puede construir universidades, hospitales, avenidas y unidades habitacionales sin dejar de obedecer a sus violencias más viejas.

En cientos de hogares, la madrugada no terminó. Hubo madres que permanecieron junto a la puerta; padres que regresaron de un hospital para salir hacia otro; hermanos que recorrieron listas y sobrevivientes que aún no podían quitarse de los oídos el sonido de los disparos. Algunos jóvenes volvieron con la ropa desgarrada y fueron abrazados sin preguntas. Otros regresaron heridos. Muchos no regresaron.

El gobierno había querido terminar con un movimiento.

Lo que terminó aquella noche fue otra cosa: la posibilidad de que una generación volviera a creer en la inocencia del poder.

Tlatelolco amaneció lavado.

México amaneció cubierto de sangre.

LOS CULPABLES TUVIERON NOMBRE; LAS VÍCTIMAS TUVIERON MEMORIA

EL GOBIERNO QUE ORDENÓ, EJECUTÓ Y DESPUÉS MINTIÓ

La mañana del 3 de octubre de 1968 encontró a México dividido entre quienes buscaban a sus hijos y quienes buscaban la manera de ocultarlos. Mientras las familias caminaban de hospital en hospital, de delegación en delegación y de anfiteatro en anfiteatro, el gobierno comenzó a levantar una segunda muralla alrededor de Tlatelolco. La primera había sido construida con soldados, vehículos militares y armas; la segunda estaría hecha de comunicados, cifras disminuidas, fotografías retenidas, expedientes adulterados y palabras suficientemente ambiguas para convertir a los asesinados en responsables de su propia muerte. El poder necesitaba imponer una versión antes de que los sobrevivientes pudieran contar lo que habían visto.

Los periódicos publicaron encabezados sobre un enfrentamiento, francotiradores, provocadores y fuerzas del orden obligadas a responder. La matanza quedó atrapada dentro de un lenguaje diseñado para repartir la culpa hasta volverla irreconocible. Los estudiantes aparecían como agitadores; los soldados, como víctimas de una emboscada; el gobierno, como una autoridad sorprendida por acontecimientos ajenos a su voluntad. Las palabras cumplían la misma función que la lluvia sobre la plaza: lavar las manchas visibles. Pero mientras los comunicados hablaban de restablecimiento del orden, había madres recorriendo pasillos con una fotografía entre las manos y padres obligados a describir una y otra vez la ropa que sus hijos llevaban cuando salieron de casa.

Los culpables no fueron una sombra sin rostro. En la cúspide estaba Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, responsable político de un gobierno que decidió tratar como enemigo militar a un movimiento civil. Durante meses sostuvo el discurso de la conspiración, cerró las puertas del diálogo y autorizó el uso creciente de la fuerza. Un año después, en su informe presidencial de 1969, asumiría la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones gubernamentales relacionadas con los acontecimientos. Lo dijo desde la misma altura institucional desde la que había amenazado a los estudiantes, pero no para pedir perdón ni someterse a la justicia, sino para defender lo realizado. Su confesión quedó pronunciada en voz alta y, sin embargo, ningún tribunal lo llamó a responder.

Junto a él estuvo Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, encargado de la política interior y de los instrumentos con los que el Estado vigilaba, infiltraba, perseguía y detenía a sus opositores. Por sus oficinas pasaban los informes de la Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales. Echeverría no fue un espectador sorprendido por las balas: ocupaba el centro del aparato que seguía a los dirigentes, identificaba domicilios, recopilaba fotografías y fabricaba la explicación política de la represión. Dos años después, el mismo sistema que había utilizado el miedo para vaciar las calles lo conduciría a la Presidencia de la República. La sangre no interrumpió su carrera; pareció pavimentarla.

La conducción militar tuvo también responsables concretos. Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, dirigía la institución que desplegó miles de soldados en Tlatelolco. José Hernández Toledo estuvo al frente de las tropas que avanzaron hacia la plaza y fue herido durante los primeros minutos del tiroteo. Crisóforo Mazón Pineda formó parte de la estructura de mando involucrada en el operativo. El Ejército llamó a la acción Operación Galeana y estableció como objetivos impedir la movilización estudiantil, desalojar la plaza y detener a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Nada de aquello tuvo la espontaneidad que después quiso atribuírsele. Hubo órdenes, agrupamientos, rutas de acceso, posiciones y vehículos dispuestos para transportar prisioneros.

Desde el Estado Mayor Presidencial apareció uno de los nombres más oscuros: Luis Gutiérrez Oropeza, jefe de ese cuerpo y hombre de absoluta confianza de Díaz Ordaz. Documentos conocidos años después lo señalaron como artífice de la colocación de tiradores en edificios cercanos a la plaza. La revelación desgarró la versión del choque inesperado: quienes dispararon desde posiciones elevadas no eran necesariamente los conspiradores estudiantiles anunciados por el gobierno, sino elementos vinculados al aparato presidencial cuya intervención provocó o multiplicó el fuego. El enemigo anónimo utilizado para justificar la matanza empezaba a adquirir uniforme, jerarquía y apellido.

También actuó el Batallón Olimpia, creado formalmente para proteger instalaciones, atletas y visitantes durante los Juegos Olímpicos. Sus integrantes, vestidos de civil e identificados por un guante o pañuelo blanco, ocuparon el edificio Chihuahua, detuvieron a los dirigentes y participaron en el cerco. La fuerza que debía cuidar la fiesta internacional fue utilizada contra los jóvenes del país anfitrión. La paloma olímpica y el guante blanco terminaron convertidos en símbolos opuestos de la misma mentira: uno prometía paz hacia afuera; el otro reconocía a quienes llevaban las armas por dentro.

La estructura policiaca de la capital también tuvo nombres. Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, era la autoridad política de la ciudad; Luis Cueto Ramírez, jefe de la Policía Preventiva, y Raúl Mendiolea Cerecero, subjefe de la corporación, formaron parte del dispositivo encargado de contener y perseguir al movimiento. Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad, encabezaba el organismo que infiltró asambleas, siguió dirigentes y produjo informes para Gobernación. Dentro de esas redes operaban agentes que aprendieron a convertir estudiantes, profesores y familiares en fichas, fotografías y objetivos. La matanza no fue obra de un solo hombre, pero tampoco fue un crimen sin autores: fue una cadena de decisiones donde cada eslabón sostuvo al siguiente y todos terminaron protegidos por el mismo silencio.

Diez días después, el 12 de octubre, México inauguró los Juegos Olímpicos. El Estadio Universitario se llenó de banderas, uniformes, música y delegaciones internacionales. Enriqueta Basilio encendió el pebetero y las cámaras transmitieron al mundo la imagen de una nación joven, organizada y hospitalaria. La antorcha iluminó las gradas mientras, fuera de la ceremonia, todavía había familias preguntando en qué cárcel, hospital o fosa se encontraba uno de los suyos. Las palomas volvieron a volar sobre un país que aún olía a pólvora. La celebración no borró la matanza: la hizo más insoportable. México ofreció una fiesta al mundo mientras obligaba a sus muertos a permanecer fuera de cuadro.

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LOS NOMBRES DEL CONSEJO Y LA DIGNIDAD DEL RECTOR

El Consejo Nacional de Huelga no fue una organización construida alrededor de un caudillo. No tuvo un presidente capaz de decidir por todos ni una jerarquía permanente que pudiera ser comprada o decapitada con una sola detención. Cada escuela en huelga elegía hasta tres representantes, podía revocarlos y sustituirlos, y les exigía regresar a las asambleas para informar y recibir mandato. El Consejo llegó a reunir delegados de decenas de planteles; su composición cambió conforme avanzó el conflicto, algunos representantes fueron apresados y otros ocuparon su lugar. Por eso no existe una nómina única, cerrada e incontrovertible de todos sus miembros. Su identidad no estaba únicamente en los nombres, sino en las escuelas que hablaban a través de ellos.

Allí estuvieron representadas facultades, escuelas y preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México; las vocacionales y escuelas superiores del Instituto Politécnico Nacional; la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo; la Escuela Nacional de Antropología e Historia; la Escuela Nacional de Maestros y la Normal Superior; además de alumnos de El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y planteles de otras entidades. La representación no borró las diferencias. En las reuniones convivían comunistas, socialistas, independientes, católicos, liberales, jóvenes sin partido y estudiantes que apenas comenzaban a comprender la política. El gobierno los llamó conspiración porque no supo entender una forma de democracia donde nadie era indispensable y todos podían ser cuestionados.

Entre los representantes y dirigentes más visibles estuvieron Raúl Álvarez Garín, del Instituto Politécnico Nacional, una de las inteligencias organizativas más firmes del movimiento; Félix Hernández Gamundi, representante de la ESIME; Sócrates Amado Campos Lemus, de la ESIA; y Florencio López Osuna, de la ESCA. Por la UNAM participaron figuras como Gilberto Guevara Niebla, de la Facultad de Ciencias; Marcelino Perelló Valls, también de Ciencias; Salvador Martínez della Rocca, “El Pino”; Luis González de Alba, de Filosofía y Letras; Eduardo Valle Espinosa, “El Búho”, de Economía; así como Roberto Escudero y Gerardo Estrada, quienes aparecerían en los documentos finales del Consejo. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca representó a Chapingo y encarnó la vinculación del movimiento con una institución ligada al mundo rural.

Las mujeres estuvieron en las brigadas, las asambleas, las imprentas, la distribución de volantes, la atención de heridos y la dirección del movimiento, aunque durante demasiado tiempo muchas narraciones las relegaron a los márgenes. Roberta Avendaño Martínez, “La Tita”, estudiante de Derecho, y Ana Ignacia Rodríguez, “La Nacha”, se convirtieron en dos de los rostros más conocidos de esa participación y de la represión sufrida por las mujeres. Junto a ellas actuaron centenares de estudiantes cuyos nombres no llegaron a los encabezados, pero sin las cuales el movimiento no habría podido sostener sus redes de información, alimento, refugio y solidaridad.

Alrededor del CNH existió también una constelación de profesores, escritores, artistas e intelectuales que respaldaron sus demandas sin formar parte de su representación estudiantil. Eli de Gortari, Heberto Castillo, Fausto Trejo y José Revueltas acompañaron, defendieron o dieron forma intelectual a distintas expresiones del movimiento. Revueltas sería convertido por las autoridades en una especie de cerebro de la rebelión, como si miles de estudiantes hubieran necesitado a un escritor para descubrir que estaban siendo golpeados. Octavio Paz, desde su puesto diplomático en India, renunció en protesta por la represión. Cada uno, desde su lugar, demostró que Tlatelolco no había sido únicamente un conflicto entre el gobierno y un puñado de muchachos, sino una ruptura moral que alcanzaba a una parte profunda de la cultura mexicana.

Por encima de aquel escenario se levantó la figura de Javier Barros Sierra, rector de la UNAM. No fue integrante del Consejo Nacional de Huelga ni pretendió dirigir a los estudiantes. Su grandeza estuvo precisamente en comprender esa frontera: respaldó el derecho de la comunidad universitaria a organizarse sin intentar apropiarse de su voz. Cuando el Ejército destruyó la puerta de San Ildefonso, colocó la bandera a media asta; cuando la autonomía fue amenazada, encabezó la marcha del primero de agosto; cuando Ciudad Universitaria fue ocupada, denunció el atropello; y cuando las presiones hicieron casi imposible el ejercicio de su cargo, presentó una renuncia que la Junta de Gobierno se negó a aceptar.

Barros Sierra no llevaba piedras en los bolsillos ni hablaba desde las asambleas del CNH. Llevaba sobre los hombros algo que también podía costar caro: la dignidad de una institución que se negaba a convertirse en dependencia del presidente. Entendió que defender la Universidad no significaba proteger paredes, sino impedir que el miedo gobernara sus aulas. Frente a un régimen donde demasiados funcionarios esperaban una señal para inclinarse, el rector se mantuvo erguido. No necesitó gritar para desafiar al poder; bastó con que no bajara la cabeza.

Después del 2 de octubre quedó atrapado entre dos obligaciones dolorosas. Debía procurar que la Universidad recuperara su vida académica, pero no podía permitir que el regreso a clases fuera interpretado como olvido de los muertos o abandono de los presos. El 21 de noviembre llamó a profesores y estudiantes a reanudar labores. Miles regresaron, mientras en las asambleas continuaban discusiones ásperas entre quienes consideraban que levantar la huelga era rendirse y quienes temían que prolongarla terminara por destruir las estructuras democráticas de las instituciones. El rector sabía que las aulas debían abrirse; también sabía que ninguna normalidad sería inocente mientras hubiera jóvenes encarcelados.

La maquinaria judicial se volvió contra las víctimas. Cerca de un centenar de detenidos fue consignado por incitación a la rebelión, sedición, asociación delictuosa, ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena, acopio de armas e incluso homicidio. La acusación parecía escrita por un país mirándose en un espejo invertido: quienes habían sido cercados aparecían como autores del cerco; quienes recibieron los disparos eran acusados de producir la violencia. Los delitos fueron acumulados de tal manera que la libertad bajo fianza resultara imposible.

Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla, Félix Hernández Gamundi, Sócrates Campos Lemus y otros dirigentes fueron recluidos, interrogados y procesados. En Lecumberri ya se encontraban Cabeza de Vaca, Salvador Martínez della Rocca y Eli de Gortari. Roberta Avendaño y Ana Ignacia Rodríguez fueron enviadas a Santa Martha Acatitla. José Revueltas sería detenido en noviembre y llevado también a Lecumberri. Mientras los responsables del operativo continuaban sentándose en despachos alfombrados, los jóvenes aprendían a reconocer el paso de los custodios, el sonido de las rejas y la lentitud con la que una tarde puede morir dentro de una celda.

Ésa fue la justicia que siguió a Tlatelolco: cárceles para quienes pedían diálogo y carreras intactas para quienes ordenaron las armas. A los estudiantes les exigieron demostrar su inocencia; a los funcionarios les bastó con conservar el poder.

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DESPUÉS DE LA MATANZA, MÉXICO YA NO VOLVIÓ A SER EL MISMO

El movimiento no terminó la noche del 2 de octubre. Quedó mutilado, perseguido y desorganizado, pero durante semanas intentó continuar. Los delegados que permanecían libres se reunían bajo vigilancia, cambiaban lugares y discutían qué hacer frente a un gobierno que había demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mantener la huelga significaba preservar la dignidad de las demandas, pero también exponía a las instituciones, a los estudiantes y a sus familias a nuevas detenciones. Regresar a clases podía parecer una derrota; no hacerlo podía entregar al gobierno el pretexto para prolongar la ocupación y desmantelar las escuelas.

El 4 de diciembre, después de 130 días, el CNH anunció en Zacatenco el levantamiento de la huelga. No presentó la decisión como una rendición ni aceptó que las demandas hubieran perdido legitimidad. Reconoció, dolorosamente, que el movimiento ya no podía sostenerse en las mismas condiciones y que preservar las estructuras democráticas de las universidades era indispensable para continuar otras luchas. El manifiesto fue firmado por Roberto Escudero y Gerardo Estrada. Dos días después, el 6 de diciembre, reunidos en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, los representantes resolvieron disolver el Consejo Nacional de Huelga.

La disolución no produjo una ceremonia ni un final limpio. No hubo vencedores estrechándose las manos ni acuerdos capaces de cerrar la herida. Quedaron comités de lucha y se proyectó una Gran Marcha de Protesta para el 13 de diciembre, desde Ciudad Universitaria hasta el Casco de Santo Tomás. El gobierno negó la autorización y volvió a desplegar soldados, tanques, granaderos y policías alrededor de la Universidad. Los jóvenes, con Tlatelolco todavía latiéndoles dentro del cuerpo, realizaron la manifestación dentro de los límites universitarios. Incluso para despedirse tenían que hacerlo bajo la amenaza de las armas.

Los presos políticos permanecieron encarcelados durante los años siguientes. Algunos recibieron condenas severas; otros soportaron procesos construidos para convertir la protesta en delito. Muchos salieron hasta 1971 y algunos fueron obligados a abandonar el país. La cárcel no terminó cuando se abrió la puerta: regresaron a un México donde conseguir trabajo podía resultar imposible, donde sus nombres continuaban en expedientes de inteligencia y donde cada llamada telefónica podía recordarles que seguían vigilados. Las familias también cumplieron condena. Visitar Lecumberri, llevar comida, esperar noticias y aprender el lenguaje de juzgados y custodios fueron otras formas de prisión.

Barros Sierra concluyó su rectorado en abril de 1970 y rechazó la posibilidad de reelegirse, a pesar del reconocimiento alcanzado dentro de la comunidad universitaria. Murió el 15 de agosto de 1971, a los 56 años. Apenas dos meses antes había ocurrido la matanza del Jueves de Corpus. El 10 de junio, bajo la Presidencia de Luis Echeverría, el grupo de choque conocido como Los Halcones atacó una manifestación estudiantil. El nuevo gobierno había prometido apertura, pero volvió a responder con sangre. Barros Sierra murió sabiendo que la lección de Tlatelolco no había sido aprendida por quienes ocupaban el poder.

Para una parte de la juventud, el 2 de octubre destruyó la confianza en las vías legales. Si una manifestación pacífica podía terminar bajo el fuego y si los responsables recibían promociones mientras los sobrevivientes eran encarcelados, la democracia parecía una puerta pintada sobre un muro. Algunos jóvenes optaron por incorporarse a organizaciones guerrilleras urbanas o rurales. El Estado respondió durante los años siguientes con desapariciones, tortura, cárceles clandestinas y ejecuciones. La guerra sucia no nació únicamente en Tlatelolco, pero encontró allí una de sus justificaciones más dolorosas: cuando un gobierno clausura todas las salidas pacíficas, empuja a algunos de sus adversarios hacia los caminos donde después pretende cazarlos.

Otros sobrevivientes eligieron rutas diferentes. Llevaron la experiencia del 68 al periodismo, las universidades, los sindicatos independientes, las organizaciones vecinales, la defensa de los presos políticos, los movimientos feministas, las luchas campesinas y la formación de nuevas fuerzas de izquierda. La demanda de libertades democráticas fue penetrando lentamente en una sociedad donde el presidencialismo había parecido indestructible. El movimiento no derribó al régimen ni creó por sí solo la transición política, pero quebró para siempre su apariencia de legitimidad absoluta. Después de Tlatelolco, el gobierno pudo seguir ganando elecciones, controlando sindicatos y ocupando instituciones; lo que ya no pudo recuperar completamente fue el derecho a presentarse como heredero inocente de la Revolución.

Las reformas políticas posteriores, la apertura electoral de 1977, el reconocimiento legal de fuerzas antes excluidas y la ampliación gradual de los espacios opositores no fueron regalos del poder. Formaron parte de una respuesta tardía a las presiones acumuladas por movimientos como el de 1968. Cada pequeña apertura llevaba detrás el recuerdo de lo que ocurría cuando todas las puertas permanecían cerradas. El país comenzó a comprender que la estabilidad sin participación no era paz, sino silencio administrado.

Décadas después, la justicia intentó caminar hacia Tlatelolco cuando casi todos los rastros se habían enfriado. Se abrieron archivos, surgieron investigaciones y se conocieron documentos militares que contradecían la versión oficial. Luis Echeverría fue acusado de genocidio y quedó sujeto a arresto domiciliario, pero el proceso terminó sin una condena. Díaz Ordaz había muerto en 1979 sin comparecer ante un juez. Luis Gutiérrez Oropeza, García Barragán y otros mandos tampoco recibieron una sentencia por la matanza. La justicia llegó tan tarde que encontró a numerosos responsables protegidos por la muerte, la edad o la pérdida deliberada de documentos.

La impunidad fue la segunda matanza. La primera destruyó cuerpos; la segunda intentó asesinar la verdad. Consistió en hacer esperar a las familias, negarles archivos, obligarlas a probar una y otra vez lo que miles habían presenciado y confiar en que los años terminarían agotándolas. Pero las víctimas descubrieron una forma de resistencia que el poder no había previsto: recordar también podía ser una acción política.

Los testimonios salieron de las cárceles. Las fotografías escaparon de los archivos. Los sobrevivientes contaron lo ocurrido en libros, aulas, periódicos y reuniones familiares. Cada aniversario llevó nuevos contingentes a las calles. Jóvenes nacidos veinte, treinta o cincuenta años después aprendieron nombres que el gobierno había querido borrar. “Dos de octubre no se olvida” dejó de ser una consigna exclusiva de quienes estuvieron en Tlatelolco y se convirtió en una obligación transmitida de generación en generación.

El Consejo Nacional de Huelga fue disuelto; sus integrantes envejecieron, murieron o siguieron caminos políticos distintos. Javier Barros Sierra no alcanzó a contemplar el reconocimiento histórico de su dignidad. Las madres fueron desapareciendo sin recibir todas las respuestas. Los responsables conservaron cargos, pensiones, escoltas y homenajes. Sin embargo, ninguno consiguió imponer para siempre la mentira con la que amaneció el 3 de octubre.

Díaz Ordaz conservó la Presidencia. Echeverría recibió la banda presidencial. Los generales conservaron durante años sus grados y los policías sus expedientes. El régimen permaneció todavía varias décadas en el poder. Pero los estudiantes conservaron aquello que no pudo ser detenido, golpeado ni encerrado en Lecumberri: la memoria.

Y fue la memoria, cuando la justicia decidió no llegar, la que terminó pronunciando los nombres de los culpables.

LA HERIDA QUE TODAVÍA NOS MIRA

Hace apenas dos días se cumplieron 58 años de la matanza de Tlatelolco. Recordarla no significa únicamente honrar a los estudiantes asesinados, sino preguntarnos si México ha conseguido alejarse del régimen que hizo posible aquella noche.

Yo milité en el PRI, pero en un PRI distinto al de Díaz Ordaz: un partido que desde finales de los ochenta comenzó a enfrentar competencia, pluralidad, reformas electorales y la obligación de reconocer que el poder no podía pertenecerle para siempre. Conocí un sistema que, con enormes resistencias y contradicciones, tuvo que aprender a compartir congresos, entregar gubernaturas y aceptar finalmente la alternancia presidencial.

Por eso me preocupa que Morena recorra ahora el camino en sentido contrario. La sobrerrepresentación legislativa, el debilitamiento de los organismos autónomos, la transformación del Poder Judicial, el crecimiento de las facultades militares y la pretensión de modificar las reglas electorales desde el gobierno reconstruyen condiciones que México tardó décadas en desmontar.

No comparo a Morena con el PRI que comenzó a abrirse, competir y reconocer sus límites. Lo comparo con el presidencialismo de los años sesenta y setenta: aquel que confundía al partido con el Estado, al gobierno con el pueblo y la mayoría con el derecho a decidirlo todo.

El actual régimen me recuerda demasiado a aquel autoritarismo. No porque haya ocurrido otro Tlatelolco, sino porque vuelve a levantarse la estructura política que lo hizo posible: un presidente sin contrapesos suficientes, un Congreso obediente, instituciones debilitadas y un partido convencido de representar por sí solo a toda la nación.

Las balas fueron el final del camino, no su principio. Antes estuvieron la concentración, la soberbia, la obediencia y el silencio.

A 58 años de Tlatelolco, recordar también significa advertir: ningún partido, por legítimo que sea su triunfo, recibe al país en propiedad.

(By operación W).