Esta semana el gobierno federal y los extrabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación acordaron la venta de la marca que incluye activos por más de 816 millones de pesos, con lo que el Estado tendrá la posibilidad de echar retomar el nombre histórico, mientras que se continúa con el plan extender las capacidades estratégicas y financieras de las fuerzas armadas. La negociación se cerró después de meses de negociaciones en las que originalmente se habían ofertado 600 millones de pesos.
Se trata de una operación a partir de la cual no se tiene mucha información, se desconoce el plan de negocio, el capital necesario para iniciar operaciones, no hay plan de rutas aéreas, no se tiene una flota que ya se haya analizado, que más allá de una estrategia comercial, mantiene una lógica política, como lo es el incentivar el uso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía, aunada a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir el cabotaje para la comercialización extranjera de rutas aéreas dentro del territorio nacional.
Se trata, sin duda, de un tema importante de revisar, puesto a que desde la perspectiva del oficialismo esta decisión derivaría en menores costos para el transporte aéreo, no obstante, esa perspectiva es limitada y potencialmente contraproducente. En principio, en muy pocos lugares del mundo se aplican estas medidas para proteger las industrias aéreas locales. Es una realidad que las aerolíneas mexicanas, a al menos las que aún conservan capital mexicano, no tienen forma de competir con las flotas de aerolíneas extranjeras y sus subsidios que permitirían precios más competitivos.
No sólo eso, en una administración en donde la elaboración y ejecución de políticas públicas se sustenta desde lo discursivo en la salvaguarda de la identidad e integridad nacional, resultaría contradictorio que se otorguen concesiones a empresas privadas, no subsidiarlas pero paradójicamente resultaría en justamente lo contrario como está resultando con al AIFA en el que se duplicó el subsidio para este 2023, impactando en recursos que podrían bien ser utilizados para otros rubros.
Otro problema que se debe resolver es la rentabilidad de los aeropuertos, el impuesto de uso en algunos aeropuertos, que se supone esta siendo destinado para un servicio de pensiones del personal militar, no está siendo suficiente para sostener los márgenes de rentabilidad, incluyendo al AIFA, en el corto o mediano plazo.
Todo lo anterior, incluida la mala planeación, improvisación e imposición características de esta administración, se traduce en este caso en subsidio, el impacto adicional a un ya de por sí presupuesto castigado, es lo que hoy nos tiene, en parte, con costos elevados y malos servicios.
Azul Etcheverry Aranda