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Violación a la Ley de Austeridad: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contrata seguro de vida millonario para sus trabajadores

Contrario a lo establecido en la Ley de Austeridad Republicana promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), bajo la supervisión de la Secretaría de Marina (Semar), ha contratado un seguro de vida anual para sus trabajadores civiles por la suma de 6.2 millones de pesos.



En una licitación se especifica que este seguro proporcionará cobertura en caso de fallecimiento, invalidez o incapacidad total y permanente para todo el personal involucrado en labores administrativas y operativas.

La Gerencia de Recursos Materiales del AICM decidió adjudicar este contrato anual a la empresa Mapfre México el pasado 13 de diciembre, por un total de 6 millones 205 mil 352 mil 86 pesos. La elección se basó en que la empresa "cumplió con la totalidad de los requisitos, especificaciones y documentaciones solicitados en la convocatoria", según informó la dependencia federal.


La póliza, con vigencia desde el 1 de enero de 2024 hasta las 24 horas del 31 de diciembre del mismo año, establece una suma asegurada equivalente a 50 meses de sueldo para cada funcionario asegurado. Además, aquellos trabajadores que desempeñen funciones de bomberos en el momento del siniestro recibirán una cobertura adicional de muerte natural o accidental por 50 mil pesos.


Cabe destacar que la empresa contratada asume la responsabilidad de cubrir las sumas aseguradas al 100%, sin restricciones de género, ocupación o edad, y sin necesidad de cuestionario o examen médico. Sin embargo, el contrato excluye ciertos escenarios, como lesiones autoinfligidas intencionalmente, actos delictuosos cometidos por el asegurado, accidentes durante pruebas de velocidad o seguridad, y actividades deportivas específicas.

Es crucial señalar que esta contratación contradice el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en noviembre de 2019, que prohíbe explícitamente la contratación de seguros de vida con recursos públicos para funcionarios del gobierno federal.

Por Areli Rodríguez


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