La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha anunciado que Uriel Carmona, fiscal del estado de Morelos, ha sido vinculado a proceso por su presunta implicación en el delito de retardo de justicia en relación con las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda, joven cuyo trágico fallecimiento tuvo lugar en 2022. Carmona permanecerá bajo custodia mientras continúan las pesquisas.
Según las averiguaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, el funcionario público emitió declaraciones públicas que presuntamente distorsionaron la verdad de manera maliciosa, obstaculizando injustamente la búsqueda de la verdad y desviando el curso de la investigación. En una conferencia de prensa, Carmona afirmó que la causa de la muerte de Ariadna Fernanda no estaba relacionada con un feminicidio, sino que se trataba de una grave intoxicación alcohólica que condujo a una broncoaspiración.
Este desarrollo jurídico ha dejado en evidencia que el fuero que ostenta el Fiscal de Morelos no le ampara en casos de delitos del fuero común, ya que únicamente se extiende a infracciones de carácter federal. A pesar de haber obtenido previamente una suspensión provisional como resultado de un amparo interpuesto, dicha suspensión no influye en la vinculación a proceso ni en la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Carmona. Esta medida se basa en su cambiada situación jurídica y en el hecho de que el objeto de la suspensión no guarda relación con los actos por los cuales se le acusa en esta ocasión.
La FGJCDMX reiteró su compromiso inquebrantable con la búsqueda de justicia y la imparcialidad en la resolución de casos, particularmente en aquellos relacionados con la violencia de género. Las autoridades continúan trabajando diligentemente para esclarecer los hechos y llevar a cabo un proceso legal justo en este caso que ha conmovido a la sociedad.
La detención y vinculación a proceso de un funcionario de alto nivel por presuntos actos indebidos en un caso de feminicidio refuerzan el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de aquellas que han sido víctimas de crímenes atroces.
Por Areli Rodríguez
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