La Sala Superior del Tribunal Electoral se encuentra en el epicentro de un debate trascendental que podría tener un impacto significativo en el panorama político y social de México. En la orden del día de hoy, se discute un proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata que propone confirmar las medidas cautelares contra el influyente empresario Ricardo Salinas Pliego. Estas se derivan de una serie de comentarios hostiles y despectivos realizados por Salinas Pliego, que podrían constituir violencia política de género en contra de la senadora Citlalli Hernández.
El proyecto del magistrado De la Mata fue hecho público el día jueves, y su contenido establece claramente que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) posee las facultades necesarias para dictar medidas cautelares en casos de esta naturaleza.
La controversia se originó cuando la mencionada Comisión aprobó medidas cautelares que exigían al empresario retirar un total de 70 publicaciones de sus redes sociales. Estas fueron implementadas debido a la presunta violencia simbólica y psicológica que dichas publicaciones ejercían medidas sobre la senadora Hernández. Sin embargo, es importante resaltar que Salinas Pliego impugnó firmemente esta decisión.
El proyecto del Tribunal Electoral enfatiza que las publicaciones en cuestión son percibidas como violentas. Esto se debe a que a través de expresiones cargadas de hostilidad, sarcasmo y desprecio, así como mediante representaciones gráficas que asocian a la senadora con animales o caricaturas, se busca denigrar su imagen, inhibir su desempeño público y vulnerar su derecho fundamental a vivir libre. de violencia.
El documento señala contundencia que los comentarios del empresario Ricardo Salinas Pliego se encuadran en la gordofobia, un tipo de discriminación basada en estereotipos y prejuicios relacionados con las personas con sobrepeso. Estos prejuicios se nutren de la creencia errónea de que la condición física de una persona con sobrepeso es resultado de una falta de voluntad o de cuidado personal, atribuyéndole términos como pereza o glotonería. Esta discriminación, según el proyecto, merece ser penalizada socialmente.
En palabras del propio proyecto, "se aprecia que las publicaciones denunciadas tienen contenido de gordofobia o gordo-odio hacia la víctima en tono de discriminación hacia su físico, tan solo por mencionar algunas de las expresiones que se dirigen a ella por el hecho de ostentar un cargo público y su relación con su corporalidad".
Este caso plantea una discusión crucial sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto político y el compromiso de las instituciones para prevenir y sancionar la violencia política de género. La decisión de tomar la Sala Superior del Tribunal Electoral tendrá un impacto duradero en la forma en que se aborden estos temas en México y podría sentar un precedente importante en la lucha contra la discriminación y la violencia de género en la esfera pública.
Por Ricardo Castañeda
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