Tribunal da luz verde a “corcholatas” y al Frente Opositor
La Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido una resolución en la que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer lineamientos para regular y fiscalizar el proceso del Frente Amplio por México, con el objetivo de evitar posibles violaciones a la equidad de la contienda. Estas medidas también serán aplicables a las corcholatas de Morena y sus aliados.
La resolución fue adoptada con mayoría de votos a favor, aunque tres magistrados votaron en contra. En dicha resolución, se rechazó el proyecto original presentado por la magistrada Janine Otálora, el cual proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso interno promovido por los partidos PAN, PRI y PRD, argumentando que se trataba de un fraude a la ley.
El magistrado presidente, Reyes Rodríguez, fue quien propuso que el Consejo General del INE emita los lineamientos en un plazo máximo de cinco días naturales. Esta propuesta fue aprobada por la mayoría de los miembros del tribunal.
En los lineamientos que el INE deberá establecer, se determinará el tipo de propaganda permitida, considerando la naturaleza de estos procesos político-partidistas. En particular, se deberá evaluar la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas, entre otros medios.
Es importante destacar que los servidores públicos tienen la obligación de utilizar los recursos públicos de forma imparcial y no podrán hacer uso de propaganda gubernamental con fines políticos.
Además, se establece que las prerrogativas de acceso a radio y televisión disponibles para los partidos políticos no podrán ser utilizadas para la sobreexposición de los aspirantes o participantes en estos procesos políticos.
En cuanto a la fiscalización, se requiere que esta sea especializada y se enfoque en vigilar el origen y uso de los recursos empleados. El proceso de fiscalización debe ser expedito y debe cumplir con los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
El Consejo General del INE deberá definir el periodo sujeto a revisión, considerando desde cuándo iniciaron los procesos político-partidistas. Además, se deberán contabilizar los gastos ordinarios y aquellos que puedan considerarse como beneficios para una persona desde una perspectiva electoral.
Los partidos políticos tendrán la responsabilidad de presentar sus informes de ingresos y gastos en los tiempos y formatos que determine la autoridad electoral. Por su parte, los resultados de la fiscalización deberán ser presentados en un dictamen consolidado y una resolución por parte del Consejo General del INE, preferentemente cuando se resuelvan los informes de precampaña.
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