Tren Maya: SEMARNAT oculta información sobre daños ecológicos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó entregar a medios de comunicación los estudios técnicos que detallan los daños ambientales del Tren Maya. En su respuesta a una solicitud de transparencia, la dependencia señaló que estos documentos están clasificados por motivos de “seguridad nacional” y permanecerán bajo resguardo hasta 2028. 

Aunque la titular de la dependencia admitió públicamente en octubre de 2025 que la obra ocasionó daños a cenotes y cavernas en el tramo 5, esos datos quedan ahora bajo reserva. SEMARNAT reconoció afectaciones en acuíferos y ecosistemas kársticos, pero se niega a revelar dictámenes, análisis de calidad del agua o auditorías sobre el impacto real. 

Qué se sabe sobre los impactos ambientales

Estudios independientes han documentado consecuencias graves: deforestación, fragmentación del hábitat, alteraciones en el flujo del agua subterránea y riesgo ecológico para fauna y flora de la región. 

Organismos de la sociedad civil han señalado que la construcción del proyecto ha afectado selvas tropicales, manglares, manglares y zonas protegidas. El corte masivo de vegetación y la alteración de suelos subterráneos amenazan con daños irreversibles a ecosistemas únicos en la península de Yucatán. 

Además, hace años comunidades e investigadores alertaron que las obras comenzaron sin contar con todas las autorizaciones ambientales definitivas. 

Conflicto entre transparencia e infraestructura estratégica

La decisión de reservar información por “seguridad nacional” ha generado críticas de ambientalistas, científicos y defensores de derechos humanos. Argumentan que un proyecto con consecuencias ecológicas tan profundas no puede quedar al resguardo del secretismo.

Por otro lado, autoridades defienden que el Tren Maya fue declarado infraestructura estratégica en 2023, lo que permite limitar el acceso a datos técnicos vinculados al proyecto. 

Qué reclaman colectivos y comunidades

Colectivos ambientalistas y habitantes de la península piden la publicación inmediata de los informes completos. Exigen medidas de mitigación transparentes, restauración efectiva de ecosistemas afectados, reforestación, limpieza de cenotes y monitoreo constante del impacto al acuífero. Hasta ahora, dicen que las acciones anunciadas no bastan. 

También advierten consecuencias para comunidades indígenas, que podrían ver afectados su acceso al agua, su entorno natural y su patrimonio cultural.

Panorama abierto

El ocultamiento de la información técnica genera preocupación sobre la magnitud real del daño. Sin datos públicos, la población no puede evaluar ni exigir responsabilidades. El debate ahora gira en torno a la tensión entre desarrollo de infraestructura y derecho a un ambiente sano.

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