Eran las 06:15 de la mañana de este martes cuando la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue liberada por la célula criminal que la había privado de su libertad el pasado sábado en Zapopan, Jalisco. Este dramático episodio de secuestro se ha mantenido en vilo a la comunidad local y al país entero durante los últimos días.
La alcaldesa, quien es miembro del Partido Acción Nacional, fue abandonada en una localidad situada entre los municipios de Jiquilpan y Cotija, en los límites de Michoacán y el estado de Jalisco. Su liberación se produjo de manera sorpresiva, dejando a la comunidad aliviada y esperanzada. Según el informe oficial, Yolanda Sánchez decidió subirse a un autobús por temor a que los criminales regresaran o atentaran nuevamente en su contra. Dentro del autobús, la presidenta municipal solicitó un teléfono celular a otro pasajero y se comunicó con su director municipal de Seguridad Pública, quien inmediatamente solicitó el apoyo del Ejército Mexicano. Las autoridades locales y militares coordinaron un operativo de rescate en tiempo récord. Interceptaron el autobús con destino a Zamora en el municipio de Villamar, donde se encontraba la alcaldesa, y la resguardaron con seguridad. Tras su liberación, Yolanda Sánchez fue trasladada a Cotija bajo un importante dispositivo de seguridad. Lo primero que hizo fue reunirse con su familia, quienes habían estado angustiados por su desaparición. La presidenta municipal vestía pantalones negros, una blusa blanca, una chamarra negra y huaraches cafés con plataforma de lazo al momento de su liberación, según fuentes cercanas. Aunque las fuentes consultadas confirmaron que la alcaldesa se encuentra en buen estado de salud física, se informó que presenta severas afectaciones emocionales como resultado de su experiencia traumática. La liberación de Yolanda Sánchez Figueroa ha sido recibida con alivio y alegría por parte de la comunidad de Cotija y de todo México. Este episodio pone de manifiesto la importancia de abordar la seguridad en la región y la necesidad de proteger a los funcionarios públicos que trabajan incansablemente por el bienestar de sus comunidades. Por Omar Carmona
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