Sheinbaum pide a la FGR transparentar investigación sobre presunta red de huachicol fiscal ligada a mandos de Marina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) informe públicamente sobre las investigaciones que involucran al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalados de presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal vinculada con operaciones en aduanas y presuntos nexos dentro de la Secretaría de Marina.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria fue cuestionada sobre las versiones que apuntan a que ambos mandos navales habrían recibido protección institucional debido a sus supuestas conexiones con funcionarios de la Marina. En respuesta, Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR esclarecer los hechos y presentar los elementos que sustentan las acusaciones.

“Se ha dicho muchas cosas, inclusive esta persona que está en Argentina fue entrevistada por un medio de comunicación. Yo le pedí ayer a la fiscal general de la República que puedan informar ellos”, declaró la presidenta al referirse al caso.

Una carta enviada a la Presidencia

Sheinbaum reveló además que recibió una carta personal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, en la que éste negó haber cometido algún delito.

“Recibí una carta de uno de ellos de manera personal, diciendo que en realidad ellos no habían cometido ningún delito”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

Ante ello, la presidenta insistió en que la FGR debe explicar públicamente —en la medida en que la ley lo permita— cuáles son las pruebas existentes, desde cuándo comenzaron las denuncias y por qué la propia Secretaría de Marina habría presentado señalamientos contra los oficiales involucrados.

El caso ha cobrado relevancia debido a que las investigaciones apuntan a una presunta estructura de huachicol fiscal, modalidad de evasión y contrabando relacionada con combustibles que ingresan o se comercializan irregularmente mediante esquemas de defraudación aduanera y tributaria.

Antecedentes de la investigación

De acuerdo con declaraciones previas del fiscal general Alejandro Gertz Manero, las indagatorias se originaron tras una denuncia presentada por el entonces titular de la Secretaría de Marina. Según explicó Sheinbaum, esa denuncia permitió abrir diversas carpetas de investigación relacionadas con la presunta red.

“Lo mencionó aquí el fiscal, el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de que había presentado el exsecretario de Marina una denuncia, y que eso dio pie a que se abrieran una serie de carpetas de investigación”, indicó.

La presidenta también aclaró que, hasta el momento, no existe una investigación directa contra el exsecretario de Marina debido a que habría sido precisamente él quien alertó a las autoridades sobre las posibles irregularidades.

“Por eso no hay una investigación contra el exsecretario de Marina, porque él mismo lo denunció”, puntualizó.

Dimensión internacional del caso

Sheinbaum señaló además que el gobierno de Estados Unidos aún no ha respondido a las solicitudes de extradición relacionadas con empresarios de doble nacionalidad presuntamente vinculados a esta red de huachicol fiscal.

La falta de cooperación internacional, reconoció la mandataria, representa un obstáculo en el avance de las investigaciones y en el desmantelamiento completo de las operaciones financieras y logísticas asociadas al esquema.

Especialistas en seguridad y combate al contrabando han advertido que el huachicol fiscal representa una de las modalidades de delincuencia económica con mayor impacto en las finanzas públicas, debido a la evasión de impuestos y a la posible infiltración de redes de corrupción en aduanas y dependencias estratégicas.

Presión para transparentar las investigaciones

Las declaraciones de la presidenta ocurren en un contexto de creciente atención pública sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, control aduanero y administración de puertos. El caso de los hermanos Farías Laguna podría convertirse en una prueba relevante para medir la capacidad institucional de investigar presuntos actos de corrupción dentro de corporaciones de alto nivel.

Mientras la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación, el gobierno federal enfrenta presiones para transparentar los avances del caso y definir el alcance de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

La expectativa ahora se centra en la información que la Fiscalía pueda hacer pública en los próximos días, así como en el desarrollo de posibles procesos judiciales que permitan esclarecer el presunto funcionamiento de la red de huachicol fiscal y la participación de servidores públicos o empresarios relacionados con ella. Por Omar Zarate. Compartir en WhatsApp

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