A poco más de dos meses de iniciar su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta señalamientos sobre áreas estratégicas que requieren fortalecimiento en su administración. Expertas en derechos humanos, legislación y políticas sociales destacan que la niñez y adolescencia, la lucha contra la corrupción e impunidad, así como el cumplimiento de la Agenda 2030, son temas que exigen mayor atención en su estrategia.
Nombramiento en la CNDH genera críticas
Cristina Eugenia Pablo Dorantes, doctora en Derecho, calificó como una “mala señal” la decisión del Senado de la República de ratificar a María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Aunque no es una decisión directa de la presidenta, hubo posibilidad de intervenir para evitar que una persona con los peores resultados anteriores y severas críticas a su gestión fuera ratificada”, afirmó.
El nombramiento llegó pese a las peticiones de activistas y defensores de derechos humanos que exigían un perfil independiente. Las acusaciones de corrupción, falsificación de documentos y omisiones frente a violaciones de derechos humanos marcaron el primer mandato de Piedra Ibarra, y su continuidad representa un obstáculo para avanzar en la defensa de los derechos fundamentales, según las críticas.
Desafíos en niñez y adolescencia
Aunque Sheinbaum presentó la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de educación básica, las expertas consideran que el enfoque en niños, niñas y adolescentes no ha sido suficiente. Pablo Dorantes subraya la importancia de promover una cultura de legalidad más allá de los programas sociales: “Atender las causas del delito es multifactorial y exige una intervención integral de todas las áreas de gobierno”, señaló. Asimismo, destacó la falta de propuestas concretas en los compromisos presidenciales en esta materia.
Corrupción, impunidad y seguridad
La lucha contra la corrupción y la impunidad también es una asignatura pendiente. “La presidenta prometió atacar las causas generadoras de inseguridad, pero no se ven políticas contundentes en materia de prevención del delito”, afirmó Pablo Dorantes. Además, destacó que estas problemáticas no solo están relacionadas con el Poder Judicial, sino también con otras profesiones donde la corrupción ha impactado severamente, como en el caso de la construcción tras los sismos recientes.
Por su parte, Grisel Salazar Rebolledo, investigadora de la Universidad Iberoamericana, enfatizó la urgencia de una estrategia renovada para abordar la criminalidad en estados como Sinaloa y Chiapas, así como el fortalecimiento de mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
Evaluación de la Agenda 2030
En el marco de la Agenda 2030, un plan global para erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y promover la justicia, Pablo Dorantes aseguró que los avances de México son limitados. “Estamos a cinco años de la meta, pero no hemos avanzado significativamente; al contrario, hemos retrocedido en algunos objetivos clave”, advirtió.
Entre los principales objetivos de la Agenda 2030 están la erradicación de la pobreza, garantizar la paz universal y asegurar el acceso a la justicia. Sin embargo, las especialistas coinciden en que es necesaria una evaluación profunda de las políticas públicas para cumplir con estas metas.
Un inicio desafiante
La doctora Salazar Rebolledo considera que Sheinbaum heredó una agenda marcada por los compromisos del gobierno anterior, lo que ha limitado su margen de maniobra para innovar en políticas públicas. “La presidenta se subió a un tren en movimiento, con reformas y proyectos pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.
Estos retos configuran un panorama complejo para el inicio de la administración de Sheinbaum, que tendrá que demostrar su capacidad para responder a las exigencias de un país en busca de mayor justicia, equidad y sostenibilidad.
Por Amanda Pérez
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