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Senado prepara iniciativa para regular y sancionar el uso de Inteligencia Artificial

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    La Noticia al Punto
  • hace 7 días
  • 2 Min. de lectura

Senado avanza en la regulación tecnológica nacional con posibles penas de cárcel

El Senado de la República prepara un proyecto legislativo histórico para el país. Se trata de la primera iniciativa formal para establecer normas sobre la Inteligencia Artificial en México. La propuesta busca clasificar las infracciones detectadas en leves, graves y gravísimas. Los legisladores contemplan severas penas de cárcel para las conductas más perjudiciales.


Tipos de infracciones sobre Inteligencia Artificial en México

La iniciativa legislativa implementa un esquema basado en estrictos niveles de riesgo. Se consideran infracciones gravísimas aquellas que utilizan esta tecnología para la manipulación política. También se castigará penalmente la interferencia electoral con fines ilícitos comprobables. El proyecto sancionará la implementación de sistemas que generen daños a la seguridad nacional. Otra prohibición estricta incluye el uso de sistemas autónomos capaces de causar daño sin supervisión humana. Las sanciones dependerán del nivel de impacto social de la Inteligencia Artificial en México.


Protección y reglas para la Inteligencia Artificial en México

Un punto central del documento es la protección contra la creciente violencia digital. Los legisladores prohíben explícitamente la creación de deepfakes sexuales sin previo consentimiento. Esta medida busca proteger prioritariamente la integridad de mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, se penalizará la manipulación de audios o videos para humillar, acosar o extorsionar a civiles. El mal uso de la Inteligencia Artificial en México requiere una respuesta jurídica inmediata.


La propuesta también limita el uso tecnológico en sectores públicos y privados específicos. Quedará prohibido el uso de sistemas de reconocimiento emocional en ámbitos laborales y educativos. La identificación biométrica masiva en espacios públicos requerirá obligatoriamente una orden judicial previa. Además, se restringen los sistemas de puntuación social para evitar posibles riesgos de discriminación ciudadana. Los sistemas de alto riesgo deberán cumplir con evaluaciones, certificaciones y auditorías periódicas constantes. Se prohíbe el desarrollo de herramientas que exploten deliberadamente las vulnerabilidades de menores o adultos mayores.

Por Cadena Política


 
 
 

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