Guanajuato necesita cambio radical para proveer seguridad pública
Un cambio de estrategia para proveer seguridad pública a la población se deberá de realizar por necesidad y porque la implementada no está produciendo los objetivos esperados, o porque los altos mandos que la desplegaron están fallando. Si el territorio guanajuatense lleva algunos años en los primeros lugares en el país por la comisión de homicidios dolosos y durante los últimos 5 meses de 2022 (enero a mayo) viene ocupando el primer casillero nacional en asesinatos, lo razonable sería la permuta del método de trabajo, de estrategia contra la inseguridad.
Las masacres no tienen por qué constituirse en los rasgos del territorio guanajuatense, ni los asesinatos en general, ni los feminicidios, ni las ejecuciones de niñas (os), ni la eliminación de las y los policías ni de las desapariciones forzadas de las personas en particular. El Gobierno del Estado tiene que encarar y “acabar” con la inseguridad e impunidad. No sólo debe de realizar ajustes en sus programas, sino que también los cambios radicales de orden estratégico, incluido de personal encargado de la seguridad pública.
Tres hechos en distintos municipios marcaron a Guanajuato este lunes 6 de junio, arranque de la semana: la aparición de 7 “narco mantas” en Irapuato, Abasolo y Pueblo Nuevo que la Fiscalía General del Estado (FGE) está investigando, como otras hallados en otros momentos y lugares. Al filo de las 11:00 horas, en Villagrán se informó que sicarios atacaron y privaron de la vida a Florencio Lara hijo del alcalde Juan Lara Mendoza, hiriendo a su esposa Mildred Alvarado que falleció posteriormente.
Más tarde con las sombras de la noche, en Salamanca, se perpetró un ataque con armas de fuego en la comunidad de Barrón que produjo 6 personas muertas; entre las que están 2 mujeres (incluso de la tercera edad) y 4 hombres. Los comuneros se reunieron para asuntos de su localidad cuando apareció un grupo de hombres armados, quienes les dispararon provocando la masacre. El escenario resultó de alto riesgo.
La reflexión aplica para los gobiernos federal y estatal, que a la menor provocación le hallan cuadratura al círculo; ante la falta de respuestas o reacciones a los hechos delictivos cometidos por la criminalidad, sugieren presencia de grupos del crimen organizado y la guerra entre ellos. No se soslaya ni se niega, pero las autoridades no le hallan salidas coherentes, técnicas al problema a favor de la sociedad. La respuesta es arrogante de que se les está ganando terreno y por ello reaccionan ¿Y los 10 mil ultimados en Guanajuato en el sexenio del presidente López Obrador?
Frente a los homicidios dolosos más significativos, porque se violenta y victima a la clase política o sus familiares en el estado de Guanajuato, lo clásico de parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, su vocera Sophía Huett López o la secretaria de gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo, es “lamentar los hechos” y hacer la promesa de que la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo titular es Carlos Zamarripa, investigará los asesinatos y se hará justicia; la simple respuesta política.
En este sexenio estatal 2018-2024, a tres meses de que el gobierno de Rodríguez Vallejo cubra los cuatro años, lo máximo que se ha estado haciendo en las emergencias, es que el gobernador ordene a su titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, aplicar la táctica pragmática y vulgar del “Mando Único Policial” en los municipios, porque se concibió que personal de la policía podría estar relacionado al crimen organizado. Una medida de conveniencia: el gobierno estatal reacciona, aunque por la medida de la Secretaría de Alvar se le cobra a las administraciones. Los alcaldes responden contentos, pues la policía estatal les hace la chamba cuidando a sus gobernados. Un negocio redondo como los dicta la experiencia
A pesar de que los delitos siguen embarazando las estadísticas y que el Mando Único Policial no resuelve los problemas de la inseguridad e impunidad (no se hace justicia en general), todavía no se ha realizado la revisión sobre el suministro de seguridad pública, pero se sostiene a capa y espada la efectividad de la estrategia como la eficiencia de los mandos, aunque se consiente que si hay relación entre las policías (básicamente municipal) con la criminalidad. La ilógica de la autoridad.
El gobierno de Sinhue Rodríguez, carga con mucho lastre que debe de despedir a fin de modificar el esquema para “enfrentar la inseguridad” con éxito, porque de no tener respuestas en la materia ni la esperanza de una sociedad en paz, los panistas que gobiernan el estado pondría en riesgo su permanencia en el poder estatal en los comicios de 2024.
Topografía.
Agrimensura. Quinta ola.
Desde hace un par de semanas se venía confirmando que, aunque sin estela mortal, los contagios de COVID-19 iban al alza en el estado de Guanajuato. Este lunes, el equipo de trabajo de Daniel Díaz, secretario de Salud en el estado, que aspira a ser considerado entre los posibles a la gubernatura del estado por su partido, el PAN, ha confirmado que otra vez ya hay hospitalizados y hasta en una persona corre riesgo su vida, necesitando de estar conectada a ventilador.
En el orden federal, la Secretaría de Salud ha oficializado que ya vivimos una quinta ola de contagios de COVID-19 al encontrarse en varios estados de la República el aumento de los casos, por lo que se retornará a los informes diarios de contagios y decesos.
No son los escenarios de 2020 ni 2021, pues las vacunas son dique a los efectos mayores de la enfermedad, pero se hace necesario hacer más que anunciar que los hospitales otra vez funcionan para enfermos de COVID, como lo hace Daniel Díaz. Se necesita movilizar a la sociedad para la prevención, cuando existe una idea general de que la pandemia está acabada, se hace urgente, máxime si los enfermos provocan ausencias en el sector productivo. No habrá tantos muertos, ni enfermos en gravedad, pero si afectaciones al orden económico, tan deteriorado, al grado de que la pobreza si