Caso Oviedo piedra de toque de la inseguridad en Guanajuato.
Ni las evaluaciones a la trompa talega de aspirantes a candidaturas a la Presidencia de la República sobre la inseguridad e impunidad ni la disminución ocasional del total de los delitos consumados en territorio guanajuatense, pondrán a salvo al Gobierno del Estado, que encabeza el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de las exigencias para que suministre seguridad pública como a los otros 2 órdenes de gobierno como mandatan las leyes. Los resultados cada día ofrecen elementos para un escenario francamente superior a discursos políticos de apeo.
El gobierno estatal tendrá que prestar atención a los graves problemas de inseguridad e impunidad donde la clase política y la población de guanajuatenses están percibiendo que, ante la violencia, están en alto riesgo. Los tres poderes del estado deben de conjuntar sus esfuerzos con el fin de entregar una situación diferente. El gobernador Rodríguez Vallejo, Congreso local con Luis Ernesto Ayala Torres y Poder Judicial donde es presidenta la magistrada Ma. Rosa Medina Rodríguez, deben contribuir para una entidad más segura.
Las frases hechas hasta la respuesta compensatoria que provoque el impacto mediático para enfrentar la grave situación estará sumando una cantidad impensable de delitos cometidos en el estado donde gobierna el partido conservador PAN que a la larga se tendrá como consecuencia una carencia brutal de justicia. El caso de J. Jesús Oviedo Herrera, el personaje mostrado como el precandidato oficial del jefe político estatal panista, no se queda en un asalto de posibles mozalbetes que querían la camioneta, sino de “algo superior” porque sometieron a su personal.
Desde hace varios años en el estado de Guanajuato la violencia había alcanzado a la clase política estatal, siendo gobernador Juan Carlos Romero Hicks, cuando asesinaron una pareja de policías ministeriales en Jaral del Progreso, se decía que eran hechos aislados o producto de la operación cucaracha o que venían a tirar los cadáveres a Guanajuato. Incluso se compró el proyecto Escudo en el sexenio de Miguel Márquez para evitar que delincuentes de estados vecinos pasaran a la Tierra de Oportunidades hoy Grandeza de México, el cual por cierto fracasó.
Ese asalto, retención o levantón perpetrado en contra del secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), Oviedo Herrera, el funcionario que se volvió el más importante del gabinete legal estatal, después de Rodríguez Vallejo, es una cuestión importante que incumbe resolver a la autoridad estatal sin menospreciar los apoyos de la Federación y los municipios; quien o quienes se acerquen al gobernador para venderle su respaldo hasta ideas con la finalidad de ofrecerle la ruta del conflicto con otro poder (s), busca la salida airosa de la confrontación irracional.
Los funcionarios encargados de la Seguridad Pública y de la Fiscalía en el estado, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre, no pueden guardarse el secreto a voces en que se ha convertido el Caso Oviedo, precandidato montado en el proyecto más importante del sexenio local 2018-2024, “Guanajuato. Contigo sí”, porque coadyuvan al incremento del deterioro de imagen que viene sufriendo el Gobierno del Estado de Guanajuato; amén de que pudiera confirmarse que existen razones de fondo para no hacer el cambio de estrategia en seguridad y de los altos mandos, los más veteranos en todo el país a pesar de las adversidades.
La característica de la operación
La filtración de información que provocó el escándalo. El 29 de junio (confirmado por Oviedo), lo interceptaron en la carretera del municipio de Villagrán, luego de ser sometido con su equipo por grupo armado que subió a la camioneta; más tarde lo bajaron con sus acompañantes luego de despojarlos y llevarse su vehículo. Ya presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado.
Es harto complicado creer que resultó un simple asalto de un grupo de buscadores de una camioneta con “bilimbiques”. La intercepción de un personaje político que podría relevar a Diego Sinhue no es un asunto menor, por lo que significa la delincuencia organizada en Guanajuato, estado que ha permanecido en primer nacional en 2022 en homicidios dolosos.
El silencio cómplice del gobierno local ante este caso, podría hacer elevar la desconfianza social en la administración pública estatal en primera instancia y la Federación posteriormente, ninguno se salva.
Los 3 órdenes de gobierno no pueden soslayar el vínculo que mandata la norma pues la inseguridad aumenta, ahora la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), reveló que en los 5 primeros meses del 2022, los homicidios dolosos cometidos contra menores de edad son 451 –de cero a los 17 años-; Guanajuato es el estado que reporta el mayor número. Ante las condiciones el gobierno estatal, deberá de prestarle atención a la cuestión y olvidarse de los cantos de sirenas.
Topografía. Altimetría. De altos vuelos
Dos hechos destacan de la ceremonia del primer vuelo oficial de la primera aeronave construida en México en su totalidad en un siglo, el Halcón 2, cuya empresa de inversión nacional “Horizontec”, bajo la presidencia de Giovanni Angelucci, está asentada en Celaya: primero, se consolida el clúster aeronáutico en esa región del estado y Guanajuato se adentra en una industria, que de estimularse y consolidarse, provocará a la par el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin olvidarse que en el campus silaoense del Instituto Politécnico Nacional se prepara a nuevas generaciones de profesionistas en el campo aeroespacial.
Segundo, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sorprendió con el anuncio de que solicitará al Congreso del Estado de Guanajuato una nueva autorización para la adquisición de deuda pública por un monto de 3 mil millones de pesos. Esta cantidad se suma a los 10 mil 350 millones de pesos que ya había solicitado en dos partes y que, se había dicho, sería el único endeudamiento que se tendría en su sexenio.
De acuerdo a lo señalado por el titular del Ejecutivo del estado, estos recursos servirán para infraestructura pública tanto estatal como de los municipios, sobre todo para reconstruirse dos puentes en riesgo, en Celaya y León, amén de financiar más penitenciarías.
De esta última información se desprenden dos ideas, la primera es que la crisis financiera para el gobierno estatal es profunda, al no tener las entradas esperadas, obviando incluso los 30 mil millones de pesos que no se han recibido de la Federación en el sexenio por recortes. Para sacar el proyecto del gobierno estatal deberá “vivirse de prestado” ya que el presupuesto del 2023 absorberá esos recursos por la deuda.
La segunda es que deberá presentarse una proyección muy precisa sobre las posibilidades de pago, pues se hipoteca en buena medida el gasto del sexenio 2024-2030 y bajo las condiciones actuales de alza de los intereses, el servicio de la deuda no deberá de ser la carga maldita.