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Rosa de los Vientos del 05 de abril de 2023, por Israel López Chiñas

  • Foto del escritor: La Noticia al Punto
    La Noticia al Punto
  • 5 abr 2023
  • 6 Min. de lectura


La “nueva nacionalización eléctrica”, golpe maestro de AMLO que reditúa en lo político y calma a Estados Unidos y Canadá.


Un solo sexenio le ha bastado a Andrés Manuel López Obrador para equipararse ante el pueblo como el único que ha seguido los pasos de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, replicando, así sea en una proporción limitada, acciones para retornar al Estado Mexicano el control sobre el sector energético, así sea que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad presenten números rojos.


Ayer, de forma sorpresiva y temprana, la multinacional de origen español, Iberdrola, dio a conocer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que las filiales Iberdrola Generación México e Iberdrola Renovables México habían suscrito “un acuerdo de intenciones con la sociedad participada por el Estado mexicano Mexico Infrastructure Partners (MIP) para que un fideicomiso privado gestionado por MIP adquiera la totalidad del capital de varias sociedades como titulares de centrales de generación”.


La empresa, una de las más poderosas del mundo, se rendía ante el estado de sitio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le había bloqueado proyectos, hecho juicios y promovido sanciones millonarias en tribunales, para renunciar a 80 por ciento de sus activos en México por 6 mil millones de dólares. La noticia, en un principio, apuntó a que esta participación en el mercado mexicano estaría a disposición de empresas privadas.



Sin embargo, poco después, desde Palacio Nacional, sobrevino lo sorprendente. El comprador no serían inversionistas del sector privado, sino el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a través de un fideicomiso privado, gastaba 6 mil millones de pesos para transferir íntegras las plantas de energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad.


Y no perdió la oportunidad el presidente mexicano, López Obrador, para equipararse a Adolfo López Mateos y asegurar que su intervención en el mercado energético privado, era una “segunda nacionalización” al pasar a manos del Estado Mexicano trece proyectos de Iberdrola, que significan más del 10 por ciento de la energía eléctrica consumible en México. Ciertamente un hito en la historia del país en las 4 últimas décadas.


De acuerdo con la información técnica que había entregado la multinacional, la capacidad instalada total sujeta a la transacción es de 8 mil 539 megavatios (MW), de los que 8 mil 436 corresponden a ciclos combinados de gas y 103 a un parque eólico terrestre.


Los activos que forman parte de la transacción son los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, además del parque eólico terrestre La Venta III.



La jugada resulta poderosa e importante para el mandatario, no sólo por reafirmar su posición ante sus seguidores como un nacionalista, sino porque de golpe aumenta la generación de energía eléctrica “limpia” estatal, cumpliendo una parte de los compromisos signados por México en el orden internacional y, sobre todo con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, en esa materia. Como se recordará, con John Kerry, enviado del presidente Joe Biden, en materia ambiental, hubo el compromiso de tener más energía limpia en el corto plazo. Bueno, se ha cumplido con ello.


La gran duda es de dónde sacará el gobierno mexicano esos 6 mil millones de dólares que ha adquirido como compromiso de pago a los inversionistas extranjeros. Y qué pasará con los demás proyectos privados, precisamente cuando los intereses de Estados Unidos, vía el T-MEC, están por alcanzar un panel de arbitraje, ante la política energética de AMLO.


La deuda puede ser un problema a mediano plazo, si se suma al alza de pasivos nacionales en el sexenio y el excesivo gasto gubernamental en políticas sociales, mientras se agotan los ingresos fiscales duros y que no se habían cobrado antes, además de que debe ponerse fin a la administración de fondo negro en la CFE que reporta números a la baja.


Sin embargo, la nacionalización de los activos en México de Iberdrola, al menos de su 80 por ciento, podría ser la llave maestra para romper el cerco estadounidense, por lo menos en el corto plazo.


Con lo adquirido, de acuerdo a los datos del gobierno de la 4T, más lo que se tiene y se está construyendo, al final del sexenio, el gobierno mexicano estaría controlando más de 65 por ciento de la producción nacional eléctrica, “lo cual significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental como es la CFE a fin de garantizar el abasto permanente de energía eléctrica”, afirmó el presidente López Obrador.


Con esas cifras, de acuerdo con la visión de AMLO, los proyectos de energía estadounidenses ya no le serían una amenaza y los tendría “controlados” con la nueva legislación eléctrica. Es decir, podría ofrecer garantías a Estados Unidos y a Canadá de que no se tocarán sus inversiones actuales y terminaría el pleito, además de que la energía, en todo caso, será plenamente norteamericana, con participación mínima de Europa.


Y para Iberdrola, bueno, no pierde del todo. En realidad recupera dinero que necesita para fortalecer su participación en Sudamérica, curiosamente, con apoyo de otro gobierno de izquierda, que ve y opera diferente, Brasil…



Topografía política.

Altimetría. Basta de lo mismo.


Aunque el despliegue de personal de seguridad pública en el territorio nacional impacta necesariamente a la población, sin embargo, no es garantía de que está suministrando seguridad pública y encarando la inseguridad y la impunidad.


La Federación, las 32 entidades y los municipios, tienen la ineludible obligación de auxiliar vacacionistas como medida preventiva, aunque deberán caer en la cuenta de que la violencia y falta de justicia tendrán que “atenderse vinculados” como les mandata la Constitución General de la República.



La Federación que cuenta con las Fuerzas Armadas: Ejército Mexicano, Fuerza Área, Marina Armada y Guardia Nacional, no deberán imponer sus reales, sino tener el pleno conocimiento de las condiciones de cada una de las 32 entidades y el trabajo de inteligencia suficiente para poder conducir el personal, que incluye fuerza policial local y municipal, pues el despliegue de los elementos federales de una manera univoca resulta una demostración de fuerza de las tropas dejando intocado el problema.


Sólo para mostrar parte del problema, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, los encargados de la Seguridad Nacional y Seguridad Pública le declararon la Guerra al Narco, se habló fuertemente sobre la conquista del terreno que ocupa la delincuencia organizada en todas las entidades; pero ni por asomo se preocuparon por la consolidación del terreno. Se conquistaban muchos espacios como lugares y zonas; pero no se conseguía ese gran objetivo el terminar con la inseguridad. Vino después el refuerzo concebido como la restitución del tejido social, actividades que se les dejaron a los gobiernos estatales y municipales.



En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde la época de Alfonso Durazo Montaño en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien hiciera “mancuerna” con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se le apostó a los impactos mediáticos como una consigna de Palacio Nacional, empezando con la Estrategia “Abrazos no Balazos” que está marcando el sexenio con más homicidios dolosos, asesinatos que se han venido multiplicando y produciendo otros delitos. Y sobrevino la demostración de fuerza como el exceso de las columnas volantes; especie de desfile del personal para recrear la esperanza de los sectores sociales de que las Fuerzas Armadas y la GN los protegen.


Ahora, para los últimos 17 meses del sexenio de la Transformación, es impostergable que los asesores de AMLO en materia de seguridad, empezando por el general-secretario de SEDENA, le notifiquen que no existe ninguna condecoración para los Jefes de gobierno que no impongan la paz social en el territorio que protestaron llevarlo a cabo.


Si los militares de alto rango y los encargados de la Guardia Nacional no se atreven en poner en manos del Jefe Nato información necesaria para enfrentar la violencia con éxito a fin de erradicar la inseguridad, van a correr el riesgo de ser señalados responsables del gran fracaso que se avecina porque revertir los resultados no es posible en los meses que restan ni tampoco los discursos podrán superar la ineficiencia en la conducción de fuerzas ni las entidades aceptarán la responsabilidad ni tampoco los municipios, olvidados, que no han sido tomados en cuenta.



La información oficial de momento: Durante la Semana Santa la Guardia Nacional desplegó 8 mil 524 elementos en sitios turísticos y carreteras, a fin de suministrar seguridad pública. Operativo del periodo vacacional.


Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), desveló que el despliegue, que ya comenzó, se realiza principalmente en las áreas turísticas, en los puertos de Mazatlán, Vallarta, Acapulco, Tulum, Cancún y Veracruz.


Además, 4 mil 724 elementos están enfocados en los destinos turísticos y 3 mil 800 en las carreteras, quienes disponen de 6 helicópteros, lanchas, cuatrimotos como otros tipos de vehículos. La estrategia arrancó el 1 de abril y se mantendrá hasta el 16 del mes.


Al calce. Los estados y municipios harán sus esfuerzos de una manera particular porque la Federación tiene el “sartén por el mango” debido a que tiene más recursos y se ofrecerse como respuesta a la seguridad.


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