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Con el objetivo de analizar y conocer los alcances de la iniciativa de reforma integral al Código Penal del Estado, presentada el pasado mes de mayo por diputadas y diputados de Acción Nacional, se llevó a cabo el Foro “Proporcionalidad de la Penal como Principio Constitucional”, donde participaron especialistas en la materia.
Durante el evento organizado por el Grupo Parlamentario del PAN, la legisladora Cristina Márquez Alcalá destacó que el principio de proporcionalidad es fundamental en los procesos de impartición de justicia, ya que permite que el castigo impuesto se alinee con la gravedad de la ofensa cometida.
“En Guanajuato se ha ido perfeccionado nuestro Código Penal atendiendo siempre al principio de proporcionalidad, pero ello no significa que no haya espacio para construir un planteamiento que sea acorde a la necesidad de contar con tipos penales claros, que se castigue con mayor severidad los delitos que laceran a la sociedad, y que faciliten la acción de las y los funcionarios, acercando la justicia a las familias de las víctimas y a la sociedad”, afirmó.
La también presidenta de la Comisión de Justicia apuntó que, bajo esta perspectiva, el GPPAN realizó una revisión integral, técnica y profesional al código, a fin de adecuarlo conforme al principio de proporcionalidad.
La congresista reafirmó el compromiso de las y los diputados del PAN de escuchar a la sociedad, y de trabajar con toda responsabilidad y profesionalismo, para que los guanajuatenses cuenten con una herramienta jurídica que les facilite el acceso a la justicia.
El presidente del Poder Legislativo, el diputado del PAN Miguel Salim, refirió que el primer llamado a la justicia exige la reparación del daño a las víctimas y las penas deben corresponder al agravio que se les ha provocado, “las reformas que se han impulsado en los últimos años, en esta materia, han tenido como eje rector la protección integral de los derechos de la persona que es víctima del delito”.
El representante del Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Miguel Valadez Reyes manifestó que corresponde al legislador la primera tarea de establecer la pena mínima y máxima que debe aplicarse cuando la conducta constituye un delito y estas deberán ser acorde al bien que se protege.
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