De enero de 2019 a mayo de 2024, las corporaciones de seguridad acumularon 4 mil 800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, según el informe presentado por Causa en Común este miércoles en el Senado de la República.
Ante esta situación, el organismo propuso desmilitarizar la seguridad pública y crear una corporación policial federal de carácter plenamente civil. También recomendó restablecer e incrementar los presupuestos federales y locales para el desarrollo policial, estableciendo objetivos y auditorías a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
María Elena Morera, directora general de Causa en Común, subrayó que el actual proyecto de seguridad es inútil para enfrentar a las organizaciones criminales y resulta incompatible con el sistema democrático del país. Resaltó la importancia de sumar esfuerzos y perspectivas desde la sociedad civil para implementar una estrategia de seguridad eficaz, civil y respetuosa de los derechos humanos.
Morera criticó la creciente opacidad gubernamental que impide la supervisión ciudadana de los procesos de militarización promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando que las fuerzas armadas han asumido el control de instituciones, presupuestos y obras civiles.
El Senador Emilio Álvarez Icaza alertó sobre las condiciones de extraordinaria opacidad en materia de seguridad y advirtió que la contrarreforma al artículo 129 constitucional pretende otorgar una esfera de acción ilimitada a las corporaciones de seguridad en tiempos de paz. Icaza enfatizó las acciones en detrimento de instituciones civiles y el uso de estas corporaciones como instrumento contra el Poder Judicial.
Carla Erika Ureña, abogada y activista, destacó que después de cinco años aún no se conocen las directrices bajo las cuales opera la Guardia Nacional ni sus objetivos. Lamentó que el país avance hacia un escenario en el que las corporaciones de seguridad estarán presentes en todos los aspectos de la vida civil, sin vías institucionales para el acceso a la información ni una instancia que regule y vigile su desempeño.
El informe y las declaraciones realizadas subrayan la necesidad urgente de una reforma en la estrategia de seguridad pública en México para garantizar el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el actuar de las corporaciones de seguridad.
Por Angel Soto
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