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Foto del escritorLa Noticia al Punto

Programa “jóvenes construyendo el futuro” elevado a rango constitucional: Un avance para la juventud de México

La Cámara de Diputados dio un paso importante para la protección de los derechos de los jóvenes en México al aprobar, por unanimidad, la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF). Esta iniciativa, que busca otorgar una oportunidad laboral y formativa a las personas de entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian, fue avalada con 473 votos a favor, convirtiéndose en un referente de apoyo para esta población vulnerable.



Un Programa con Impacto Nacional

Jóvenes Construyendo el Futuro, creado en 2019, ha sido uno de los programas insignia del actual gobierno, ofreciendo una beca equivalente a un salario mínimo durante 12 meses a jóvenes que participan en procesos de capacitación en diferentes centros de trabajo. Durante este tiempo, los beneficiarios adquieren habilidades y experiencia laboral con la finalidad de aumentar sus posibilidades de integrarse al mercado formal de empleo.


Hasta el 30 de junio de 2024, el gobierno mexicano ha invertido más de 115 mil millones de pesos en el programa, beneficiando a casi 3 millones de jóvenes. De acuerdo con las cifras proporcionadas por los legisladores durante la sesión, alrededor del 62% de los participantes han conseguido empleo al finalizar su capacitación, y la cifra asciende a un 68% si se incluye a aquellos que decidieron regresar a estudiar.


Debate y Aprobación de la Reforma

Aunque la iniciativa no generó controversia significativa, varios diputados aprovecharon la ocasión para expresar reservas y realizar propuestas. Durante el debate, se presentaron un total de 175 reservas al dictamen, expuestas por 42 oradores de distintas bancadas. La mayoría de estas intervenciones se utilizaron para resaltar los beneficios del programa y la importancia de su consolidación en la Constitución.


La sesión fue presidida por el vicepresidente de la Mesa Directiva, debido a la ausencia de la presidenta, Ifigenia Martínez. Durante las intervenciones, legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la necesidad de incluir el programa en la Carta Magna, destacando cómo ha contribuido a combatir la estigmatización de los jóvenes “ninis”, aquellos que ni estudian ni trabajan. Según los diputados, gobiernos anteriores habían ignorado las necesidades de esta población, lo que resultaba en exclusión social y pocas oportunidades para su desarrollo.


Críticas y Propuestas de la Oposición

Aunque la mayoría de los legisladores apoyó el dictamen, varios diputados de la oposición manifestaron inquietudes sobre su implementación. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez y Verónica Martínez, señaló que la Auditoría Superior de la Federación había identificado irregularidades en el programa al cierre de 2023, incluyendo el involucramiento de empresas fantasma, duplicidades en los padrones y la exigencia de “moches” por parte de ciertos empleadores.


Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) argumentó que la reforma no era lo suficientemente ambiciosa. Propuso que el apoyo económico se extendiera a todos los jóvenes en situación de vulnerabilidad, no solo a quienes no estudian ni trabajan, y que se implementaran incentivos adicionales para las micro y pequeñas empresas creadas por jóvenes. Asimismo, consideraron crucial que se incluyeran medidas para garantizar la seguridad social y el acceso a la vivienda para los beneficiarios del programa.


Un Paso hacia la Inclusión de la Juventud

Tras casi siete horas de debate, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular en una sola votación, dado que se trataba de una modificación a un solo artículo de la Constitución. La aprobación del dictamen fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.


El reconocimiento constitucional de Jóvenes Construyendo el Futuro es visto como un avance significativo para consolidar el derecho de los jóvenes a recibir capacitación laboral con un respaldo económico. Al elevar este programa a rango constitucional, se garantiza su permanencia y continuidad en los futuros gobiernos, blindando los esfuerzos por reducir la desigualdad y fomentar la inclusión social.


Desafíos por Resolver

A pesar del éxito del programa en términos de alcance y participación, los retos no han desaparecido. Las irregularidades reportadas y las críticas de la oposición evidencian la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos y la implementación de mecanismos para prevenir abusos. Asimismo, persiste el desafío de ampliar los beneficios del programa para que alcance a un número mayor de jóvenes en todo el país y en distintos niveles socioeconómicos.


Este avance legislativo, aunque significativo, es solo el comienzo de un proceso más amplio para integrar de manera efectiva a los jóvenes en el desarrollo económico de México, asegurando que puedan construir un futuro con mayores oportunidades y estabilidad laboral.

Por Cadena Política


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