Este lunes, la Magistrada Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, emitió una seria advertencia acerca de los riesgos que implicaría recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación en México. Durante una sesión conjunta con los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Piña Hernández destacó la amenaza que un posible recorte presupuestario podría suponer para el Estado de Derecho.
"El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad sino (que) nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho", advirtió la ministra.
Asimismo, la también presidenta del CJF alertó que afectará la función jurisdiccional a través de destinar menos dinero, en realidad pone en riesgo a los ciudadanos.
"Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos", sostuvo.
Por esta razón, la ministra hizo un llamado urgente al Congreso para que cumpla con sus responsabilidades y otorgue los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.
"Proteger el acceso a la justicia de los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”, señaló.
Piña subrayó enfáticamente a los diputados que es esencial poner a los ciudadanos en el centro de la distribución presupuestaria.
"El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones", concluyó la magistrada presidenta de la SCJN.
Por Alejandra Martínez
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