Oposición advierte sobre los riesgos de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena

Después de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma que propone incorporar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la oposición ha manifestado su preocupación por los riesgos que dicha decisión podría traer consigo.

Entre las principales inquietudes destacan el posible incumplimiento de tratados internacionales que prohíben la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como la mezcla de funciones entre la Guardia Nacional y el Ejército. También se menciona el riesgo de un aumento en el abuso de poder, la falta de estrategias claras para garantizar la seguridad, y la pérdida de confianza de la ciudadanía.

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de Movimiento Ciudadano, afirmó que esta reforma viola el límite democrático que establece el artículo 129 de la Constitución, el cual restringe el uso de las Fuerzas Armadas en actividades civiles como la seguridad pública. "De ser aprobada, esta reforma presentará una militarización absoluta y permanente de la seguridad pública a nivel federal", advirtió.

Por su parte, Mario Calzada Mercado, diputado del PRI, señaló que la creación de la Guardia Nacional en 2019 surgió como una respuesta del Estado ante la crisis de seguridad pública, pero los resultados no han sido los esperados. "La integración de la Guardia Nacional a la Sedena la convertiría en una institución militar, lo cual tendrá serias implicaciones para la seguridad y estabilidad del país", expresó.

El diputado del PAN, David Alejandro Cortés Mendoza, también destacó que las tareas de seguridad pública no deben mezclarse con las labores militares. "Mientras que un militar es entrenado para defender la soberanía nacional, los integrantes de la Guardia Nacional tienen funciones específicas en la preservación del orden público y la paz social", explicó.

A este argumento se sumó Andrés Mauricio Cantú Ramírez, diputado del PRI, quien insistió en que la seguridad pública debe estar en manos de civiles que comprendan las necesidades de la población, y no en las del Ejército.

Finalmente, los diputados Víctor Samuel Palma César (PRI) y Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) resaltaron que esta reforma podría violar tratados internacionales al permitir que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de seguridad pública. Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que acudirán a instancias internacionales para detener la militarización del país.

Por Carlos Aguilera

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