ONU cuestiona a México por impunidad y omisiones en casos de migrantes: persiste deuda con las víctimas
- La Noticia al Punto
- 13 abr
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El Estado mexicano fue evaluado esta semana en Ginebra por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Durante la sesión, el organismo internacional expresó una profunda preocupación por la falta de avances en justicia, verdad y reparación para las víctimas migrantes y sus familias.
La revisión dejó en evidencia la insuficiente respuesta de México ante múltiples cuestionamientos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos. Uno de los temas centrales fue la impunidad persistente en casos emblemáticos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando (2010), las fosas clandestinas encontradas en la misma localidad en 2011, y la masacre en Cadereyta (2012). A pesar de la gravedad de estos hechos, las autoridades mexicanas no ofrecieron información concreta sobre avances en las investigaciones, identificación de víctimas o sanción de responsables.
De acuerdo con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la representación del Estado mexicano se limitó a mencionar procesos judiciales en curso, sin detallar resultados tangibles. En algunos casos, se han dictado sentencias por delitos relacionados con delincuencia organizada o portación de armas, pero no por los asesinatos, secuestros o tortura de los migrantes.
Durante la evaluación, el Comité de la ONU solicitó información específica sobre las medidas adoptadas para investigar estos crímenes, fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y poner en marcha la Mesa de Búsqueda de Migrantes, pendiente desde hace tres años. Ninguna de estas solicitudes obtuvo respuesta por parte del Estado.
Organizaciones civiles que colaboraron en la documentación entregada al Comité denunciaron también detenciones arbitrarias, deportaciones, militarización de la política migratoria, racismo, discriminación y la falta de acceso a la justicia. Además, resaltaron que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el Instituto Nacional de Migración (INM) participaron en el proceso de evaluación, pese a ser actores clave.
También se presentaron casos recientes como la masacre de 17 migrantes en Camargo (2021), el asesinato de Cristóbal Cobreiro por la Guardia Nacional en Chiapas, la muerte de Victoria Salazar en Tulum, Quintana Roo, y el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023. Exceptuando el caso de Camargo, donde fueron condenados 12 policías, la mayoría de estos crímenes continúan impunes.
El Comité de la ONU expresó su preocupación por el enfoque militarizado en el control migratorio, señalando que este modelo ha generado más violencia y vulneraciones a los derechos de las personas en movilidad.
Será el próximo 15 de abril cuando el Comité emita su informe final con recomendaciones puntuales para el Estado mexicano. Mientras tanto, organizaciones civiles reiteran que existe una deuda profunda con las víctimas migrantes y sus familias.
Por Diana Ochoa
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