La seguridad es, sin duda, una de las principales preocupaciones en Guanajuato y en todo el país. Día con día, los ciudadanos exigen soluciones efectivas para frenar la delincuencia y garantizar la justicia. Ante este panorama, surge una propuesta que abre un debate profundo: otorgar facultades de investigación a la policía estatal y, en algunos casos, a las policías municipales.
A primera vista, la idea parece lógica. Si las policías son las primeras en llegar a la escena del crimen, si conocen el territorio y tienen contacto directo con la ciudadanía, ¿por qué no darles mayores
herramientas para investigar? En teoria esto podria permitir agilizar los procesos y robustecer los casos que llegan a los tribunales. Pero, como en todo, el problema no es solo el "qué", sino el "cómo".
Hasta ahora, la investigación criminal ha sido una tarea exclusiva de las fiscalías, porque es su labor garantizar que la recolección de pruebas, el seguimiento de líneas de investigación y la integración de los expedientes se hagan con el rigor que exige la ley. ¿Qué pasaría si las policías inician sus propias investigaciones sin un marco normativo claro? El riesgo de que se generen versiones contradictorias o que las pruebas sean desestimadas por un juez es alto.
Aquí radica la verdadera pregunta:
¿estamos preparados para dar este paso? Porque más allá de aprobar una reforma, lo que realmente marcará la diferencia será la capacidad de ejecución. ¿Tienen las policías estatales y municipales la formación necesaria para asumir esta responsabilidad? ¿Se les dotará de los recursos suficientes para hacerlo con transparencia y eficiencia? ¿Se garantizará que esta nueva facultad no se preste a abusos o malas prácticas?
No podemos permitir que una buena intención termine debilitando el sistema de justicia en lugar de fortalecerlo. Si queremos dar más facultades a la policía, primero debemos asegurarnos de que cuentan con la capacitación, los protocolos y la supervisión adecuados. Solo así podremos avanzar sin correr el riesgo de dar un paso en falso.
Este no es un tema menor. La seguridad y la justicia no pueden depender de decisiones improvisadas o de soluciones apresuradas. Es momento de reflexionar, con seriedad y responsabilidad, sobre qué tipo de instituciones queremos construir y qué impacto tendrán estas reformas en la vida de los ciudadanos. Porque la lucha contra la delincuencia no solo se trata de actuar rápido, sino de hacerlo bien.
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