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En la madrugada del 14 de agosto, el exgobernador poblano Mario Marín ingresó a su domicilio a bordo de una camioneta tipo Van, escoltado por tres patrullas de la Guardia Nacional. El convoy fue recibido por un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores de la avenida San José Xilotzingo, una importante arteria vial al sur de la capital del estado de Puebla.
Marín, quien fue gobernador de Puebla entre 2005 y 2011, enfrentará su proceso judicial en arraigo domiciliario, una medida dictada por la juez Segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, el pasado sábado. La decisión judicial establece que el exmandatario deberá permanecer en su domicilio, monitoreado con un brazalete electrónico que permitirá a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares localizarlo y asegurar que no abandone su hogar. Además, se le confiscó su pasaporte y visa, prohibiéndole salir del país.
Sin embargo, la implementación de la prisión domiciliaria se vio retrasada, lo que llevó a la juez Ortuño a amonestar al Coordinador General de Control Penitenciario por la demora. En su dictamen, la juez subrayó la necesidad de que las autoridades competentes gestionen y reporten de manera inmediata los resultados de los oficios emitidos para garantizar el cumplimiento de la medida.
Uno de los motivos detrás de la demora fue la verificación de posibles órdenes de aprehensión pendientes contra Marín. Hasta el momento, 15 dependencias estatales de procuración de justicia no han informado si existen investigaciones en curso contra el exgobernador, aunque cualquier notificación será entregada en su domicilio.
Por Amanda Pérez
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