El secretario de seguridad de León cumple tres años en el cargo, dos con López Santillana y el último ratificado por la actual alcaldesa; lo envuelven polémicas por violaciones a ddhh, alta inseguridad y más de 350 bajas en la corporación, pero tiene un padrino poderoso: el gobernador Diego Sinhue, de quien fue jefe de escoltas
* Información de Melissa Esquivias y Martha Silva
Portada y producción: Juan José Plascencia
Contra todo pronóstico y pese al inquietante panorama de inseguridad y derechos humanos en León, Mario Bravo Arrona acumuló tres años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio más poblado del estado. Con el único antecedente remarcable de haber sido jefe de escoltas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, el secretario de seguridad romper el umbral que significa el cambio gobierno local, donde la permanencia con el respaldo político de la alcaldesa entrante.
Aunque cuenta con el respaldo político de la alcaldesa, la ratificación de Bravo Arrona vino acompañada de la creación de una nueva figura en la Secretaría, responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos dentro y fuera de la corporación, como una especie de marcaje personal. En esta comisión fue nombrado el ex subprocurador de derechos humanos, Víctor Aguirre Armenta, quien sin importar la relevancia de su función, ha mantenido un bajo perfil, mientras los abusos de poder siguen ocurriendo.
Mario Bravo Arrona y su colaborador (izq), Jorge Guillén. Foto: especial.
A tres días de tomar protesta como presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que, pese a los antecedentes negativos como incremento en los índices de inseguridad y violaciones constantes a los derechos humanos de la ciudadanía, Mario Bravo Arrona lideraría de la nueva SSP. En aquel momento, el titular de la dependencia acumuló 205 quejas ante la Prodheg cometidas por policías, tránsitos y personal de la Secretaría en un período de dos años. Personas defensoras ya advertían el alarmante incremento de estas prácticas que, del 10 de octubre al pasado 30 de mayo han sumado 48 quejas más al registro, principalmente por ejercicio indebido de la función pública.
La crisis se extiende y resalta en el ámbito delictivo. Con picos mensuales que rebasan los 90 asesinatos, durante el trienio de Mario Bravo Arrona frente a la SSP, los leoneses han sido testigos de 1 mil 821 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Sin embargo, registros extraoficiales documentados por los medios de comunicación reportan más de 2 mil 300 asesinatos en ese mismo lapso.
Mientras en el discurso, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez respalda a su secretario ante el cuestionamiento de la prensa, pues asegura “es muy rápido para poder estar evaluando”.
El pasado 2 de junio, la presidenta justificó 77 asesinatos perpetrados durante mayo -65, según el SESNSP- el mes más violento en lo que va del año y de su administración- con el argumento de que “desde décadas atrás siempre ha habido picos” . Mientras, especialistas en la defensa de los derechos humanos percibieron nulos resultados en materia de prevención social del delito, enfoque “reforzado” por la SSP desde octubre pasado.
“Llevamos 8 meses en la administración, (Mario Bravo Arrona) tiene 8 meses trabajando conmigo. Recordemos que desde un inicio se cambió el modelo de seguridad, cambiando la parte legal, cambiando la forma de operar (...) Es muy rápido para poder estar evaluando porque tenemos un nuevo modelo de seguridad con nueva forma de trabajar y lo que queremos fortalecer es la parte de prevención social del delito”, reiteró Alejandra Gutiérrez.
No obstante, el pasado abril la presidenta, acompañada de Mario Bravo Arrona y otros funcionarios de la Secretaría acudieron a Estados Unidos a obtener la certificación “Triple Arco” de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), que tiene un costo anual de 16 mil dólares y no contempla evaluaciones en materia de derechos humanos.
Policías bajo fuego
Del 27 de junio de 2019 a la fecha, al menos 19 agentes municipales y 3 expolicías han sido asesinados .
El 20 de octubre de 2021, diez días después de que tomó posesión Alejandra Gutiérrez como alcaldesa, la SSP de León apareció no uno sino tres ataques simultáneos contra puestos de vigilancia policial: el peor, en la caseta del bulevar Mariano Escobedo, en León II , con saldo de un agente muerto y dos heridos, además, una trabajadora social resultó lesionada y cinco meses después (marzo de 2022), murió.
Este año la Policía leonesa ha perdido a otros dos agentes: el 21 de abril balearon a un oficial municipal después de terminar su turno, el otro fue víctima de homicidio culposo: fue atropellado a bordo de su motocicleta en la carretera Silao-León, el pasado 22 de mayo.
Arbitrariedades sin control
De acuerdo a un registro obtenido vía transparencia, la SSP de León tiene al menos 253 expedientes de queja ante la PRODHEG cometidas por agentes y/o personal de esa institución desde que la dirige Mario Bravo Arrona.
Destacan las 138 denuncias por ejercicio indebido de la función pública, que representan el 54.5 por ciento.
Del total de estas quejas, el organismo emitió seis recomendaciones a la corporación en igual número de categorías: Por violaciones al derecho a la Seguridad Jurídica; Al derecho al trabajo, específicamente al trato digno; Al derecho de libertad de expresión; Al derecho de libertad y seguridad personal; Al derecho a la integridad personal; y Al derecho de Niñas, Niños y Adolescentes.
Solo la mitad de las recomendaciones fueron aceptadas por la SSP: una ya fue cumplida y dos más siguen pendientes. En la solicitud de información no se brindaron detalles de esto último.
Cursos pagados, deuda de aprendizaje
De acuerdo con documentos obtenidos por POPLab vía transparencia, el gobierno leonés recibió 33 millones 753 mil 955 pesos del Fortaseg 2020, último año que ese programa federal estuvo vigente.
Ese año, el Municipio dio un contrato por 621 mil 600 pesos a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública (AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIO DE COLABORACIÓN/19/2020) para impartir a los elementos policiacos una capacitación en materia de derechos humanos, con duración de 40 horas.
Jorge Guillén Rico, director general de la Policía Municipal, habilitado como responsable de la ejecución y seguimiento de las obligaciones derivadas de dicho convenio.
Aunque el contrato se hizo para la capacitación de 168 elementos, habrían tenido sólo 119 agentes, según las listas de inscripción, asistencia y calificación.
En el curso de derechos humanos habrían recibido 168 elementos, pero la evidencia desde Transparencia muestra que sólo se inscribieron 119.
El último de los tres grupos en capacitación terminó el 21 de agosto de 2022, un día antes de que la corporación detuviera violenta y arbitrariamente a una veintena de mujeres tras una movilización feminista , que exhibió a los agentes de la Policía de León perpetrando abusos durante las detenciones y después se les acusó de tortura y agresión sexual , incluso a adolescentes . Lo irónico fue que dicha marcha fue para denunciar precisamente la agresión sexual de dos policías contra Evelyn, una joven cuya única “falta” fue quedarse sola dentro de un vehículo estacionado en Plaza Expiatorio.
Policías reprimieron a feministas, concluye Derechos Humanos
Respecto a la actuación de mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León durante y después de la marcha feminista del 22 de agosto de 2020, la Prodheg emitió su resolución del Expediente de queja 108/20-A, donde menciona:
La falta de un protocolo reglamentario y de estrategia previa antes de desplegar el operativo; la violación de los derechos de adolescentes a las que se detuvo y comparecieron ante un juez cívico que nunca llamó a padres o tutores e ignoró denuncias de abusos sexuales contra policías; además de la Obstrucción y violaciones a la libertad de reunión de 22 mujeres detenidas -participantes y no participantes-; de libre expresión y del ejercicio periodístico en el caso de cuatro reporteras.
La oficina del ombudsperson informó también que la SSP ocultó evidencia : los videos de esa noche en las cámaras en las instalaciones de Seguridad Pública a donde fueron llevadas las personas arrestadas, no fueron entregadas.
Represión de la protesta feminista #22A, al fondo, con cubrebocas, el director de seguridad pública de León, Jorge Guillén Rico. Foto: periódico AM
La resolución firmada por el procurador Vicente Esqueda Méndez no fue dirigida al entonces alcalde Héctor López Santillana, sino a su subalterno Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León , a quien se le pide gire instrucciones para que se inicien o continúen procedimientos para deslindar responsabilidades administrativas por acciones u omisiones de todos los funcionarios que intervinieron en los hechos, en las detenciones y el traslado de las jóvenes.
Por estos hechos, tanto las mujeres agredidas ese 22 de agosto como colectivas feministas han exigido a las autoridades la renuncia de Mario Bravo, el cumplimiento de acuerdos y dejar de lado la simulación.
La represión a las feministas en 2022 no es el único caso de brutalidad policiaca en el municipio, hay otras denuncias ante Prodheg, como la revisión arbitraria y agresión sexualmente a tres mujeres , una de ellas, adolescente con discapacidad intelectual, en la colonia Vista Hermosa el 3 de enero de 2021, además de la de dos residentes en la colonia Valle de la Luz, padre e hijo, que el 17 de octubre de ese año fueron brutalmente golpeados por policías municipales sin motivo aparente.
Mario Bravo, parte del problema
En entrevista para POPLab , integrantes de la colectiva Alumnas en Sororidad de la Universidad de Guanajuato manifestaron que, a 6 meses de lograr entablar un diálogo con autoridades municipales donde exigieron a la presidenta Alejandra Gutiérrez Campos la destitución del titular de la SSP, no han existido mayores intenciones por conocer las demandas de esta y otras colectivas feministas en materia de seguridad.
Las mujeres reiteraron que la solicitud de remover del cargo a Mario Bravo Arrona data de la participación u omisión del funcionario en los hechos del 22 agosto de 2020, donde más de 20 jóvenes fueron golpeados y detenidos de manera arbitraria tras una protesta, donde se denunció de manera pública un caso de abuso sexual perpetrado por policías municipales.
“No sentimos realmente un interés por escuchar nuestras demandas, porque en primera instancia el secretario de Seguridad sigue en el cargo y definitivamente no creemos que por él no haya pasado la orden de actuación policiaca en la que agredieron de diversas formas a nuestras compañeras en agosto de 2020”.
Como un mando que “muestra su apuesta por el punitivismo y está completamente lejano de las circunstancias sociales”, los integrantes de la colectiva describieron a Mario Bravo Arrona, quien llegó a la corporación del municipio más poblado de Guanajuato en 2019, tras desempeñarse como jefe de escoltas del gobernador Diego Sihue Rodríguez Vallejo. Para esta colectiva, el problema de fondo de la policía municipal no tendrá solución ni con protocolos de actuación ni con cursos o talleres de sensibilización. “Ha llegado el número de policías en la calle, pero también las detenciones arbitrarias y el abuso de poder”.
“La causalidad de los abusos policiales parece venir de esa cultura policial que por años ha existido: la corrupción, tanto de fuerzas policiales, funcionarios y servidores públicos, como del abuso del poder público para beneficios privados, con nepotismo y uso de información privilegiada” .
Desde la llegada de Alejandra Gutiérrez Campos a la presidencia municipal, los canales de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública con la y medios de comunicación se tornaron más estrechos, al grado de bloquear el flujo de información acerca de detenciones o de alto impacto .
“Además de ver tal cual abusos policiales de forma más reiterada vemos también prácticas de impedimento en el acceso a la información de detenciones, desapariciones forzadas, en casos donde además de detener a las personas por perfilamientos sociales abusan de ellas física, sexual y psicológicamente para después "soltarlas" sin que dé a conocer su paradero. Esto comienza a ser un patrón”.
Secuela de los errores de ayer
Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, calificó el periodo de ratificación de Mario Bravo Arrona -que abarca del 10 de octubre de 2021 a la fecha- como “una continuación de la mala administración anterior”. Para el académico la reciente creación de la figura de un comisionado de seguridad, en teoría responsable de procurar el respeto a los derechos humanos tampoco ha marcado la diferencia en el actuar de la SSP, desde el periodo de formación de los policías hasta
“La novedad que se planteó en octubre con la llegada de Víctor Aguirre Armenta era la creación de esta figura nueva del comisionado de seguridad que ha estado ausente del proceso de implementación de protocolos, de capacitación, del proceso más operativo del trabajo de la SSP ( ...) Tampoco hay evidencia de que haya un avance en el término de formación para los cadetes”, declaró.
La Plataforma por la Paz y la Justicia ha seguido desde octubre pasado el caso de la familia Torres , ocurrido en la colonia Valle de la Luz, donde dos hombres de 19 y 47 años fueron brutalmente golpeados por al menos 8 policías municipales. Tras la agresión, las víctimas denunciaron ante la Fiscalía estatal y la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, además de presentar una queja contra la corporación en la PRODHEG. Ninguna de las instancias ha mostrado avances para la familia.
Lo mismo ha ocurrido en el caso de las tres mujeres agredidas por policías en la colonia Vista Hermosa. De acuerdo a una de las víctimas, el progreso en las investigaciones es nulo.
El caso de Valle de la Luz, que marcó la ratificación de Mario Bravo Arrona, es solo un botón de muestra de los 253 expedientes de queja abiertos por la PRODHEG entre el 27 de junio de 2019 y el 30 de mayo de 2022. Aunque organizaciones como la Plataforma y colectivas feministas han solicitado al gobierno municipal que los elementos sujetos a investigación sean suspendidos sin goce de sueldo, desde el cabildo no se ha empujado la modificación a los reglamentos internos.
Nota tomada de la Columna de POPLab