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En un contexto de intensas discusiones y protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido con firmeza la reforma al Poder Judicial, asegurando que el principal objetivo es eliminar la corrupción en los juzgados del país. Durante la inauguración del Parque Nacional del Jaguar en Tulum, Quintana Roo, el mandatario, acompañado de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la iniciativa es clave para desterrar prácticas corruptas en los tribunales y transformar el sistema judicial.
La propuesta: jueces electos por el pueblo
López Obrador planteó una fórmula que, según él, garantizaría la transparencia y evitaría la corrupción: permitir que los ciudadanos elijan a jueces y magistrados de manera directa, como ocurre con otras figuras públicas en el sistema electoral. “Así como se elige a los presidentes municipales, a diputados locales, a los senadores, diputados federales, a los gobernadores, así como se elige al presidente, ahora la presidenta, ¿quién los elige? Bueno, ¿y por qué no vamos nosotros, también, los ciudadanos, a elegir a los jueces? ¿Cuál es el miedo?”, cuestionó el mandatario.
Este modelo buscaría cambiar la dinámica actual en la que jueces y magistrados son designados a través de un proceso interno que, de acuerdo con López Obrador, ha sido una fuente de corrupción y privilegios que beneficia a unos pocos.
Acusaciones a la oposición: una campaña de confusión
El presidente también lanzó fuertes críticas a la oposición, a la que acusó de querer confundir a la población con argumentos que sostienen que la reforma generará inestabilidad económica. López Obrador refutó estas acusaciones afirmando que, bajo su administración, el peso mexicano no ha sufrido una devaluación significativa, señalando que estos temores son infundados. “Hasta hoy no se ha devaluado (el peso) con nosotros, claro que nos faltan como 20 días y le están metiendo, queriendo confundir de que hay mucha inestabilidad”, declaró desde Quintana Roo.
El mandatario reiteró su compromiso con la reforma, asegurando que su objetivo principal es eliminar la corrupción y fortalecer el sistema de justicia en México, además de poner fin a la "puerta giratoria", una práctica en la que delincuentes, a menudo peligrosos, son liberados rápidamente por jueces, incluso después de un arduo trabajo de captura por parte de las fuerzas de seguridad.
Protestas y bloqueos ante la reforma
La propuesta ha desatado una ola de protestas en diferentes sectores de la sociedad mexicana. Las manifestaciones han incluido un paro de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y marchas estudiantiles en contra de la iniciativa. Estas movilizaciones forzaron a los legisladores a sesionar en una sede alterna, luego de que los accesos a la Cámara de Diputados fueran bloqueados por los manifestantes.
Las críticas a la reforma no solo provienen de los sectores internos. Organismos internacionales, como las Naciones Unidas y cámaras empresariales, incluyendo la International Chamber of Commerce, han expresado su preocupación sobre las implicaciones económicas y jurídicas de la reforma. Asimismo, entidades financieras como Fitch Ratings, Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, junto con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México, han advertido sobre posibles riesgos para la estabilidad económica y el estado de derecho.
El respaldo popular: "El pueblo debe elegir"
Durante su discurso en Quintana Roo, López Obrador volvió a preguntar a la audiencia quién debería elegir a los jueces y magistrados, a lo que los asistentes respondieron unánimemente: "el pueblo". Esta consigna refleja el enfoque del mandatario de poner en manos de la ciudadanía la elección de figuras clave en el sistema judicial, como un medio para garantizar la rendición de cuentas y combatir la corrupción.
Conclusión
La reforma al Poder Judicial en México ha generado un intenso debate y polarización. Mientras que el presidente López Obrador y sus seguidores defienden la iniciativa como un paso necesario para acabar con la corrupción en los juzgados y mejorar el acceso a la justicia, la oposición, junto con organismos internacionales y empresariales, advierten sobre los posibles riesgos de inestabilidad económica y política que podrían derivarse de una modificación tan profunda al sistema judicial. El desenlace de esta controversia marcará un punto crucial en la transformación política y jurídica de México.
Por Oscar Zarate.
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