La consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugna fallo de la SCJN sobre fideicomisos de PJ
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación contra el fallo del ministro Javier Laynez que detiene la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la reconstrucción de Acapulco después del huracán "Otis".
En un comunicado, la Consejería señaló que impugna la medida cautelar otorgada ilegalmente, argumentando que el ministro Laynez Potisek reconoce que el decreto impugnado contempla las medidas necesarias para proteger los derechos laborales.
La Consejería lamenta la falta de imparcialidad y objetividad del ministro Laynez Potisek, quien previamente expresó su posición en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aseguran que este pronunciamiento público debería haberlo llevado a excusarse de conocer las acciones de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo.
Además, la Consejería critica la suspensión arbitraria de todos los efectos del decreto impugnado, alegando que va en contra del artículo 64 de la Ley Reglamentaria, que prohíbe la suspensión de la norma cuestionada tras la admisión de una acción de inconstitucionalidad.
La Consejería argumenta que Laynez justificó la suspensión alegando un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual consideran falso, ya que la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
También señalan que Laynez erróneamente sostiene que los fideicomisos son indispensables para garantizar la impartición de justicia, omitiendo que la actividad del Estado se asegura con los recursos presupuestales asignados anualmente al Poder Judicial de la Federación.
En último término, la Consejería destaca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2018 ha señalado que los fideicomisos del Poder Judicial no cumplen con principios de austeridad y racionalidad, ya que sus fondos no se utilizan, lo que resulta en una acumulación injustificada de recursos públicos. Concluyen que las prestaciones laborales están respaldadas por recursos presupuestales y no dependen de los fideicomisos, como afirma el ministro instructor Laynez.
Por Salvador Sánchez
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