Un juez de distrito y un tribunal colegiado del estado de Colima otorgaron una suspensión provisional para impedir que la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión judicial establece que no se puede realizar ningún trámite respecto a esta reforma antes del 11 de octubre de 2024, fecha en la que está programada la audiencia incidental en el juicio de amparo. Los jueces determinaron que los legisladores no acataron una suspensión previa que prohibía la discusión y aprobación de la reforma en el Poder Legislativo, así como su envío a los Congresos estatales para su ratificación.
Este amparo fue promovido por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., en contra del proceso de discusión, aprobación y eventual publicación de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador.
¿De qué trata la reforma al Poder Judicial?
La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador plantea cambios fundamentales en la estructura y funcionamiento del sistema judicial en México. Entre las medidas más destacadas se encuentra la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito en el país.
En total, se someterían a votación mil 688 cargos, de los cuales 21 serían a nivel nacional, mientras que los demás estarían distribuidos por estados. La propuesta también contempla la reducción del número de ministros de la SCJN, de 11 a nueve, con un periodo de 12 años en lugar de los 15 actuales. Además, se prevé la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual sería reemplazado por un nuevo organismo encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial, con facultades para recibir denuncias e investigar actos contrarios a la ley cometidos por ministros, magistrados, jueces y personal judicial.
Por Salvador Sánchez
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