Un grupo de jueces presentó una solicitud al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que adopte medidas urgentes ante la insuficiencia presupuestal que amenaza la organización del proceso electoral extraordinario 2024-2025, destinado a elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En el documento, los juzgadores instan al INE a explorar todas las alternativas legales para obtener los recursos necesarios y evitar decisiones que comprometan la calidad y eficiencia del proceso electoral, como la reducción de casillas electorales. Destacan que dichas medidas impactarían negativamente en el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El presupuesto precautorio para este proceso electoral, aprobado mediante el acuerdo INE/CG2321/2024, asciende a 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, incluido en el anteproyecto del INE para el ejercicio fiscal 2025. Sin embargo, la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 por parte de la Cámara de Diputados redujo un 33% los recursos solicitados por el INE, dejando sin asignar 13 mil 476 millones de pesos, cifra equivalente a lo requerido para organizar la elección judicial.
Riesgos Identificados por el Recorte Presupuestal
La solicitud subraya que miembros del Consejo General del INE han señalado riesgos críticos derivados de esta reducción presupuestal, entre los que destacan:
Menor personal electoral: La disminución en la contratación de supervisores y capacitadores electorales incrementaría sus cargas de trabajo, afectando la calidad de la capacitación.
Deficiencias en centros de votación: Falta de equipamiento y medidas de seguridad comprometerían la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad.
“Un proceso electoral con estas condiciones no sólo sería un fracaso institucional, sino también un golpe al objetivo de garantizar un PJF profesional, independiente y ético, capaz de proteger los derechos de la ciudadanía”, advierte el texto.
Exhorto al INE
Los jueces exhortan al INE a agotar todas las acciones legales y administrativas para asegurar los recursos necesarios antes de implementar medidas que reduzcan la calidad de las elecciones federales. La solicitud enfatiza la importancia de garantizar un proceso electoral transparente, incluyente y acorde con los estándares mínimos que exige la democracia.
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