En declaraciones recientes, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha asegurado que la investigación llevada a cabo por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) respecto a los supuestos pagos del narcotráfico a la campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador es un asunto concluido. Durante el proceso de investigación, no se encontraron pruebas de ningún delito ni consecuencia relevante que reportar.
Bárcena señaló que durante una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, esta última afirmó que desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, no hay ningún delito que perseguir en relación con este tema.
La representante de México en el extranjero enfatizó que dicha reunión fue muy positiva y que, según la asesora de seguridad de Biden, la DEA opera bajo el Departamento de Justicia, y cualquier desarrollo futuro sería responsabilidad de esa entidad.
En sus palabras, Bárcena declaró: "Es un tema cerrado, es un tema que surgió como un tema electoral, político como está ahora el ambiente en ambos países".
Al ser abordada por reporteros al término de la reunión entre Sherwood-Randall y López Obrador, Bárcena dejó claro que no están buscando una disculpa por el reportaje que vinculó al entonces candidato presidencial con el narcotráfico en 2006. Explicó que este asunto no proviene de la oficina del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca, sino más bien de la DEA, y sigue sus propios procedimientos institucionales.
En cuanto a la postura de López Obrador respecto a su presunta vinculación con el narcotráfico, Bárcena destacó que durante la reunión privada con la asesora Sherwood, el presidente mexicano reiteró que este tema es cosa del pasado y que la investigación no encontró ningún delito ni consecuencia relevante.
La investigación, publicada en enero por varios portales web, sugería que el cártel de Sinaloa había aportado fondos a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Sin embargo, tanto el presidente mexicano como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han desestimado estas acusaciones, considerándolas infundadas y concluyendo que el caso está cerrado desde 2011. Por Salvador Sánchez
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