De 2019 a 2024, la inversión en programas sociales y proyectos prioritarios sumó 7.9 billones de pesos, en un esfuerzo de la presente administración por proteger a la población más vulnerable, asegurando un derecho humano a la educación, salud, seguridad y bienestar social. Así lo informó Juan Pablo de Botton, subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al presentar un informe del gasto que se ha realizado a lo largo del sexenio, en la conferencia matutina ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, De Botton explicó que “con el principio, por el bien de todos, primero los pobres, se ha focalizado la inversión de manera regional, hacia los lugares menos favorecidas del país”.
Se han destinado 2.9 billones de pesos a programas sociales prioritarios de atención directa a la población, que incluyen apoyos con pensiones a adultos mayores, becas a personas con discapacidad y niños, además de inversión en escuelas, campo, empleo y vivienda social. Los recursos dirigidos a los programas prioritarios sociales pasaron de 253 mil millones de pesos en 2019 a 741 mil millones de pesos en 2024, representando un crecimiento de 131 por ciento en términos reales.
Por otra parte, se han destinado otros 5 billones de pesos en proyectos de inversión prioritaria, entre los que se encuentran obras como el Tren Maya, aeropuertos, el Corredor del Istmo, obras hidráulicas y carreteras. De Botton expuso que “estas inversiones han sido posible gracias a una política de austeridad en el gasto, combate a la corrupción y la eliminación del gasto suntuario o innecesario”.
Las medidas de austeridad incluyeron la reducción del gasto de operación del Gobierno federal, así como los gastos en viáticos, comunicación social, publicidad, arrendamientos y otros, lo que significó una disminución de 26 por ciento en términos reales, al pasar de un gasto de 80 mil millones de pesos en 2018 a 59 mil millones de pesos en 2024. Además, se redujeron los salarios de los funcionarios, se eliminaron puestos con duplicidad de funciones y se ajustó la estructura del gobierno a la mínima indispensable para su funcionamiento.
De Botton también indicó que se han recuperado recursos de los fideicomisos sin estructura, permitiendo canalizar más dinero para proyectos de inversión y programas sociales, así como para la adquisición de vacunas contra la pandemia de Covid-19. Finalmente, apuntó: “Seguimos el principio de no tener un gobierno rico con pueblo pobre y eso nos permite tener al mismo tiempo finanzas públicas sanas”.
Esta administración continúa enfocándose en mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social, priorizando a los sectores más vulnerables de la población.
Por Amanda Pérez
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