Gobernar para los cuates
Actualización del predial capitalino beneficia a aliados y familiares de Alejandro Navarro
Cambios del impuesto en Guanajuato capital favorecen negocios y propiedades de Francisco Arroyo, Guillermo Smith y el propio edil con bajos valores catastrales, mientras se dan aumentos desmedidos en zonas de alta marginación
Con cambios arbitrarios a los valores fiscales de propiedades y diseño de fracciones catastrales caprichosas, la retabulación del impuesto predial en Guanajuato en el 2022, realizado por el ayuntamiento que encabeza el panista Alejandro Navarro, favoreció en los hechos a propietarios con los que tiene nexos políticos y familiares, al mismo tiempo que produjo incrementos desmedidos en valores de construcción en zonas de alta marginación.
De acuerdo con datos del municipio, hasta finales del mes de febrero se habían recaudado 87 millones 439 mil pesos. Muchas personas se enteraron de los incrementos al acudir a hacer sus pagos; algunas no tuvieron más remedio que pagar o fueron engañadas para firmar supuestos “convenios” de descuento (que en realidad eran nuevos avalúos) y unas cuantas tramitaron amparos.
En enero, el alcalde declaró que solamente el cobro incrementó en aquellas propiedades que lo ameritaron: “Dicen que me pasé con el impuesto predial, no me pasé. Se hizo una revisión de todas las casas, se hizo el avalúo de los que tenían construcciones nuevas. No se les está cobrando la multa ni el permiso de construcción, simplemente es un nuevo avalúo”.
Así en Guanajuato capital, ciudad que tiene el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un hotel cuatro estrellas con alberca o un restaurante en un bulevar altamente transitado pagó menos por el impuesto predial que un terreno rústico en comunidades conurbadas como Puentecillas o Santa Rosa o una casa en una zona popular como el Cerro de los Leones. De esto hay coincidencia entre peritos valuadores de la ciudad.
Por ejemplo, la división de la pequeña calle de Alonso en el Centro Histórico favoreció al ex senador Francisco Arroyo Vieyra, propietario de al menos 23 propiedades en todo Guanajuato. El ex legislador priista tiene una relación cercana con el alcalde como se pudo apreciar en la concesión del liderazgo del consejo directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag) a Sebastián Ávila Victoria, cercano a Arroyo y carente de toda trayectoria sobre el tema hídrico, durante la primera administración de Navarro.
En 2017, el diario El País dio a conocer que Arroyo ocultó por más de tres años millones de pesos en la Banca Privada d´Andorra, entonces él era embajador de México en Uruguay y dejó el cargo, sin aclarar la procedencia del dinero.
Zonas de alta plusvalía fueron ubicadas con numeralias que garantizan precios bajos a sus propietarios, por ejemplo el terreno donde está ubicado el restaurante propiedad del suegro del alcalde Alejandro Navarro, el constructor Guillermo Billy Smith, en el bulevar Euquerio Guerrero.
En cambio, en la zona sur de la ciudad, hacia donde se ha dirigido el desarrollo de la ciudad y aglomera áreas consideradas de atención prioritaria por su nivel de pobreza o marginación de acuerdo con Coneval, algunos contribuyentes sufrieron incrementos hasta de 1800% en sus cuentas.
El cobro del predial parece favorecer a algunas familias, empresarios o políticos con renombre en la ciudad, amigos del alcalde panista Alejandro Navarro e incluso a su propia familia, según el punto de vista de expertos en temas catastrales en Guanajuato.
Contrastes: afectan a propietarios de baldíos y favorecen zonas con alta
plusvalía
El día que acudió a las oficinas de Catastro para pagar su predial con descuento, el dueño de un terreno ubicado en la carretera entre las comunidades de Yerbabuena y Puentecillas, se dio cuenta que había tenido un incremento de 1800%, una cantidad desmedida considerando la diferencias entre lo que pagó en el año 2021 y lo que le pidieron desembolsar para 2022.
En las oficinas municipales le pidieron pagar 29 mil 300 pesos cuando en 2021 sólo pagó mil 500 pesos. Supuestamente el valor fiscal de su propiedad pasó de 80 mil pesos a 1 millón 500 mil pesos de un año a otro.
De acuerdo con criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Puentecillas es una zona de atención prioritaria por su nivel de pobreza, así también la reconoce la Secretaría de Bienestar.
El contribuyente nunca recibió una notificación de un nuevo avalúo. Se enteró del cambio el día que acudió a las cajas de catastro y fue una de las personas que presentó demanda para evitar este abuso. Hay testimonios de que la gran mayoría de las personas a las que se le aumentó el impuesto no fueron notificadas por autoridades municipales.
La abogada María Fernanda Arellano Caudillo asesoró en este proceso al afectado y sostuvo que el Ayuntamiento de Guanajuato violentó la Ley de Hacienda para los Municipios y también las garantías para los contribuyentes establecidas en la Constitución federal, como es el derecho de audiencia.
También se documentó el caso de otras personas a la que el municipio le incrementó su aportación de predial en 900%, pese a que el valor fiscal de su terreno se mantuvo en 350 mil pesos, pero sin explicación ni notificación de por medio, se les incrementó la cuota.
Estos casos, de personas que viven al día y algunas en condición de pobreza, están concentrados en comunidades conurbadas como: Puentecillas, Cuevas, Santa Teresa, San José de Llanos, Santa Rosa, La Sauceda, El Chapín y el Rodeo, incluso en algunas secciones marginadas en Marfil.
De hecho, en algunos casos aparecen como zonas de atención prioritaria determinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y también están reconocidas en este sentido por la Secretaría de Bienestar.
Para considerar alguna región o poblado de esta forma, Coneval considera indicadores de pobreza, carencias sociales, bienestar económico y contexto territorial, así como índices de rezago social e incluso acceso a calles pavimentadas.
La otra cara de la moneda son las zonas de alta plusvalía: los ejemplos más evidentes están en el corazón de la ciudad, el Centro Histórico. La calle Alonso, una avenida de unos 100 metros de largo, fue absurdamente dividida en zona uno y dos.
De modo que los propietarios de negocios de una banqueta y los de otra pagaron tarifas diferentes, explicaron peritos valuadores consultados. La zona uno tiene valores por metro cuadrado de terreno de 12 mil 968 pesos mínimo y 18 mil 527 pesos máximo, mientras la zona dos baja a 6 mil 397 pesos el valor mínimo y 9 mil 139 el valor máximo.
Algunas de las propiedades del ex senador, Francisco Arroyo Vieyra y el famoso Bar Grill, propiedad de la familia Valadez Burstein, están de lado de la calle en la que los valores son más bajos.
Por si fuera poco, Arroyo Vieyra tiene arrendamientos vigentes con el municipio, los que obtuvo desde 2014 con administraciones priistas y que continúan con Alejandro Navarro. Se trata de dos edificios en la calle Alonso por los cuales recibe una suma anual de 1 millón 044 mil pesos de acuerdo con datos de la Tesorería municipal. En una de estas casas están las oficinas de Recursos Humanos y en la otra, la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales.
Mientras los propietarios de edificios de enfrente debieron pagar altas tarifas, estando en la misma calle, el Hotel San Diego, varios negocios pequeños de comida y algunas casas habitación fueron afectadas por esta división.
La zona de San Matías (San Javier), donde también Francisco Arroyo Vieyra tiene propiedades de grandes dimensiones, igualmente se dividió en secciones: una valorada como zona tres con costos por metro cuadrado entre 2 mil 417 pesos mínimo y 3 mil 454 pesos máximo y otra como zona 12, que paga una tarifa mínima de 866 pesos y mil 239 máxima por metro cuadrado.
Tal solo unos metros adelante, Arroyo Vieyra tiene otra propiedad que goza de los mismos beneficios. Se trata de una hacienda que adquirió a la familia de la actriz Josefina Echánove y que actualmente se renta como espacio para eventos. Cuenta con tres jardines, explanada de recepción, estacionamiento y capilla.
Esto por estar clasificada como zona habitacional centro económica. En este mismo estándar está, por ejemplo, el Cerro de los Leones, una zona populosa de la ciudad.
Beneficia zonificación a alcalde, su familia y empresarios afines
Sin embargo, algunas áreas están conformadas por zonas desde 9 hasta 17, pese a que se trata de lugares de alta plusvalía como el caso de la glorieta Santa Fe y bulevar Euquerio Guerrero, vialidad principal para llegar a la zona sur de la ciudad, área fuera de la cañada y hacia donde se ha dirigido el desarrollo inmobiliario.
A pie de carretera se encuentra el Hotel Gran Plaza, un alojamiento de cuatro estrellas con alberca que cuesta entre mil y cuatro mil pesos la noche, paga una tarifa mínima de mil 012 pesos por metro cuadrado y mil 446 como máximo. La zonificación parece absurda para expertos en avalúos y hace suponer que la reorganización catastral se hizo sin seriedad.
Este lugar se catalogó como 17, es decir como si se tratara de una zona habitacional de interés social. El hotel es propiedad de la familia Webb, también distribuidora automotriz en la capital.
A un lado, se encuentra el restaurante Campo Viejo, propiedad de Billy Smith, suegro del alcalde. Su predio está considerando en el mismo nivel 17, al igual que un fraccionamiento ubicado en la parte trasera de este y que fue desarrollado por él mismo.
Entre ambas propiedades hay una distribuidora automotriz y otra de materiales, así como pequeños locales comerciales que reciben este mismo beneficio.
Sin embargo, cruzando la calle las cosas son distintas: la Plaza Galereña, que se encuentra a un costado del hotel, está considerada en un nivel nueve (zona habitacional residencial media). Paga tarifas de mil 948 a 2 mil 782 pesos por metro cuadrado.
La otra plaza comercial, ubicada en el mismo bulevar pero a un kilómetro de distancia, está considerada en nivel cuatro. El pago por metro cuadrado de terreno es de zona comercial superior, lo que significan pagos de 6 mil 330 pesos a 9 mil 043 pesos máximo.
En otro extremo de la ciudad, en Mellado -una zona de viejas minas- algunas haciendas antiguas y casas de alta plusvalía de familias de renombre en Guanajuato como Arroyo, Rionda y Meave, pagan tarifas de 866 pesos a mil 239 pesos el metro cuadrado.
Se trata de una zona minera de valor histórico en la que se pueden encontrar viviendas de familias humildes, pero entre las que se esconden mansiones de gran valor económico.
Cerca, en Valenciana, donde el alcalde Alejandro Navarro tiene su domicilio y un par de negocios particulares, las cosas no pintan diferente. En la zona donde está ubicada la Hacienda del Cochero, se pagan de mil 316 a mil 879 por metro cuadrado (zona 14).
Por esta propiedad paga tarifas de colonias de interés social como Villas de Guanajuato, Puentecillas y El Maluco, también localizadas en la zona sur de Guanajuato.
El Hotel Camino de Piedra, también propiedad de Navarro y su familia está considerado en una zona nueve, como una zona habitacional residencial media, aunque queda a pie de carretera y ha sido remodelado recientemente.
A un lado está su casa y ambas propiedades tienen tarifas de cobro del predial de mil 948 pesos a 2 mil 782 pesos, al ser considerada una zona habitacional residencial media.
Abusa autoridad de los más vulnerables; sube precios y los engañan
Contradictoriamente, detrás de las propiedades de Alejandro Navarro familias humildes con pequeños predios rústicos sufrieron incrementos altos a sus contribuciones, lo mismo que ejidos en la zona de Santa Rosa. Abogados del despacho Garibay y asociados y de la firma Álvarez y Arellano presentaron amparos por estos casos.
Con estos dos despachos se formalizó la presentación de al menos 120 juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa y juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Guanajuato Despertó, Corrijamos el rumbo y la asociación Padua apoyaron estos procesos.
En todos ellos la coincidencia es que no hubo notificaciones de las autoridades municipales sobre nuevos avalúos de sus propiedades, aseguró el abogado Jesús Ramírez Garibay. Él mismo fue afectado con el incremento de más de 500% en predio de su propiedad, sin construcción ni servicios.
Según declaraciones del alcalde, en septiembre de 2021 ya se trabajaba en la actualización de 30 mil cuentas de impuesto predial a través de drones. Sin embargo, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señalan la ilegalidad del uso de esta tecnología para hacer avalúos.
La Ley de Hacienda para los Municipios establece la responsabilidad de las autoridades de notificar estos avalúos, pues la misma legislación en su artículo 176 da la posibilidad al contribuyente de: “en un plazo de 30 días, pedir aclaraciones o solicitar un nuevo avalúo”. Esto no ocurrió en el municipio.
En enero, tras las quejas por el aumentó al predial, Alejandro Navarro aseguró que los incrementos habrían sido para desarrolladores o personas que tienen terrenos de gran tamaño y que son baldíos, que le generan problemas de servicios al municipio. Además, justificó que en el período de pandemia no hubo modificaciones en pagos de predial, agua o cuotas de comercios.
“Hay algunos ricachones que tienen cinco, seis, ocho, veinte terrenos que luego hacen fraccionamientos, que luego juegan y hacen que sus terrenos suban de plusvalía y ahí los tienen y nunca construyen y esos terrenos luego el municipio tiene que limpiarlo, recoger basura, llevar alumbrado y por eso se les subió a algunos terrenos”, citó en medios.
Los abogados y organizaciones civiles que apoyaron la presentación de amparos aseguraron que en la Dirección de Catastro incurrió en otras irregularidades con los contribuyentes, como engañarlos para firmar los nuevos avalúos, es decir, notificaciones al momento del cobro o la conformidad de hacer pagos parciales, por bimestre.
Tampoco se respetaron los pagos mínimos que se prevén en reglamentos municipales para personas de la tercera edad y los abogados incluso conocieron el caso de una mujer a la que en las oficinas de Catastro le quitaron sus escrituras y las hicieron perdedizas.
Además se aprobaron incrementos desmedidos en la Ley de Ingresos de 2022 para construcciones antiguas. Los aumentos fueron del 60 hasta el 190% y fueron avalados tal cual por el Congreso local.
A diferencia de municipios como León e Irapuato que hicieron incrementos a este impuesto de 3.9%, el municipio cometió un exceso, insistieron expertos valuadores de la capital.
Dejan a Santa Rosa en el limbo y ponen precio al Orito
La región de Santa Rosa, en la zona serrana que es pulmón verde de la ciudad y donde se ubica un Área Natural Protegida, aparece en el mapa catastral del municipio, pero no está clasificada en alguna de las 20 zonas. Sin embargo, hay reportes de al menos dos ejidos que sufrieron incrementos considerables en el pago de su impuesto predial.
La evidencia de uno de ellos la presentó Juan Zamora Mejía, habitante de la comunidad de las Flores, quien aseguró que en el ejido se habían pagado regularmente alrededor de 600 o 700 pesos por el impuesto predial y en 2022 se incrementó hasta 13 mil pesos.
En este caso tampoco hubo una notificación de la autoridad. Cuando el comisariado ejidal acudió a hacer el pago se lo anunciaron y debido a que no contaba con el dinero, regresó a la comunidad a avisar a las familias del aumento.
En este poblado de Santa Rosa no se observan mejoras realizadas por el municipio que pudieran justificar un aumento. Para llegar al lugar hay que recorrer un estrecho y accidentado camino de terracería que a pie toma al menos 40 minutos, pero hay pobladores que incluso los recorren cargando leña.
En cambio, en el mapa de catastro, el parque El Orito aparece como si fuera un fraccionamiento, catalogado como nivel 20, con valor por metro cuadrado de 233 a 469 pesos. En el mapa aparece incluso como si estuviera fraccionado, es decir, con calles trazadas que sugieren planes de desarrollo.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (2012), El Orito sigue siendo una zona de fomento ecológico y parque público, aunque al año siguiente, el IMPLAN lo consideró como una zona habitacional de densidad media por estar pegada a San Matías (San Javier).
Ahora para la administración de Alejandro Navarro, estos predios ya tienen un valor por metro cuadrado, lo que abriría la puerta a la urbanización de esta área.
Nota tomada de la columna de POPLab
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