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Frenan en sistema anticorrupción solicitud de formar comisión de seguimiento a empresas "fantasma"

Representantes de organismos públicos integrantes del SEA reafirmaron, de palabra, promover la rendición de cuentas, pero se perdieron en conocer quién había filtrado el informe con contratos a compañías señaladas por el SAT.


Que siempre no: representantes de entes públicos que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) como el Poder Judicial del estado y a la propia titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes Torres, se negaron a conformar una Comisión especial de seguimiento sobre el informe de empresas que facturan operaciones simuladas en el estado de Guanajuato.

En la sesión extraordinaria del Comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción celebrada el 18 de febrero, se oyó decir a representantes de los organismos públicos del Ejecutivo y el Judicial hablar del compromiso de “escuchar a la ciudadanía” y promover su colaboración en los temas de rendición de cuentas.

Pero en esa misma sesión, al votar la Comisión especial de seguimiento sobre el informe del uso de las denominadas “empresas fantasma”, se antepusieron otros argumentos por parte de estos mismos funcionarios: “la información se debe manejar con mucha prudencia y cautela”; “no podemos ser juez y parte” y hasta “no perder el enfoque” en su función de establecer políticas públicas para que se prevengan, detecten y sancionen las faltas por corrupción.

Y así, por mayoría de cinco votos en contra y tres a favor, se desechó la comisión.


El informe fue presentado al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en su sesión ordinaria del 4 de febrero. Ese día también se dio a conocer públicamente.

Este informe reúne información pública recabada por ciudadanos que evidencia la contratación de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) que hicieron 35 entidades públicas de Guanajuato, incluyendo dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, municipios y universidades.

Las empresas aparecen en el registro de EFOS del Sistema de Administración Tributaria, SAT.

El monto contratado representa 192 millones de pesos del erario. Un 99 por ciento de estos contratos se hicieron entre 2014 y 2018, durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez.

La información revelada apunta a 171 empresas de distintos tipos, objetivos y que en su mayoría tienen domicilios en el estado, pero de éstas, nueve recibieron el 90 por ciento del monto contratado. Es decir, por lo menos 172 millones.

En la misma sesión del 4 de febrero, el presidente del Comité coordinador del SEA, Fernando Revilla Guerrero, propuso la creación de la comisión especial de seguimiento, como un conducto para mantener informada a la ciudadanía sobre las investigaciones que, con esta información entregada, harán las instancias del Sistema Anticorrupción.

“Celebro que la postura de nuestras autoridades sea iniciar este tipo de investigaciones, no se está señalando que sea con un fin de sanción, sino con un fin de resultado y del resultado partirá el proceso de sanción si es pertinente”, dijo al proponer la comisión, que por votación mayoritaria fue aceptada el 4 de febrero.

En este comité hay representantes de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Consejo del Poder Judicial y las contralorías de los 46 municipios.

Todos recibieron este informe.

Fue el consejero del Poder Judicial Pedro López Zuloaga el más puntilloso sobre el informe especial, su origen y la comisión de seguimiento, en las varias ocasiones en que habló durante la sesión extraordinaria.

“Yo definitivamente vengo a manifestarme en total desacuerdo en lo que tiene que ver al seguimiento y más a la generación de una comisión especial de seguimiento sobre el informe de empresas”, fue su primer comentario en la discusión que sobre esta comisión se llevó la mayor parte de la sesión.

“Lo voy a decir: se me hizo bastante aventurado hacer señalamientos a distintas empresas, a distintos entes públicos (…) me llama la atención poderosamente el hecho de que tengo entendido la currículo del señor presidente (Fernando Revilla) como auditor y del manejo que tiene de este tipo de situaciones, y se haya difundido en medios una situación de esta naturaleza sin haberse verificado si estábamos en el supuesto de hacer un señalamiento de semejante naturaleza, en demérito no sólo de los entes públicos, sino de las propias empresas”, continuó López Zuloaga.

El consejero del Poder Judicial también insistió en saber quiénes generaron la información contenida en el informe sobre los contratos con empresas que facturan operaciones simuladas; “en qué medida los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, a nombre del cual se manejó la información, avalaron dicho informe”, pues, según él, esto se tendría que saber en caso de que alguna de las empresas o de los propios entes públicos involucrados “tuviera un reclamo económico por el demérito que se le pudo ocasionar”.

Una vez más, pidió “dejar en claro entonces de dónde es que se parte, me refiero a qué ciudadanos. Necesitamos tener nombres y apellidos, y cuál fue el proceso de filtro por el cual el Comité de Participación Ciudadana avaló un documento de esta naturaleza, luego fue difundido en medios y si los medios fueron reflejo fiel de lo que se declaró por parte del presidente del comité coordinador”.

Así, no sólo rechazó que se integre una comisión especial de seguimiento, sino que sostuvo que esa no es tarea del Comité coordinador del Sistema anticorrupción y que si hay ciudadanos interesados en saber qué pasó con el informe, pueden pedir información vía transparencia.

“Los medios están observando”, el prurito

Fernando Revilla recordó que el informe presentado está sustentado en información que presenta el Sistema de Administración Tributaria y que tiene la calidad de pública. El Comité de Participación Ciudadana verificó esa información pública y el estatus de la lista del SAT publicada en la última edición del Diario Oficial de la Federación.

“Para nosotros como auditores es indispensable hacer ver que esto implica un indicio, para que como administración pública veamos cómo se pudo prestar. La comisión no tendría ningún otro perfil más que filtrar la información que pudiera ponerse a disposición de la ciudadanía, y utilizar los canales adecuados, una página para seguimiento punto por punto, empresa o caso de mayor relevancia y aclara cuáles fueron las acciones detonadas por las instituciones”, aclaró Revilla.

La explicación no fue suficiente.

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Gerardo Arroyo, habló en el mismo sentido que el consejero López Zuloaga sobre la necesidad de “ser muy cuidadosos en el manejo de la información y sobre todo cauteloso en las imputaciones”.

“Yo esperaría que los órganos de control harán su trabajo y seguramente estas auditorías van a mostrar si existe o no existe -comentó-. Pero eso ya será atribución de cada uno de los órganos, no tanto de este órgano colegiado. Este no es un órgano auditor”.

El titular de la Auditoría Superior del estado, Javier Pérez Salazar, pidió no generar un juego mediático “en un afán de atender a la ciudadanía”.

“Me queda muy claro que no le podemos cerrar la puerta a la ciudadanía, (pero se debe) tener un filtro antes de hacerlo un documento del sistema. Los medios están observando sobre lo que está haciendo este sistema; lo que salga de aquí, lo van a tomar”, fue su preocupación.

La secretaria de la Transparencia Marisol Ruenes dijo que participar en una comisión de seguimiento al informe sería asumirse como juez y parte.

“Creo que debemos de tener muy en cuenta quiénes somos, un sistema estatal, tenemos una ley y en el artículo 6 nos habla textualmente de no perder el enfoque” el cual, según dijo, es ser una instancia para establecer y evaluar la política en materia de combate a la corrupción, ámbito en el que le pareció que no entraba participar en una comisión de seguimiento a un informe sobre el ejercicio de recursos públicos.

La votación definió el rechazo. Y el silencio.

En entrevista después de la sesión, el presidente del SEA Fernando Revilla lamentó que se perdiera esta oportunidad de vincular a las instancias con la ciudadanía y aseguró que el Comité de participación ciudadana del sistema va a estar pidiendo la información sobre las investigaciones y presentará las denuncias para que intervengan instancias como el SAT.

“Lo peor que podemos hacer dentro del Sistema Anticorrupción es no escuchar a la gente. Esta información es un voto de confianza en el sistema y le fallamos”.

Si no hay resultados diferentes a los que en el periodo anterior del CPC se tuvieron, “vamos para elefante blanco”, advirtió. “Hay una ideología de gobernante y gobernado muy arraigada. No es ciudadanía contra gobierno, debe ser ciudadanía y gobierno contra la corrupción”.


Publicado por POPLab

https://poplab.mx/article/Frenanensistemaanticorrupcionsolicituddeformarcomisiondeseguimientoaempresasfantasma

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