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La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado la decisión de no devolver la residencia ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. El inmueble, valuado en hasta 38 millones de pesos, había sido ordenado a devolver por una jueza federal hace unos días.
En un comunicado emitido el domingo 26 de noviembre, la FGR informó que la propiedad, adquirida presuntamente de manera ilegal con fondos provenientes de lavado de dinero, permanecerá asegurada y no será restituida a Lozoya. La institución calificó como "inaceptable" el criterio de la jueza que ordenó la devolución, alegando que este contradice la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La FGR argumenta que la ley mencionada establece claramente que "ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado", y que son válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado después de la entrada en vigor de la ley, independientemente de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad.
Además, la Fiscalía señala que la residencia de Lozoya está legítimamente asegurada en otro procedimiento penal debido a su presunta participación en delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este revés por parte de la FGR contradice la reciente decisión de la jueza federal Ana Lilia Osorno Arroyo, quien declaró improcedente el recurso legal utilizado por la FGR para la confiscación de la propiedad. La jueza argumentó que la Fiscalía cometió un error al solicitar el cambio de propietario basándose en leyes que no estaban vigentes en el momento de los hechos que se le imputan a Lozoya Austin. La situación revela un conflicto legal en torno a la aplicación de la ley y la propiedad en disputa.
Por Salvador Sánchez
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