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Fallo por la libertad de expresión: confirma magistrada improcedente demanda por daño moral

En segunda instancia, la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolvió que no existió daño moral en las publicaciones hechas por el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas y el activista Roberto Saucedo Pimentel, donde se expusieron irregularidades en los millonarios contratos entregados a Jorge Antonio Rodríguez Medrano y su familia.

Tras la resolución que emitió la jueza Primero Civil y Especializada en Extinción de Dominio el 20 de enero de 2020, que determinó que no existió daño moral en las publicaciones que se hicieron en el medio de comunicación Zona Franca, con Arnoldo Cuéllar como director, Jorge Antonio Rodríguez apeló la sentencia y el caso llegó a la magistrada Ma. Rosa Medina Rodríguez.

Cuatro meses después de que el empresario televisivo recurrió a segunda instancia en busca de revertir la resolución de la juez, la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la sentencia del 20 de enero, sentando un precedente para la libertad de expresión en Guanajuato.

Ahora, Jorge Antonio Rodríguez, propietario del consorcio televisivo TV Guanajuato, no solo tendrá que pagar los gastos y costas del juicio de la demanda por daño moral, sino que ahora también tiene la obligación de pagar por los gastos y costas de la segunda instancia.

Empresario buscaba pago millonario

Con el argumento de que las publicaciones periodísticas trajeron afectaciones económicas a la familia, Rodríguez Medrano, su esposa, hijos y nueras presentaron demandas por daño moral.

En las publicaciones se revelaron irregularidades contratos millonarios entregados por el Gobierno Municipal de Guanajuato y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag) que presumían corrupción.

Al periodista Arnoldo Cuéllar, entonces responsable de las publicaciones en el portal Zona Franca, la familia Rodríguez Rocha exigió el pago de 12 millones de pesos por daño moral, que se sumaban a 850 mil pesos por daños y perjuicios.

El pago que pretendía cobrar la familia del empresario televisivo por parte de Roberto Saucedo Pimentel era por otros 850 mil pesos.

Los argumentos que dio la familia es que las investigaciones periodísticas habían causado daños a su familia, incluso pérdidas económicas, resultado de lo que llamó “una campaña de desprestigio”.

En las notas periodísticas que fueron sustentadas con respuestas de acceso a la información pública que presentó el activista Roberto Saucedo, se documentaron los millonarios contratos entregados a la familia Rodríguez Rocha, lo que motivó también una auditoría que estuvo a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

Los resultados de la revisión específica arrojaron daños al erario por 5.5 millones de pesos entregados.

Primer fallo

La primera en determinar improcedente el pago por reparación de daño moral fue la juez Primero Civil y Especializada en Extinción de Dominio dentro del expediente C255/2018, después de 19 meses de litigio.

En su momento la juez resolvió que los demandantes no acreditaron los elementos para constituir el daño moral, por lo que declaró improcedente la demanda. Se absolvió de toda responsabilidad tanto a Roberto Saucedo como a Arnoldo Cuéllar.

La sentencia incluyó que los demandantes cubrieran los costos que ocasionó el proceso judicial.

Confirma magistrada sentencia

El empresario televisivo y su familia recurrieron a la apelación con el argumento de que la juez no analizó el contenido, la veracidad, alcances y repercusiones en la sociedad por las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales.

Jorge Antonio Rodríguez también señaló que no había sentencias por corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, quebranto a las arcas municipales y nepotismo.

Sin embargo, en los resultados de auditoría que hizo la ASEG y que fue aprobada por el Congreso local se confirma que hubo daños al erario, servicios que no lograron acreditar y los hijos del matrimonio Rodríguez Rocha cobraron de la nómina sin registros del trabajo realizado tanto la administración municipal como en organismo operador del agua.

Finalmente, la magistrada Ma. Rosa Medina Rodríguez confirmó la sentencia de la primera instancia y condenó al empresario y su familia a pagar a Saucedo Pimentel y a Cuéllar Ornelas por los gastos generados en la apelación.

Con información de POPLAB

https://poplab.mx/article/Falloporlalibertaddeexpresionconfirmamagistradaimprocedentedemandapordaomoral


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