EU destapa presunta ‘narconómina’ de Los Chapitos: pagos millonarios a mandos y políticos de Sinaloa
- La Noticia al Punto
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Cada mes, una caja repleta de dinero en efectivo llegaba a manos de un operador clave en Culiacán. Dentro no solo había fajos de billetes, sino también una lista escrita a mano con nombres, cargos y montos. Era la presunta “narconómina” de Los Chapitos, una red de pagos ilegales que, según autoridades de Estados Unidos, habría servido para comprar protección e información de funcionarios de seguridad y políticos en Sinaloa.
La revelación forma parte de la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otras nueve personas, documento dado a conocer a finales de abril por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, considerada una de las más implacables contra el crimen organizado.
De acuerdo con la acusación, el llamado “jefe de plaza” de Culiacán recibía mensualmente una caja con grandes cantidades de efectivo enviada por líderes de Los Chapitos. Junto al dinero venía una lista detallando cuánto debía entregarse a cada funcionario presuntamente vinculado con la organización criminal.
Los fiscales estadounidenses sostienen que los sobornos iban desde 30 mil hasta 300 mil pesos mensuales y tenían un objetivo claro: evitar detenciones de integrantes de Los Chapitos, obtener información sobre operativos y enfocar acciones policiacas contra grupos rivales.
Entre los nombres señalados en la presunta “narconómina” aparecen funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa:
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación.
Alberto Jorge Contreras Núñez, sucesor de Almanza.
José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal.
Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
El expediente también menciona a figuras políticas como Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán, y al senador Enrique Inzunza.
Según el documento judicial, Dámaso Castro Zaavedra —identificado con el alias “Culiacán Regio”— habría recibido alrededor de 200 mil pesos mensuales. A cambio, presuntamente debía garantizar que no se realizaran detenciones contra miembros de Los Chapitos.
La acusación agrega que Marco Antonio Almanza Avilés y posteriormente Alberto Jorge Contreras Núñez, identificados como “R1” dentro de la lista, habrían recibido aproximadamente 300 mil pesos mensuales mientras encabezaban la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.
Además, Estados Unidos señala que otros mandos de seguridad, entre ellos Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “El Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, también habrían participado en la supuesta red de protección al grupo criminal.
El Departamento de Justicia afirmó que las listas de pagos fueron obtenidas en México, aunque no detalló cómo llegaron a manos de las autoridades estadounidenses.
La publicación de la acusación provocó reacciones inmediatas en Sinaloa. Seis días después de hacerse pública la investigación, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra solicitó licencia a su cargo sin goce de sueldo.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los presuntos vínculos entre el crimen organizado y autoridades locales, en momentos en que la presión de Estados Unidos contra las estructuras financieras y políticas del Cártel de Sinaloa se intensifica.
Por Diana Ochoa
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