Escándalo en EU: Congreso investiga a la DEA por dejar circular cargamentos de fentanilo que llegaron a las calles
Una controvertida estrategia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) quedó bajo la lupa del Congreso, luego de revelarse que agentes federales habrían permitido que enormes cargamentos de fentanilo continuaran su camino hacia las calles como parte de investigaciones para desmantelar redes criminales de mayor alcance.
El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, envió el pasado 31 de agosto una carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, en la que exige la entrega de documentos relacionados con esta práctica, la cual consistía en monitorear los envíos de la droga sin intervenirlos de inmediato.
La petición surge tras las denuncias realizadas por funcionarios de Nuevo México, uno de los estados más golpeados por la crisis del fentanilo. De acuerdo con informantes de la propia DEA, en diversas ocasiones los agentes recibieron instrucciones de no decomisar cientos de miles de pastillas del opioide sintético, pese al riesgo que representaban para la población y, presuntamente, incumpliendo lineamientos del Departamento de Justicia diseñados para proteger a las comunidades.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó recientemente una demanda contra el Departamento de Justicia con el objetivo de obtener información sobre estas operaciones, documentos que ahora también son requeridos por los legisladores republicanos.
En su escrito, Comer cuestionó duramente la estrategia al señalar que, aunque la DEA no siempre cuenta con la capacidad para detener cada cargamento detectado, resulta inadmisible que exista una política que ordene dejar pasar grandes cantidades de fentanilo, situación que, afirmó, habría ocasionado graves consecuencias y la pérdida de numerosas vidas.
Hasta el momento, la DEA no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones.
La investigación del Congreso y la demanda presentada en Nuevo México se producen después de que una investigación periodística revelara que entre 2023 y 2025 agentes de la DEA siguieron el rastro de importantes cargamentos de fentanilo en ese estado, permitiendo que continuaran su distribución mientras las autoridades federales fortalecían procesos judiciales contra organizaciones del narcotráfico.
El caso ha generado mayor controversia debido a que estas acciones ocurrieron en plena crisis de sobredosis más letal en la historia de Estados Unidos. Paralelamente, la propia DEA impulsaba la campaña de prevención "One Pill Can Kill" ("Una pastilla puede matar"), advirtiendo que incluso una mínima cantidad de fentanilo puede resultar mortal. Además, la Casa Blanca catalogó el año pasado a este opioide sintético como un "arma de destrucción masiva".
La solicitud de James Comer se centra exclusivamente en las decisiones tomadas durante la administración del expresidente Joe Biden. El congresista sostiene que durante ese periodo se flexibilizaron los protocolos de mitigación de riesgos establecidos en el primer mandato de Donald Trump, los cuales buscaban impedir que el fentanilo llegara a las calles.
Las normas implementadas en 2017 establecían que las autoridades debían decomisar o impedir la distribución de esta droga tan pronto como fuera posible. Sin embargo, en 2024 el Departamento de Justicia modificó esos lineamientos, otorgando a las fuerzas de seguridad un mayor margen de decisión para permitir que algunos cargamentos continuaran su trayecto cuando ello favoreciera el desarrollo de investigaciones criminales de mayor alcance.
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