Desprotección a policías en Dolores Hidalgo empieza por sus condiciones laborales
Ganan policías viales juicio para obtener seguridad social, pero deben lidiar con un jefe policiaco con antecedentes de corrupción y destituido en Edomex, quien además contrató a su esposa para impartir capacitaciones
Pese a que en Guanajuato el oficio del policía es de alto riesgo, en el municipio de Dolores Hidalgo los elementos están desprotegidos porque no están inscritos a ningún tipo de seguridad social.
Sin embargo, un grupo de 19 policías viales ganó un litigio para que se les reconozca este derecho y que podría implicar para el Ayuntamiento una erogación de hasta 40 millones de pesos. Por si esto fuera poco, con la nueva administración, los elementos son obligados a cumplir con cursos en sus días de descanso. Precisamente en el traslado a una de estas sesiones fue asesinada la policía Berenice Hernández Rodríguez.
Entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Dolores Hidalgo hay descontento por todas las omisiones relacionadas con el reconocimiento de sus prestaciones y además porque en lugar de llegar a solucionar problemas, Rafael Hernández Gutiérrez, el jefe policiaco de la ciudad, solo se incorporó para darle “chamba” a personas cercana e incluso a su esposa, Kira Cerón Rodríguez.
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Se sabe que ella imparte ‘cursos motivacionales’ y acompañamiento psicológico a los elementos de Seguridad Pública. Documentado por medios de comunicación, se sabe que Hernández Gutiérrez fue director de seguridad en Santiago Tianguistenco, en el Estado de México en 2020, en donde solo duró dos meses en el cargo y fue destituido.
Supuestamente también fue secretario de Seguridad en Pachuca, donde la Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo inició una carpeta de investigación por presuntos actos de simulación, aseguramiento ilegal y retención de una unidad.
Muere Tulio sin justicia, perdió la salud por lesiones en el trabajo
A los 26 años, el elemento de policía vial, Marco Tulio Bárcenas Avilés perdió la vista de un ojo debido a que en una persecución, una persona en estado de ebriedad le lanzó una botella y le causó una lesión en la retina.
Murió el pasado 2 de febrero, su familia y compañeros aseguran que fue a causa de complicaciones que le provocaron a su cuerpo el consumo de medicamentos para tratar la pérdida de la vista.
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Durante siete años estuvo en litigio con el ayuntamiento para que le reconociera su derecho a seguridad social, porque sólo le otorgaron atención limitada en dos clínicas con las que tiene el municipio y en las que no se cuentan con especialidades.
Tulio murió a los 33 años, durante el período de ejecución de sentencia que obligaba al municipio a indemnizarlo u otorgarle una pensión de invalidez, pues prestó servicios durante 14 años.
Su historia está llena de injusticias y todavía indigna a sus compañeros, porque cuando recién sufrió el accidente de trabajo, durante el primer período en que Juan Rendón López fue alcalde, fue despedido porque ya no podía realizar su servicio de manera ordinaria.
A través de un juicio laboral, Tulio fue reinstalado en su trabajo y asignado a un área de señalética, donde su amigos le ayudaban a adaptarse a las labores, porque la pérdida de la vista le hacía sufrir tropiezos constantes.
Entre el agobio por la pérdida de la salud, la falta de atención médica y el desgaste por el litigio que sostuvo por casi siete años contra el ayuntamiento, el oficial de tránsito murió sin recibir justicia.
Niega municipio a policías derecho a seguridad social
El trato injusto que recibió Tulio es solo un ejemplo de la manera indigna en la que el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo ha tratado por años a sus elementos de policía, obligándolos a prestar servicios de riesgos sin contar con seguridad social y en condiciones de salario diferenciadas, entre agentes municipales y de vialidad.
De acuerdo con el último reporte del Consejo Directivo del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), los elementos de Dolores Hidalgo perciben un sueldo de 14 mil 067 pesos mensuales, sin embargo, los policías viales ganan la mitad.
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Esto a pesar de que autoridades administrativas les reconocieron desde hace al menos dos años su calidad de oficiales de policía y también su derecho a recibir seguridad social, con todo lo que esto implica.
El antecedente se remonta a 2017, cuando 48 elementos de tránsito iniciaron una demanda porque no se les homologaron los salarios como agentes de seguridad pública con los recursos del entonces Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), que luego se convirtió en programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) y que finalmente desapareció en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
Esto a pesar de que sí se les contempló en la plantilla de policías para hacer la solicitud al Gobierno Federal y que además se les brindaban las capacitaciones policiales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Al mismo tiempo, los elementos me comentaban que no tenían seguridad social y que algunos querían sacar una casa de infonavit, les comentamos ‘hay que solicitar la inscripción a la seguridad social y hay que solicitar el beneficio con el subsidio federal”, recordó la abogada Laura Aguilar, quien hoy le da seguimiento al caso.
Durante la administración del alcalde panista Juan Rendón López se hizo la solicitud de inscripción, pero el secretario de Ayuntamiento, Félix Frías, respondió que los elementos sí contaban con seguridad social y que no se les entregaban apoyos del subsidio porque no eran considerados policías al no portar un arma.
La respuesta generó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar el reconocimiento de los elementos como policías y la inscripción a algún tipo de seguridad social. Después de esto, varios agentes fueron despedidos y sólo 19 continuaron con la demanda.
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En septiembre de 2019, los agentes obtuvieron una sentencia del tribunal a favor, en que ordenan al ayuntamiento incorporarlos a los beneficios del subsidio, pero omiten lo relacionado con el registro a la seguridad social. Debido a ello, los tránsitos acudieron a autoridades federales quienes también fallaron a favor y condenaron al municipio, no sólo a reconocerlos como policías e inscribirlos a algún tipo de seguro social, sino a otorgarles las cotizaciones de forma retroactiva, esto es de acuerdo a la antigüedad que tiene cada uno en el servicio.
Deuda del municipio con agentes viales sería de más de 20 millones
Pero hasta ahora, el municipio ha sido omiso en atender la sentencia firme que emitieron las autoridades, porque le podría implicar una erogación de hasta 40 millones de pesos, por las cuotas no retenidas, las aportaciones no realizadas y los intereses que tendrían que pagar por el registro.
La sentencia además abre la puerta de que otros colaboradores municipales, incluyendo los policías que trabajan sin este beneficio, puedan solicitarlo. Actualmente, el municipio solo ofrece una red médica para sus colaboradores que tiene un tope de 15 a 17 mil pesos y que se ofrece en dos clínicas particulares en esta ciudad.
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Cualquier gasto que exceda estas cantidades debe ser solventado por los empleados, pero el municipio considera que de esta forma cumple con la cobertura de seguridad social.
“Nos dan una supuesta cotización que emite el tesorero municipal donde arroja las supuestas cotizaciones, pero no sólo eso, dice ‘tal elemento a esta fecha desde que entró a trabajar tiene derecho a tantas cotizaciones, pero como el municipio todos estos años le ha pagado el servicio médico particular le vamos a descontar tanto y por lo tanto nada más le vamos a dar 30 mil’, de 200 mil se lo bajan a 30 mil pesos”, explicó la abogada que lleva el caso.
Hay elementos de tránsito que han acumulado hasta 25 años de antigüedad, después de ellos la mayoría están en un rango de 18 a 14 años y los que tienen menos tiempo acumulan entre cinco y seis años.
Por ahora, los demandantes esperan que el Tribunal de Justicia resuelva la medida de apremio en contra del municipio y permita una nueva negociación con la administración de Adrián Hernández Alejandri.
Ganan policías viales apenas 7 mil pesos al mes
Pero mientras esto sucede, la homologación salarial no llega para los agentes viales. Daniel, uno de los demandantes, dijo que mientras un policía gana poco más de 7 mil pesos catorcenales, los oficiales de vialidad solo reciben 3 mil 500 cada catorcena.
Insistió en que los oficiales de vialidad tienen responsabilidades similares a las de los policías, pues incluso reciben las mismas capacitaciones, pero no el mismo reconocimiento. La Secretaría de Seguridad Pública en Dolores Hidalgo contempla las direcciones de: Policía Preventiva, Tránsito y Vialidad, Administración, Jurídico, Planeación, Logística y Centro de Comunicación y Prevención del Delito.
“Se pidió la homologación, que nos reconocieran como policías viales, ya que nos toman como agentes de vialidad, agentes de tránsito, el magistrado nos reconoce como policías y viene lo que es la homologación, prestaciones de salud, no tenemos Infonavit, Afore, gastos médicos mayores, gastos por defunción, ningún tipo de apoyos de seguridad social”, subrayó.
Con la llegada en noviembre del nuevo responsable de Seguridad Pública, Rafael Hernández Rodríguez, los elementos esperaban una solución o un acercamiento con el municipio, pero hasta ahora no se ha dado.
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En lugar de atender estos pendientes, el funcionario llegó a acomodar a su “cuates” en puestos clave, lo que generó inconformidades al interior; el descontento aumentó cuando se supo que una de las personas incluidas es su esposa, Kira Cerón Rodríguez.
Contratan a esposa de jefe policial para impartir cursos motivacionales
Con la nueva jefatura, comenzaron a impartirse cursos a los elementos, los cuales se programan en sus horarios de descanso. Los policías trabajan jornadas de 24 horas de trabajo por 48 de descanso.
Los agentes que han participado en estos talleres, aseguran que la mujer que imparte los cursos de orientación psicológica y motivacional es esposa del jefe de policía, Rafael Hernández.
Al principio, al impartir estos talleres ella no ofreció datos sobre su identidad y pidió ser llamada “Kira”, después se supo de la relación con el funcionario y recientemente también trascendió que ahora es encargada de la contención emocional, por lo que se presume que está incorporada a la nómina de la Secretaría de Seguridad.
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De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Administrativas para el Estado, en su artículo 61 “comete tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su cargo, empleo o comisión le confiere para inducir para que otro servidor público retrase u omita realizar algún acto de competencia, para generar cualquier beneficio o provecho o ventaja para algunas de las personas a las que se refiere el artículo 52 de la misma ley”.
Estas personas, de acuerdo con el artículo citado son los cónyuges, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que el servidor público tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.
Entres los policías dolorenses hay descontento porque al salir de su jornada laboral y sin dormir deben asistir a estos talleres obligatorios que duran alrededor de cinco horas por semana, pues comienzan a las ocho de la mañana y terminan casi siempre a las dos de la tarde.
“Por lo regular estamos viendo marco jurídico, marco legal, en cuanto a legalidad, lo que es acondicionamiento físico va de 30 a 40 minutos al inicio, marco jurídico de una hora y de ahí entra lo que es el área de psicología, son dinámicas, para lo que es el trabajo en equipo y canalizar emociones”, confirmó un policía de la corporación.
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Lo peor es que casi siempre deben arrancar con entrenamiento físico, aunque casi todos ellos están cansados por la falta de sueño durante la jornada laboral. La semana pasada, los cursos se suspendieron, debido al asesinato de la mujer policía Berenice Hernández Rodríguez, aunque ya se reactivaron.
De hecho, se sabe que Berenice se trasladaba a estos cursos cuando fue atacada en la calle y murió tras recibir varios balazos. Sobre su caso se desconoce si su familia recibió indemnización y otros beneficios, pues murió en el cumplimiento de actividad de trabajo.
Fuente informativa: POPLab