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Desaprueba Defensoría cierre de cárceles rurales en Bolivia

Cerrar recintos carcelarios rurales en Bolivia, como anunció el gobierno de Jeanine Áñez, provocará vulneraciones a los derechos humanos de las personas presas, porque trasladarlos a cárceles urbanas podría agravar el hacinamiento y otros riesgos, estimó hoy la Defensoría del Pueblo.

La semana pasada, la administración de Áñez informó su intención de cerrar 29 de 34 cárceles rurales para reubicar a dos mil 360 personas privadas de su libertad.

“Pero, de acuerdo con una investigación defensorial, en 2018 las cárceles urbanas tenían un hacinamiento de 225 por ciento, pues en los 19 centros existían 18 mil 895 privados de libertad, cuando su capacidad era de cinco mil 805. En 2019, esta situación se ha mantenido”, abundó la Defensoría en un comunicado.

Los datos de la investigación revelan que las cárceles urbanas bolivianas presentan condiciones precarias de infraestructura y limitaciones en servicios de salud, además de que carecen de programas de trabajo y educación que contribuyan a la readaptación y reinserción social de los presos.

“Este plan agravará las condiciones de vulnerabilidad de estos grupos, ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, más aún si se toma en cuenta que entre ellos se encuentran personas con infecciones respiratorias agudas, con enfermedades crónicas y personas drogodependientes, entre otras”, subrayó Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo.

Además, trasladar a los reos implicaría una afectación a la presunción de inocencia, dado que el 71.4 por ciento de los presos no cuenta con sentencia, sino que son presos preventivos, añadió Cruz.

De concretar su plan, la presidenta Áñez estaría incurriendo en una pena degradante como consecuencia de sobrepoblación, de acuerdo con una advertencia formulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), abundó la defensora.

La Defensoría del Pueblo advirtió en su momento de todos estos riesgos a autoridades del Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Régimen Penitenciario, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, el viceministro de Régimen Interior, la policía y el viceministro de Seguridad Ciudadana.

Además, hizo sus observaciones a las autoridades departamentales de régimen penitenciario, “sin embargo, ninguna de ellas ha respondido a los requerimientos ni ha informado sobre su plan de traslado”, expresó el organismo defensor.

Con información de NOTIMEX



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