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DEA tendría bajo la lupa a 35 políticos de Morena por presuntos nexos con el narcotráfico; lista habría sido elaborada durante el primer gobierno de Trump

Foto del escritor: La Noticia al Punto
La Noticia al Punto
hace 3 horas
4 min de lectura

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) presuntamente cuenta con un registro de 35 políticos de Morena que habrían sido relacionados con organizaciones del narcotráfico, de acuerdo con información revelada por el periodista Raymundo Riva Palacio. El documento, cuya existencia no ha sido confirmada públicamente por las autoridades estadounidenses, habría sido elaborado durante el primer mandato de Donald Trump, entre 2017 y 2021.


En su columna publicada este lunes 16 de noviembre, el periodista señaló que Terry Cole, actual director de la DEA, habría participado en la integración de este listado cuando encabezaba las operaciones de la agencia en México, Canadá y Centroamérica.

De acuerdo con la versión del columnista, el expediente permaneció sin movimiento durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política estadounidense contra los grupos criminales habrían provocado que la información volviera a cobrar importancia.

Hasta el momento, no se ha presentado públicamente el supuesto documento ni se han revelado las identidades de los 35 políticos que presuntamente aparecen en él. Por lo tanto, los señalamientos permanecen en el terreno de las versiones periodísticas y no constituyen pruebas de responsabilidad penal.


¿Por qué volvió a cobrar relevancia la supuesta lista de políticos de Morena?

Riva Palacio también señaló que Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump y una figura influyente dentro de su administración, habría comenzado a revisar información recopilada por distintas agencias estadounidenses sobre posibles vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Según el periodista, entre los personajes que generarían mayor interés para las autoridades de Washington estarían personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La revisión de estos expedientes formaría parte de una estrategia más amplia del gobierno republicano para combatir a los cárteles, después de que Estados Unidos los designara como organizaciones terroristas.


DEA advierte que también perseguirá a políticos que protejan a los cárteles

Las versiones sobre el supuesto listado surgen después de las advertencias de Terry Cole, quien aseguró que las operaciones de la DEA contra el narcotráfico no estarán enfocadas exclusivamente en los líderes criminales y sus operadores financieros.

El pasado viernes 13 de noviembre, el funcionario estadounidense reiteró que las investigaciones también podrían alcanzar a servidores públicos y políticos que presuntamente colaboren con las organizaciones delictivas.

Cole advirtió que las autoridades buscarán a quienes reciban dinero del narcotráfico a cambio de protección, así como a funcionarios que aprovechen sus cargos para facilitar las operaciones de los grupos criminales.

En este contexto, Riva Palacio consideró que el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión por parte de Estados Unidos para investigar a funcionarios mexicanos que pudieran tener relaciones con el crimen organizado.

No obstante, la presidenta ha defendido la estrategia de seguridad de su administración y ha sostenido que cualquier investigación debe desarrollarse conforme a las leyes mexicanas.


Stephen Miller y Terry Cole, piezas clave en la estrategia de Washington

De acuerdo con la columna, Stephen Miller y Terry Cole tendrían un papel relevante en la revisión de los posibles vínculos entre autoridades mexicanas y organizaciones del narcotráfico.

Mientras Miller estaría concentrando y examinando información procedente de diferentes agencias federales, Cole habría retomado desde la DEA las investigaciones relacionadas con políticos mexicanos.

El periodista también mencionó la posible participación de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Estados Unidos, creada durante el segundo mandato de Trump para coordinar acciones contra amenazas consideradas prioritarias.

En este operativo participarían dependencias como el FBI y organismos de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ampliaría el alcance de las indagatorias.

Según Riva Palacio, Washington habría incrementado sus exigencias al gobierno mexicano para que investigue a funcionarios que presuntamente mantienen relaciones con grupos delictivos.


¿Qué ha respondido Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones contra integrantes de Morena?

La presidenta Claudia Sheinbaum ya se ha pronunciado anteriormente sobre los señalamientos de Estados Unidos contra políticos y funcionarios mexicanos.

En abril de 2026, luego de que autoridades estadounidenses acusaran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios, de presuntos vínculos con el narcotráfico, la mandataria afirmó que su gobierno no protegería a ningún servidor público por razones partidistas.

Durante su conferencia matutina del 12 de mayo, Sheinbaum sostuvo que su administración no encubriría a nadie, aunque subrayó que las autoridades mexicanas deben actuar dentro del marco constitucional y jurídico del país.


Posteriormente, en junio, la presidenta volvió a cuestionar las versiones sobre supuestos integrantes de Morena que estarían colaborando con el gobierno estadounidense como informantes.

El 29 de junio, durante la mañanera, criticó una publicación periodística que retomaba dichos de fuentes anónimas sobre presuntos colaboradores mexicanos de Estados Unidos y cuestionó la falta de pruebas para respaldar esas afirmaciones.

La mandataria también puso en duda que detrás de estas versiones no existieran intereses políticos.

Por ahora, la presunta lista de 35 políticos de Morena atribuida a la DEA permanece sin confirmación oficial. Sin embargo, las declaraciones de funcionarios estadounidenses y el endurecimiento de la política de Donald Trump contra el narcotráfico mantienen bajo atención las posibles repercusiones de estas investigaciones en la relación entre México y Estados Unidos.

 
 
 

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