Cuando pierde la democracia, por Azul Etcheverry Aranda
- La Noticia al Punto
- hace 3 días
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Cada vez que asesinan a un periodista en México solemos preguntarnos quién fue, qué investigaba y quién apretó el gatillo. Son preguntas necesarias, pero insuficientes. La verdadera pregunta debería ser otra: ¿cómo es posible que ejercer el periodismo siga siendo una profesión de alto riesgo en una democracia?
La confirmación del asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz vuelve a colocar al país frente a una realidad que no comenzó ayer ni terminará con este caso.
México arrastra desde hace años un problema estructural para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. No pertenece a un partido político, a un gobierno o a una administración en particular. Es una deuda acumulada del Estado mexicano.
Las cifras lo demuestran. Organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que México permanece entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de un contexto de guerra. Año tras año se documentan cientos de agresiones contra periodistas, mientras la impunidad continúa siendo el principal incentivo para que estos ataques se repitan.
Veracruz representa, quizá, el ejemplo más doloroso de ese fenómeno. Durante años ha encabezado las estadísticas de asesinatos contra periodistas y comunicadores. Cambian los gobiernos, cambian los fiscales y cambian las estrategias de seguridad, pero los nombres de las víctimas siguen aumentando. El problema, evidentemente, es más profundo que un sexenio.
Cada periodista asesinado deja una silla vacía en una redacción, pero también deja algo mucho más grave: una comunidad con menos información, ciudadanos con menos herramientas para exigir cuentas y una democracia más vulnerable.
Porque el objetivo de atacar a un periodista rara vez es únicamente silenciar a una persona. El mensaje alcanza a todos los demás. Se instala el miedo, aparece la autocensura y muchas historias dejan de contarse antes siquiera de ser investigadas.
Por eso la discusión no puede limitarse a exigir justicia después de cada crimen. México necesita fortalecer la prevención, proteger de manera efectiva a quienes reciben amenazas, investigar con independencia y romper el ciclo de impunidad que durante años ha permitido que estos delitos se repitan.
La libertad de expresión no se defiende únicamente con leyes ni con discursos. Se defiende garantizando que quien investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder pueda regresar a su casa.
El asesinato de Roxana Guzmán debe investigarse hasta sus últimas consecuencias y castigarse conforme a derecho. Pero la verdadera deuda del país va mucho más allá de un expediente. Mientras ejercer el periodismo siga costando la vida, no estaremos frente a casos aislados, sino frente a un problema estructural que debilita a toda la democracia mexicana.
Porque cuando asesinan a un periodista no pierde solamente una familia ni un medio de comunicación. Perdemos todos. Cada silencio impuesto por la violencia es un espacio menos para la verdad y un paso atrás para la libertad de México.
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