Consejo estatal contra discriminación da largas a denuncia por violencia; víctima debe resguardarse
Pepper, persona no binaria, teme se le dé carpetazo a su queja ante el organismo que depende de la Secretaría de Gobierno y que opta por la conciliación, aunque implique para las víctimas una revictimización
A seis meses de que la Secretaría Instructora del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato tiene la denuncia de Pepper Espín, víctima de discriminación por identidad de género, no ha dado salida ni le ha ofrecido alguna resolución que defienda sus derechos humanos, primero debe pasar por la aprobación del consejo.
El proceso que ha enfrentado Pepper -joven que se identifica como persona no binaria- ha estado lleno de obstáculos y ahora, en la parte final, le solicitan que vaya personalmente a dar seguimiento a su queja, cosa de momento imposible porque tuvo que abandonar la ciudad para resguardar su seguridad personal, condición extraordinaria que las autoridades no están considerando para atenderle.
Ahora Pepper y su familia se sienten decepcionades y confundides sobre cuál es el siguiente paso, pues aunque hizo tres denuncias, la pública, la penal y ante derechos humanos, en los dos últimos casos las instancias han utilizado como pretexto para justificar la lentitud del proceso que Pepper no se ha presentado personalmente a dar seguimiento.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, le han comentado que existe la posibilidad de realizar entrevistas por internet mediante un "permiso", pero los agentes no se lo tramitan ni le dan opciones, a dos años de la contingencia por covid, cuando muchas dependencias ya modificaron sus reglamentos para adaptarse a los nuevos tiempos.
Ilustración: Pinche Einnar.
Consejo “de papel”
Aunque Guanajuato carece de mecanismos que permitan medir los índices de discriminación a nivel local, la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017) llevada a cabo por Conapred, Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, indica que 16 de cada 100 guanajuatenses declararon haber sido víctimas de discriminación en el último año, mientras que el 69.1 % de la población del estado justificó en poco o en nada que dos personas del mismo género vivan como pareja.
El organismo encargado por ley de atender las denuncias por discriminación entre particulares es el Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, sin embargo no se conoce cada cuánto sesiona, qué seguimiento da a las quejas o qué resultados en políticas públicas genera, pues su página oficial contiene poca información.
Su “brazo operativo”, o sea, quien investiga las denuncias, es la Secretaría Instructora, responsabilidad de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que se ubica en Paseo de la Presa #103 Altos en la ciudad de Guanajuato.
Para que sean definitivos, los dictámenes de la dirección de Derechos Humanos, encabezada por Lucila del Carmen Gallegos Camarena, deben ser presentados ante el Consejo, que debe aprobarlos o no.
Sin embargo, al intentar averiguar más sobre la composición o actividades del dicho consejo, se encuentran en internet sólo boletines aislados. El comunicado más reciente, de diciembre de 2019, solo menciona la toma de protesta de los nuevos integrantes y que Alicia Franco Dávalos, directora del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial de León, preside ese organismo.
En entrevista con este medio, Lucila Gallegos informó que “en este mes, o a más tardar el mes que viene” cambiará la conformación del consejo. Según la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, los cargos de los representantes ciudadanos y de los municipios tienen una vigencia de tres años.
La funcionaria dijo que la convocatoria de renovación del consejo y cualquier otra información sobre las sesiones, le compete a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, en virtud de que esta ocupa la Secretaría Ejecutiva.
Víctima teme que Consejo desestime o archive queja
En estas condiciones es como el organismo estatal contra la discriminación atiende la denuncia de Pepper Espín, nacide José Antonio Espinoza, quien comenzó a padecer acoso y amenazas de muerte desde hace un año, con agresiones físicas el pasado 25 de septiembre por parte de una pareja de vecinos en el fraccionamiento Quinta Los Naranjos, en León, a causa de asumir su identidad de género.
Hay que destacar que la denuncia DGDH/SI/08/2021 se presentó originalmente ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que respondió no tener competencia para conocer actos de particulares y la canalizó al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, quien recibió el escrito el 29 de septiembre y el 6 de octubre emitió el acuerdo de admisión de queja.
Sin embargo, Pepper siente que no le están dando la debida atención a su caso.
Antes de la supuesta resolución de su queja, dijo a POPLab que tiene miedo que se le desestime o se archive, pues recibió una notificación por parte de la Dirección General de Derechos Humanos de que "no hubo admisión ni desahogo de pruebas en el periodo probatorio", sin mayor explicación.
Extractos de la notificación de audiencia final de juicio
No obstante, la persona quejosa cuenta con un documento sellado el 8 de noviembre, donde esa oficina recibe sus evidencias -documentos, fotos, videos y copias fotostáticas- y lista de testigos.
Además, en la notificación para la audiencia final se informa que la otra parte no había proporcionado domicilio para notificaciones, cuando originalmente sí dieron una.
Tampoco se pudo ratificar su testimonio, ya que ni Pepper ni su abogado, asignado por la OSC Amicus, fueron recibidos por haber llegado unos minutos tarde a la cita. A pesar de que intentaron convencer al personal de, en lugar de discutir, se ocupara el resto de esa hora asignada para que le tomaran declaración, o incluso, que se reagendara la cita, fueron inflexibles: "No podemos, así nos lo marca" el reglamento.
En la audiencia del miércoles, donde se esperaba que finalizara el proceso, no se aceptó la carta poder que Pepper otorgó a sus padres para actuar en su representación.
Por su parte, Lucila Gallegos dijo que el personal de esa oficina debe apegarse “de manera estricta” al procedimiento que marca la ley, para dar un mensaje de imparcialidad en los casos, “siempre y cuando, el ciudadano venga a ratificar”, cosa que se menciona, no pudo hacer.
Sobre la tardanza, comentó: “Así hubieran sido cinco minutos, nuestros tiempos son muy claros, se atiende igual que en cualquier lugar a donde tú vas, si presentas una denuncia llevas un proceso que es para todos igual”.
Fragmento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato
A pregunta expresa, la funcionaria reconoció que la mayoría de los casos que llevan se resuelven por conciliación, “la gente tiene voluntad y creo que hacemos todo lo posible para que las cosas se resuelvan sin llegar a tanto desgaste para las personas”. “Son muy pocos los casos que tenemos”.
En sentido contrario se pronunció Pepper, quien aún siente indignación y temor a encontrarse o carearse con la parte señalada de acosarle, agredirle y amenazarle de muerte.
Lucila Gallegos aseguró que se informó adecuadamente a la familia de Pepper de la tardanza en el caso por la necesaria intervención del consejo, “sobre todo a las personas interesadas, por correo, por todos los medios, nosotros aquí tenemos todas las evidencias para cualquier situación”.
Posterior a la entrevista, la directora de Derechos Humanos proporcionó vía correo una tabla con la actual conformación del consejo estatal contra la discriminación, el cual, en los últimos cuatro años ha iniciado 30 expedientes de queja, 27 han concluido y 3 siguen en trámite, no se sabe cuántos recurrieron a procesos de conciliación, cuáles fueron los acuerdos de reparación o qué garantías de no repetición se otorgaron.
Pepper, por su parte, se siente pesimista sobre el veredicto sobre la discriminación por parte de sus vecinos. De salir a su favor, le dijeron "se les va a pedir a los agresores una disculpa, pero no va a ser pública, va a ser una disculpa a nivel privado”, por lo que le comentó a la persona que lleva su caso “-Licenciada, pero esta mujer no tuvo méritos en ir a desprestigiar mi nombre con cuanta persona se topa y que se va a topar, «Pues lo siento, así es la ley»" le dijo ella.
El abogado de Amicus también preguntó si existirá alguna verificación de esta autoridad de que habrá una enmienda de la situación, de que se paguen los daños morales que se hicieron. «No, no estamos capacitados para eso», fue la respuesta.
Pepper también mencionó que el personal del consejo estatal para prevenir, atender y erradicar la discriminación no está sensibilizado con el tema LGBTI+, exigió "que gobierno del estado se fije a quién va a meter a trabajar en derechos humanos (...) porque la gente que viva lo mismo va a toparse con esto", lo que considera revictimizante.
Además, sus testigos le comentaron que no les tomaban correctamente la declaración y se quejaron ahí de que no firmarían nada si no redactaban respetando el sentido de lo que estaban diciendo.
Se suma que no quisieron aceptar a uno de sus testigos por ser menor de edad, 17 años, a pesar de que el acoso se dio en un entorno donde había infancias y que la madre de este jovencito se ofreció a acompañarlo. Su testimonio se rechazó porque no se brindó el nombre de la mamá desde un inicio.
Otra de sus testigos aseguró que un funcionario de la Dirección General de Derechos Humanos estaba evidentemente molesto y le cuestionó «¡A ver, a ver, pregúntenle a ver si es cierto lo que dijo en las entrevistas, de que lo lastimaron de su brazo!», a lo que ella contestó que sí, que justo eso había ocurrido.
La audiencia final se suspendió por la “inasistencia” de ambas partes; Pepper dijo que tanto elle como sus padres sintieron algo de alivio: no tuvieron que carearse con la parte señalada como discriminadora.
Pepper Espín, en foto de archivo, diciembre de 2021.
No ha cesado el acoso
En diciembre pasado, ya presentadas sus pruebas y lista de testigos, Pepper Espín, artista del performance, accedió a dar dos conciertos en Torreón, Coahuila. El día 16 salió del aeropuerto de León y fue recibido y resguardado en aquella ciudad por una persona de seguridad que además fungía de chofer, como parte de las atenciones normales por parte del empresario a los artistas.
Sin embargo, al finalizar el primer concierto el guardia le comentó "Desde que llegaste nos está siguiendo una camioneta", por lo que había solicitado la presencia de la policía local para hacer el reporte. Pepper no había comentado con ellos la situación que ocurría en León.
> "¿Cómo te sientes tú en ese momento? ¡Imagínate! Porque aparte dices, ¡chin, estoy aquí solo!, sí, están los guardias y todo” pero aún así, dijo que se dio cuenta de que había subestimado a sus agresores. El empresario se trasladó al lugar para estar al pendiente, le decía «Oye, tranquilo, no pasa nada, vamos a ver que todo esté bien»".
No ubicaron al sospechoso de seguirle, pero para la jornada del segundo concierto se redobló el equipo de seguridad y de regreso a León voló con dos guardias, para asegurar su integridad hasta la puerta de su casa. Pepper cuenta que estaba aterrado.
El acoso en sus redes sociales se mantuvo todo este tiempo y tuvo que dejar de trabajar.
Luego, hace unas semanas, cuando la familia de Pepper no estaba, sujetos irrumpieron en su casa y causaron destrozos, aunque aparentemente no robaron nada sí dejaron un aviso con más amenazas revictimizantes. Afortunadamente para entonces Pepper ya no vivía en ese lugar.
Su denuncia pública se había potenciado y tuvo la oportunidad de salir del medio hostil que representaba su propia calle.
Foto de archivo
La intervención de Conapred, con el apoyo de la OSC Amicus, se tradujo en "un cambio magnífico porque muchísimas instituciones se pusieron en contacto conmigo" e incluso tuvo noticias del Ministerio Público para atender su denuncia asentada como AA–MAP01-008974/2021, que sin embargo, le obliga a asistir en persona al resto de su proceso.
Hoy día Pepper se siente en la indefensión y tiene sentimientos encontrados: nostalgia y tristeza por haber abandonado su casa, su trabajo, sus amigos, incertidumbre por el futuro, ansiedad, indignación. Y urge a los funcionarios de todos los niveles a capacitarse en estos temas y a la población, tanto a la que es LGBTI+ como a la que no, que tampoco tolere ningún acto de discriminación y sea solidaria.
"Es una pena el sistema", concluye.
DELITOS CONTRA LA IDENTIDAD DE GÉNERO, AÚN NO RECONOCIDOS Guanajuato es, junto con Baja California, uno de los dos estados en México que no consideran dentro de sus códigos penales las agresiones por identidad de género, resultando una invisibilización para las víctimas de la comunidad LGBTI+. Tras un análisis de los códigos penales estatales y federal, el periodista Gerardo Sánchez Guadarrama afirma que el homicidio de odio LGBTI+ comprende “un coctel de delitos” (delito continuado): Acoso, daño y robo a la propiedad, lesiones, tortura, saña y, al final de cuentas, arrebato de la vida. Aunque en el estado se ha intentado tipificar este tipo de delitos, a propósito de los asesinatos de Mujeres Trans, no se ha concretado. La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, para garantizar la protección de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestí, Transexuales, lntersexual y Queer (LGBTTTIQ), presentada por el PVEM en abril de 2021, expone que estos sectores y colectivos sufren actos de discriminación, desigualdad y exclusión. Además, busca establecer el delito de crimen de odio, es decir, cuando por razones de orientación sexual o identidad de género, se prive de la vida a una persona, así como castigar las Terapias de conversión, a quien someta, coaccione, fomente u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual o identidad de género y derivado de éstos se afecte su integridad física o sicológica. Actualmente, la iniciativa está en la llamada "congeladora" en la Comisión de Justicia que preside Cristina Márquez, diputada panista que desde la legislatura anterior encabeza dicha comisión, donde ya se han frenado otras iniciativas sobre derechos humanos, como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. En lo que va de 2022 se han registrado en Guanajuato al menos tres reportes de agresión y/o discriminación contra la población de la diversidad sexual y de género, según la Plataforma Visible, entre ellas, la aparición sin vida en Irapuato de una mujer trans reportada como desaparecida. No obstante, la expedición de la primer acta de nacimiento por parte del Registro Civil de Guanajuato que reconoce a una persona de género no binario, el pasado 11 de febrero, representa un avance en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. En ese tenor, el partido Movimiento Ciudadano ha promovido en los últimos días iniciativas a nivel estatal y local. En el primer caso, la diputada Dessiré Ángel propuso una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, para transformar ese Consejo rector en un organismo descentralizado e integrarlo en su mayoría por personas de la sociedad civi, ya que actualmente solo la presidencia y otras dos posiciones están destinadas para ellas, el resto de los 17 lugares son para funcionarios: la ombudsperson (Prodheg), las y los secretarios de Salud, Educación, Gobierno, Desarrollo Social y Humano; las y los titulares de IMUG, Ingudis, DIF Estatal, Sipinna, Pepnna, además de representantes de cuatro municipios. Mientras que en el municipio de León, la regidora Lucía Verdín "la Wera Limón", presentó una Iniciativa de Reglamento para prevenir, atender y erradicar la discriminación en la ciudad, y así combatir todas las formas de este mal también de manera local.
Fuente informativa: POPLab