Esta mañana, el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, ha llevado a cabo la clausura de la Refinería de Cadereyta. Esta acción se ha tomado debido a la presunta negativa de colaboración por parte del personal de las instalaciones de Pemex durante una inspección para verificar emisiones contaminantes, según ha informado el gobierno estatal.
El secretario del Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, lideró el equipo encargado de la clausura, respaldado por una resolución del juzgado segundo de distrito en materia administrativa. Este hecho, sin precedentes en la entidad, ha sido justificado por la presunta emisión de contaminantes a la atmósfera que afecta a la población.
La administración de Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano, ha declarado que la clausura se efectuó "ante la negativa de la refinería de Cadereyta de colaborar y recibir al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente". Asimismo, se ha indicado que esta acción se realiza en cumplimiento de una suspensión otorgada por el juzgado de distrito, que faculta al gobierno estatal para realizar inspecciones y clausuras temporales contra las instalaciones de Pemex.
En un comunicado oficial, se explicó que "a pesar de la orden de la juez, se les negó el acceso al equipo de la Secretaría del Medio Ambiente durante la inspección en la refinería de Cadereyta, por lo que se procedió a la clausura".
Esta medida ha generado un notable impacto en la región, levantando diversas opiniones y debates sobre la gestión ambiental y la colaboración entre entidades gubernamentales y empresas en materia de control de emisiones contaminantes.
Por Areli Rodríguez
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