Cierre histórico del FBI abre nuevo frente legal contra el Gobierno de Trump

La decisión de la administración de Donald Trump de cerrar de manera permanente la histórica sede del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington ha desatado una nueva controversia política y legal que enfrenta al Gobierno federal con un estado gobernado por demócratas. El anuncio, realizado por el director del FBI, Kash Patel, no solo marca un giro significativo en la operación de la agencia, sino que también amenaza con convertirse en una demanda más contra la Casa Blanca.

Patel confirmó esta semana que el emblemático edificio J. Edgar Hoover, ubicado sobre la avenida Pennsylvania, será clausurado como parte de un plan para reubicar al personal del FBI en el inmueble que anteriormente ocupaba la extinta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Ronald Reagan Building and International Trade Center.

“Después de más de 20 años de intentos fallidos, finalizamos un plan para cerrar permanentemente la sede Hoover del FBI y trasladar a la fuerza laboral a una instalación segura y moderna”, escribió el funcionario en su cuenta de X. Según Patel, la medida permitirá un ahorro de recursos para los contribuyentes y una mejor atención a las necesidades operativas de la agencia.

Un edificio emblemático, pero deteriorado

El edificio J. Edgar Hoover fue inaugurado en 1975 y es uno de los ejemplos más representativos del estilo arquitectónico brutalista en Washington. Sin embargo, con el paso de las décadas se ha convertido en blanco constante de críticas debido a su deterioro y a que ya no cumple con los estándares de seguridad y funcionalidad requeridos por el FBI.

Durante años, el debate sobre si la sede debía ser reubicada y hacia dónde hacerlo se mantuvo estancado. De concretarse el traslado al Ronald Reagan Building, la alta dirección del FBI permanecería cerca del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y otras instituciones federales clave, una cercanía que la administración Trump considera estratégica.

Maryland, el gran perdedor del cambio de planes

La decisión, no obstante, representa un duro golpe para el estado de Maryland. En 2023, tras un largo proceso de selección, se había prometido que la nueva sede del FBI se construiría en Greenbelt, un suburbio a las afueras de Washington, luego de que el Congreso aprobara los recursos necesarios.

Ante el cambio de rumbo, el gobernador de Maryland, Wes Moore, del Partido Demócrata, junto con autoridades estatales, presentó en noviembre una demanda para impedir que el proyecto de Greenbelt sea cancelado. El fiscal general del estado, Anthony Brown, fue contundente: “No permitiremos que la administración Trump arrebate lo que el condado de Prince George’s ganó y niegue a sus comunidades los beneficios transformadores que este proyecto traería”.

La Administración de Servicios Generales (GSA) defendió en su momento la elección de Maryland al señalar que ofrecía “el menor costo para los contribuyentes; el mayor acceso en transporte para empleados y visitantes del FBI, y la mayor certidumbre en el calendario de ejecución del proyecto”. Además, advirtió que redirigir los fondos aprobados por el Congreso socava su intención original y podría afectar la seguridad del personal del FBI, al considerar que una sede dentro del Distrito de Columbia no cumpliría con los requisitos necesarios.

Patel y la visión de Trump

Pese a estas objeciones, Kash Patel ha respaldado desde hace tiempo la postura del presidente Trump de buscar una alternativa distinta a Greenbelt. Incluso antes de asumir la dirección del FBI, Patel expresó duras críticas hacia el edificio Hoover.

“Yo cerraría el edificio Hoover del FBI desde el primer día y lo reabriría al siguiente como un museo del ‘Estado profundo’”, afirmó el año pasado en el pódcast The Shawn Ryan Show, tras la reelección de Trump.

Con el cierre de la sede histórica ya anunciado y la amenaza de nuevas batallas legales en el horizonte, el futuro del FBI se ha convertido en otro punto de fricción entre la administración Trump y los gobiernos estatales demócratas, en una disputa que combina infraestructura, política y poder institucional. Por Salvador Sánchez. Compartir en WhatsApp

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