Carlos García, alcalde morenista de Silao, protege a funcionarios acosadores y persigue a víctimas
Con denuncias en contra de tres subalternos ante FGE, Derechos Humanos y la Contraloría Municipal, el alcalde refrendó la violencia institucional al obligar a las trabajadoras a un “acuerdo de convivencia” con sus agresores; Las Libres llevarán los casos
Tres funcionarios con cargos directivos en el gobierno municipal de Silao (de Morena) han acosado de manera sistemática a trabajadoras de esta administración, que encontraron en el alcalde Carlos García Villaseñor no sólo un muro de silencio, sino que pretendió pactar con ellas un “acuerdo de convivencia” que prácticamente asumía que las víctimas podían provocar las agresiones o violencia de género, por lo que se les recomendó “comportarse”.
La violencia institucional fue desplegada en contra de cuatro funcionarias, tres de las cuales continúan laborando en el municipio, lo mismo que quienes son señalados como agresores, mientras que una cuarta afectada fue despedida junto con dos compañeros que la respaldaron en su denuncia.
Carlos García Villaseñor, alcalde de Silao. Foto: especial
Por las conductas que presuntamente configuran los presuntos delitos de hostigamiento sexual y acoso laboral, ya se interpusieron denuncias ante instancias como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) y la Contraloría del propio municipio, para las cuales las mujeres serán acompañadas por Las Libres, anunció su directora Verónica Cruz Sánchez.
Los funcionarios señalados por ejercer violencia de género en contra de las trabajadoras son: el administrador de Mercados Francisco Javier Guerrero Hernández; el encargado del rastro municipal Juan Gutiérrez Hernández, así como el subdirector de Protección Civil Marco Antonio Santoyo Ceja. Este último es señalado como familiar del secretario del Ayuntamiento silaoense.
En una rueda de prensa, las empleadas municipales se presentaron acompañadas por la directora de Las Libres, Verónica Cruz, quien informó que su organización asumirá la representación de las mujeres agredidas, tras haber conocido los casos: “llegaremos a las últimas consecuencias” enfatizó.
En el caso de la cuarta afectada, Karen, la doble violencia la dejó sin empleo. Era trabajadora de la dirección de Protección Civil hasta el 29 de marzo, cuando decidió interponer denuncias formales en contra del subdirector Marco Antonio Santoyo por el asedio que éste ejercía hacia ella, mismo que no cesaba.
Para esta denuncia, Karla fue respaldada por el director Francisco Ballesteros, y por otro compañero del área.
Al día siguiente, el director, ella y su compañero fueron cesados, sin justificación alguna e incluso con el uso de la fuerza pública.
Otra trabajadora del Rastro municipal, Rosalba, recibió la orden de su superior, Juan Hernández”, de “quedarse callada” si la incomodaban sus comentarios burlones, pero también insinuaciones de índole sexual, acoso que fue subiendo de tono con el transcurrir del tiempo. El hombre también le toma fotografías sin su autorización.
Por esto, interpuso una queja en la Contraloría, misma que no avanzó; también acudió, a nivel estatal, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, donde tampoco se inició algún proceso para investigar y sancionar la conducta de Hernández.
Elizabeth, una inspectora de Mercados, recibía invitaciones desde noviembre por parte de su jefe, Juan Gutiérrez Hernández, para salir con él, a las que siempre se negó. Con testigos del acoso, ella se inconformó, pero la respuesta fue ofrecerle un “acuerdo de convivencia” que ella optó por firmar, pues tenía miedo de ser también despedida. “Cuando hablamos con las autoridades, no hicieron nada”, fue su reclamo.
Otra trabajadora del área de Mercados, María, sufrió similar hostigamiento por el mismo funcionario, quien tomó represalias porque ella ha rechazado su asedio, por el que incluso pretendió tocarla. María ha sido obligada a permanecer de pie durante todo el día, sin comer, por parte Gutiérrez.
Pacto patriarcal
En la conferencia de prensa se expusieron estos testimonios de las condiciones de violencia de género hacia las empleadas municipales. Pero también quedó de manifiesto la violencia institucional infligida por el propio alcalde Carlos García Villaseñor, cuya “solución” ante las denuncias fue poner en la mesa y obligar a las trabajadoras a firmar con sus agresores un “pacto de convivencia laboral”.
Estos son los puntos a que se obligan “ambas partes” en este documento:
No maltratar, discriminar, perseguir, entorpecer o generar inequidad laboral con más compañeros, superiores o subalternos.
Invitar al diálogo cuando esté frente a alguna situación de discordia con un compañero de trabajo, superior o alterno.
Orientar las actuaciones en el marco del respeto, como principio rector de todas las relaciones laborales.
No manifestar ninguna actitud, comportamiento o práctica que motive la discriminación, vulneración o agresión por razón de género u orientación sexual diversa.
Asimismo, queda claro que la institución no aceptará ninguna forma de violencia ni acoso hacia la mujer y que como funcionarios de esta institución estarán en el marco del respeto a su dignidad y a sus derechos.
Se trata, aclaró Verónica Cruz, de toda la violencia institucional ejercida por el gobierno municipal en contra de sus empleadas, pues cualquier conciliación está prohibida y erradicada en estos procesos de violencia de género y de tipo sexual.
Insisten en conciliar
El colmo ocurrió después de la conferencia de prensa: dos de las trabajadoras fueron citadas por el director de Mercados, quien en la reunión les ofreció "otra conciliación".
Sin embargo, la intervención de Las Libres en este encuentro paró en seco esta intención de acabar con el escándalo. La conciliación ofrecida por supuesto que no se aceptó.
“En el estado de Guanajuato tenemos muchos años haciendo mucho trabajo para que las instituciones públicas y los municipios atiendan y entiendan la problemática, y tampoco tiene distingo de los partidos políticos; se ejerce en todos los ámbitos y todos los partidos políticos pueden ser señalados", resaltó la directora de la organización feminista.
Por esto, Las Libres tendrían elementos para solicitar incluso un juicio político en contra del alcalde de Morena, quien como cabeza de la administración de Silao, con ese “pacto” ya incurrió en violencia de género contra las trabajadoras, además de la revictimización por el despido de una de ellas y por pretender hacerlas responsables “de provocar” la violencia.
Cruz Sánchez pidió al Ayuntamiento intervenir, tomar conocimiento de estas denuncias y definir si inicia un procedimiento en contra del alcalde y del contralor municipal por las omisiones.
El alcalde “es el líder del barco y el responsable de las cosas ilegales que están ocurriendo”.
Fuente informativa: POPLab