Cae el poder en Tequila: alcalde morenista enfrenta prisión preventiva por secuestro, tortura y nexos con el CJNG
- La Noticia al Punto
- 7 feb
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El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue sometido a prisión preventiva oficiosa tras ser acusado de secuestro agravado y delincuencia organizada, según resolvió el juez federal de control en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez. Junto a él, también fueron imputados el comisario de Seguridad Municipal, Juan Manuel “N”, y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel “N”, por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, con el fin de preparar su estrategia jurídica antes de que se determine la vinculación a proceso. La continuación de la audiencia quedó programada para el martes 10 de febrero, fecha en la que se definirá también el tiempo que permanecerán en prisión preventiva.
Secuestro de candidatos de Morena
A Diego Rivera Navarro y a Juan Gabriel “N” se les atribuye su posible responsabilidad en el secuestro agravado de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, ambos candidatos de Morena durante el proceso electoral de 2021.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el entonces alcalde habría ordenado la privación ilegal de la libertad y la tortura de los aspirantes con el objetivo de obligarlos a renunciar a la contienda electoral y así despejar el camino para su propia candidatura.
Así operó el secuestro en 2021
La carpeta de investigación detalla que en marzo de 2021, Guillermo Cordero García, precandidato de Morena a la presidencia municipal, fue citado en un restaurante ubicado sobre la carretera Internacional 604. En el lugar, hombres armados lo secuestraron y lo trasladaron a un lote baldío, donde fue torturado para forzarlo a abandonar sus aspiraciones políticas.
Posteriormente, fue llevado a un domicilio en la colonia Obrera 1, donde nuevamente fue golpeado y obligado a contactar a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, quien también fue secuestrado y agredido. Tras las agresiones, ambos firmaron su renuncia como precandidatos ante el INE y fueron liberados en la colonia Infonavit, permitiendo que la candidatura quedara en manos de Diego Rivera Navarro.
Por estos hechos, al presidente municipal se le imputan tres delitos, incluidos secuestro agravado y delincuencia organizada.
Red de extorsión y control criminal
El expediente del Ministerio Público señala que Rivera Navarro habría encabezado una red de extorsión que afectó a comerciantes, artesanos y empresarios del sector tequilero, mediante el cobro de derecho de piso que iba desde 500 pesos hasta montos millonarios, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a las arcas municipales.
En el centro histórico de Tequila, los cobros exigidos oscilaban entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales. Quienes se negaban a pagar eran secuestrados; algunos desaparecieron y se presume que fueron asesinados.
Vínculos con el CJNG
La investigación también revela presuntos vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Al alcalde se le acusa de coordinar a sus subordinados para cometer diversos delitos y de cumplir con la entrega de 40 millones de pesos anuales pactados con la organización criminal, la cual habría financiado su campaña a la presidencia municipal.
Según la indagatoria, el tesorero del Ayuntamiento, quien fungía como asesor del edil, habría operado como enlace con los grupos criminales regionales y actualmente se encuentra prófugo. Asimismo, el comisario José Manuel era señalado como el brazo armado, encargado de secuestros y cobro de cuotas, y como enlace con Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, identificado como operador del grupo delictivo.
Las denuncias también apuntan al jefe de gabinete del Ayuntamiento como responsable de administrar los recursos obtenidos por secuestros y extorsiones. El expediente menciona además a la esposa del alcalde, al director de Padrón y Licencias y a la directora de Recursos Humanos como posibles integrantes de la red criminal; todos ellos huyeron y no han sido localizados.
El caso destapa una presunta estructura criminal incrustada en el gobierno municipal de Tequila, con acusaciones que podrían marcar uno de los escándalos políticos y judiciales más graves en la región.
Por Carlos Aguilera
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