La Cámara de Diputados realizó este jueves 31 de octubre la declaratoria de reforma constitucional que modifica el artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las reformas a la Carta Magna. La reforma, conocida como de “supremacía constitucional,” fue avalada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados del PT y el PVEM y ha recibido el respaldo de al menos 17 congresos estatales, requisito indispensable para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una hora después, el Senado también realizó la declaratoria de constitucionalidad, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña. Con ello, ambas cámaras han cerrado el proceso para que la reforma entre en vigor, estableciendo la improcedencia de amparos y controversias contra modificaciones a la Constitución.
¿Qué establece la reforma de supremacía constitucional?
La reforma limita los alcances de resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos aprobados por el Congreso y el Ejecutivo, estipulando que las disposiciones constitucionales estarán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso si el Poder Judicial dictamina lo contrario. Esto implica que controversias o acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales no podrán frenar su aplicación inmediata.
Para sus impulsores, la medida es una defensa de la soberanía del Poder Legislativo, asegurando que las decisiones de los representantes elegidos por el pueblo no pueden quedar subordinadas a criterios judiciales. La reforma también se presenta como un mecanismo para ‘blindar’ cambios recientes, como la elección popular de jueces, y otras propuestas en curso, como la posible eliminación de órganos autónomos. La medida llega en medio de acusaciones de corrupción y falta de imparcialidad en el Poder Judicial.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión marca un precedente al fortalecer la supremacía constitucional, aunque también se enfrenta a cuestionamientos por limitar la capacidad del Poder Judicial para intervenir en reformas controvertidas.
Por Amanda Pérez
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