Ayotzinapa: Gobierno de México abre nuevas líneas de investigación y detecta 17 objetivos tras revisar comunicaciones y evidencias
El Gobierno de México abrió cuatro nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a partir de un nuevo análisis de documentos, registros telefónicos, videos y otros elementos relacionados con los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con las autoridades federales, esta nueva etapa incorpora herramientas técnicas y científicas para examinar información recopilada durante 12 años, con el propósito de encontrar posibles conexiones que no habían sido detectadas o desarrolladas a profundidad en investigaciones anteriores.
La Fiscalía General de la República (FGR) había señalado previamente que el nuevo esquema surgió de una revisión integral de las actuaciones y evidencias disponibles, con el objetivo de establecer nuevas rutas de investigación.
Revisión telefónica revela 17 nuevos objetivos
La primera línea se enfoca en el análisis de comunicaciones telefónicas relacionadas con los acontecimientos.
Según el informe presentado por el Gobierno, el procesamiento de estos registros permitió detectar patrones y posibles vínculos que llevaron a identificar a 17 nuevos objetivos de investigación. Entre ellos se encuentran presuntos integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, funcionarios públicos y personas vinculadas con establecimientos funerarios.
Las autoridades también encontraron comunicaciones entre integrantes de dicha organización criminal y personas relacionadas con funerarias y servicios de salud.
Dentro de las investigaciones aparece una persona y su familia, quienes presuntamente eran propietarios de funerarias, mantenían vínculos con el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y tenían participación en la administración de un panteón.
Investigan funeraria por el uso de un teléfono de uno de los estudiantes
Uno de los hallazgos que tomó relevancia ocurrió en agosto de 2025, cuando las autoridades establecieron que el propietario de una funeraria habría utilizado un teléfono celular que anteriormente pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos.
Este dato llevó a realizar cateos en octubre de ese mismo año en instalaciones relacionadas con funerarias y con el SEMEFO de Iguala.
Durante esas diligencias fueron encontrados, según el reporte oficial, un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio que no contaba con registro oficial. También se detectaron posibles irregularidades relacionadas con el funcionamiento del Servicio Médico Forense.
Las investigaciones continuaron durante marzo, abril, mayo y junio de 2026, cuando se realizaron nuevas búsquedas en las instalaciones del SEMEFO. En ellas fueron recuperados 23 indicios, entre los que se encuentran fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y diversos documentos.
Los materiales permanecen bajo análisis pericial. Hasta el momento, las autoridades no han establecido que alguno de estos restos corresponda a uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
A solicitud de las familias de los normalistas, también participa el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para fortalecer los estudios y procesos de identificación.
Tres teléfonos de estudiantes abren otra ruta de investigación
La segunda línea se originó a partir del análisis de tres teléfonos celulares que pertenecían a estudiantes desaparecidos, así como de las personas que presuntamente utilizaron esos dispositivos después de los hechos de septiembre de 2014.
En uno de los casos, la información obtenida permitió avanzar hacia una acción penal. El 24 de agosto de 2026, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala, señalado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, de acuerdo con el informe gubernamental.
Otro de los teléfonos habría sido utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala, cuyo dispositivo registró actividad durante la noche en que desaparecieron los estudiantes. Su posible participación continúa siendo investigada.
En cuanto al tercer aparato, el análisis de los registros permitió fortalecer una línea hipotética que apunta a que algunos de los normalistas pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal.
Las autoridades precisaron que esta posibilidad forma parte de una hipótesis de investigación y no constituye, hasta ahora, una conclusión judicial definitiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya había anticipado el 25 de septiembre que su administración revisaba nuevas líneas relacionadas con los teléfonos utilizados durante la noche y madrugada en que ocurrieron los hechos.
La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas continúa así con el análisis de nuevas evidencias, registros de comunicaciones y posibles vínculos entre personas y establecimientos relacionados con los acontecimientos de Iguala.
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