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En un giro inesperado en el caso que conmocionó a México en 1994, el tribunal colegiado en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, ha ordenado la revisión de la sentencia de Mario Aburto, quien fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato del entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio.
La noticia ha generado un debate en todo el país, ya que Aburto ha pasado 29 años tras las rejas y esta revisión podría llevar a su liberación antes de completar su condena. El tribunal ha ordenado que se emita una nueva resolución en la que se establezca la pena por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Baja California en vigor en la época de los hechos.
El fallo del tribunal se basa en que la sanción prevista en la norma estatal para este delito era de 16 a 30 años de prisión. Si se aplica esta norma, Aburto habría cumplido su condena el 23 de marzo del próximo año 2024. Actualmente, Mario Aburto Martínez tiene 53 años de edad y se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social de Ocampo, Guanajuato.
El tribunal ha subrayado que la nueva sentencia no puede agravar la situación jurídica del sentenciado, lo que significa que Aburto no enfrentará una pena más severa de la que ya ha sido condenado. Esta decisión ha sido respaldada por algunos grupos defensores de los derechos humanos, incluida la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y representantes del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Es importante destacar que esta revisión de la sentencia ha avivado la discusión sobre el caso Colosio y ha revivido el interés público en uno de los eventos más impactantes de la historia política de México. La sociedad sigue dividida sobre la culpabilidad y el castigo de Mario Aburto, y esta nueva resolución plantea preguntas sobre la justicia y la aplicación de la ley en el país. El tiempo dirá cómo se desarrolla este caso y qué impacto tendrá en la memoria colectiva de México.
Por Omar Carmona
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