Aprueban reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que integra cuatro iniciativas de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, con el objetivo de robustecer los mecanismos institucionales y mejorar la atención a víctimas directas e indirectas.

El dictamen contempla, entre sus principales medidas, la obligación de los ayuntamientos de implementar sistemas de videovigilancia con capacidad de almacenamiento de larga duración. Estos sistemas deberán cubrir de manera integral tanto el exterior como el interior de las instalaciones policiales, con el propósito de fortalecer la transparencia y facilitar labores de investigación en casos de desaparición.

Durante la discusión, la legisladora Susana Bermúdez Cano explicó que la reforma incorpora herramientas tecnológicas clave para agilizar la localización de personas. Entre ellas, destacó la activación de alertas simultáneas en aeropuertos, centrales de autobuses y entidades bancarias una vez que se reporte una desaparición, lo que permitiría prevenir la salida del país o el uso indebido de recursos financieros por parte de terceros.

Asimismo, se plantea la vinculación del Registro Nacional de Población (RENAPO) con los sistemas de búsqueda, lo que facilitará el cruce de información en tiempo real. A esto se suma el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda mediante la incorporación formal de la Guardia Nacional, así como la obligación de que las fiscalías cuenten con unidades especializadas tanto en búsqueda inmediata como en casos de larga data.

Por su parte, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero resaltó el trabajo conjunto de las distintas fuerzas políticas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de las víctimas. Subrayó que el dictamen amplía el reconocimiento de las víctimas indirectas, garantizándoles acceso a atención especializada, apoyos educativos, asesoría jurídica y prioridad en programas sociales estatales y municipales.

En el mismo sentido, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla celebró el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios, al considerar que la búsqueda de personas desaparecidas debe asumirse como una responsabilidad irrenunciable del Estado.

Con esta aprobación en comisión, el dictamen avanza en el proceso legislativo y se perfila como una de las reformas más relevantes en materia de derechos humanos y atención a víctimas en la entidad, en un contexto donde la exigencia de justicia y localización de personas desaparecidas continúa siendo una de las principales demandas sociales. Compartir en WhatsApp

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