A menudo parecen historias propias de alguna ficción, cuando por ejemplo en Múnich, Alemania, la policía confiscó un camión de mudanzas que Leonardo Patterson, un controvertido galerista costarricense, pretendía llevar desde Compostela, España, pero dentro del cual transportaba 391 piezas, algunas de ellas arqueológicas y otras tantas falsificaciones que pretendía vender como auténticas.
Un panorama sobre el comercio ilegal de patrimonio cultural –arqueológico, paleontológico, histórico y artístico– y cuáles son los daños que ocasiona fue abordado esta mañana durante las charlas internacionales ‘La colaboración en el combate, la recuperación y la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales: Compartiendo experiencias México - Estados Unidos’.
En la actividad virtual, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Embajada de los Estados Unidos de América en México, la coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, Socorro Villarreal Escárrega, así como el subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles, Alejandro Bautista Valdespino, brindaron una síntesis del caso Patterson, mismo que tomó 10 años en litigios y producto del cual se logró la restitución a nuestro país de dos esculturas olmecas hechas en madera, cuya antigüedad se remonta al año 1200 a.C.
A pesar de que ambas tallas son relevantes dado que solo se tiene noticia de otras 13 piezas olmecas con las mismas características, estas permiten ejemplificar, según anotó Socorro Villarreal, lo complicado que es comprobar ante los tribunales extranjeros “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los objetos fueron robados, datos que muchas veces no se tienen al tratarse de actividades que obviamente no dejan registro”.
El caso de las dos esculturas fue extraordinario porque se tenía un reporte arqueológico sobre su hallazgo en el sitio conocido como El Manatí, en Veracruz, así como notas periodísticas en las que ciudadanos aledaños al sitio daban a conocer que habían sido robadas.
A la par de las intervenciones de los expertos del INAH, la arqueóloga Donna Yates, adscrita a la Universidad de Maastricht, Países Bajos, brindó una conferencia centrada en cómo la criminología puede ayudar a entender cuando ocurren estos expolios, lo mismo que a prevenirlos.
Esta disciplina, expuso, dedicada a estudiar las causas y circunstancias de los delitos, así como la personalidad de quienes los cometen, puede arrojar luces acerca de quienes comercian bienes patrimoniales y de quienes los compran, “pues si podemos enfocarnos en sus argumentos, anulamos la posibilidad de justificar sus acciones”.
Sobre quienes saquean piezas, es claro que reducen o niegan su responsabilidad alegando que sus delitos no dañan a nadie; en tanto, comerciantes y compradores están conscientes de que violan la ley, pues a menudo la conocen, pero crean narrativas con las que argumentan que si ellos no compraran los bienes, estos serían ignorados o destruidos en sus lugares de origen.
Si además, agregó Yates, se toma en cuenta que en los años recientes ha habido una migración en cuanto a los lugares donde se venden o subastan objetos arqueológicos mexicanos, pasando de Estados Unidos a Europa, tanto por el fortalecimiento de los esfuerzos binacionales en el reclamo de dichas piezas, como por las favorables legislaciones europeas para los comerciantes, otro argumento común es que las piezas estarán mejor cuidadas en Europa, tanto en museos como en colecciones privadas.
“Esta es una idea racista, ya que asume que los museos de México no pueden preservar o exponer dignamente sus propios bienes culturales, y además es falsa porque la historia demuestra que Europa no siempre es un lugar seguro”, agregó la especialista tras citar el caso del Códice Dresde, el cual resultó sumamente afectado en su coloración debido al bombardeo, el incendio y la mitigación con agua –durante la Segunda Guerra Mundial– de la biblioteca donde se resguarda.
Como conclusión, la arqueóloga habló de medidas para prevenir el robo y comercio, como impulsar campañas para mostrar a los compradores potenciales el daño que los expolios causan en los sitios arqueológicos y en la identidad de las poblaciones de origen.
“Puede también desalentarse al mercado mediante las acciones que hace el INAH, notificando, cuando hay subastas, sobre la existencia no solo de las piezas que son bienes mexicanos, sino también de aquellas falsificaciones que se pretende vender como reales, pero sin decir cuáles son, esto ha ayudado porque a ningún comprador le gusta ser estafado”.
Por parte del INAH, el arqueólogo Alejandro Bautista hizo un llamado para impulsar la cultura de la denuncia ciudadana cuando se crea haber hallado un bien arqueológico o paleontológico, así como la del registro de los mismos, toda vez que la legislación nacional ofrece tales trámites de forma gratuita y además otorga custodias a particulares.
“La importancia del registro público de bienes muebles e inmuebles radica en que con ello obtenemos certeza jurídica de su existencia; asimismo, es un método de control que ayuda al INAH a saber en dónde se encuentras las piezas, sus características y qué personas físicas o morales tienen su custodia”.
A la fecha, finalizó, en el Registro Público del instituto se tiene constancia de dos millones 118 mil piezas arqueológicas y 82 mil bienes históricos, así como 54 mil 200 sitios arqueológicos.