• La Noticia al Punto

11 de Julio, Día Mundial de la Población

Los derechos y las opciones son la respuesta: priorizar los derechos en materia de salud reproductiva de todas las personas


En este segundo año de la COVID-19, nos encontramos en un punto intermedio. Mientras unas partes del mundo emergen de las profundidades de la pandemia, otras se encuentran aún en plena batalla contra el coronavirus, ya que el acceso a las vacunas sigue siendo para muchos lugares del mundo una realidad inalcanzable.


La pandemia ha dado lugar a una merma en la efectividad de los sistemas de atención sanitaria, de manera particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Si bien las personas que tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva históricamente retrasan la procreación en tiempos de incertidumbre o crisis económica, se prevé que las interrupciones en el suministro de anticonceptivos, combinada con los bloqueos, provoque un notable aumento de los embarazos no planificados entre las personas más vulnerables. Según las investigaciones realizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en marzo de 2021, se estima que 12 millones de mujeres sufrieron interrupciones en los servicios de planificación familiar.


La pandemia también expuso y exacerbó las desigualdades basadas en el género: la violencia de género aumentó durante los bloqueos, al igual que el riesgo de matrimonio infantil y de mutilación genital femenina, ya que se interrumpieron los programas para abolir las prácticas nocivas. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo también se redujo de manera significativa. Se eliminaron sus empleos, a menudo de bajos salarios, o bien aumentaron las responsabilidades de cuidar de los niños que aprenden a distancia o de las personas mayores que viven en casa; lo cual desestabilizó su situación económica de manera inmediata, pero también a largo plazo.


Ante esta situación, muchos países han expresado una creciente preocupación por los cambios en las tasas de fecundidad. Históricamente, el alarmismo sobre las tasas de fecundidad ha dado lugar a derogaciones en materia de derechos humanos. En lugares con poblaciones en aumento, las dañinas respuestas políticas han incluido la coercitiva planificación familiar y esterilización. En otros casos, el acceso a la anticoncepción podría restringirse.


El Fondo de Población aconseja que no se ofrezcan respuestas políticas reaccionarias, que podrían ser extremadamente perjudiciales si violan los derechos, la salud y las opciones. En cambio, el organismo pide que se dé prioridad a la salud reproductiva y a los derechos de todas y todos mediante el acceso a información y a los servicios de cara a los cambios demográficos y de fecundidad.



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